En un artículo en el que condenan la represión en Cuba, también abogan por la renuncia del Título III de la Ley Helms-Burton y por más viajes a la Isla.
Una jueza de EEUU falla a favor de Havana Docks Corp., que demandó a Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian por el uso del puerto de La Habana.
Una jueza federal concluye que las operaciones de la empresa en la Terminal del Puerto de Cruceros de La Habana constituyó 'tráfico de propiedad confiscada'.
A la cadena hotelera española le interesan principalmente cambios potenciales relacionados con la Ley Helms-Burton.
La demanda se ampara en el Título III de la Ley Helms-Burton.
El régimen cubano condiciona un 'acercamiento sostenible a EEUU' al fin de la Ley Helms Burton.
Robert M. Glen solicita al tribunal que revise la interpretación del término 'adquirir' en la Ley Helms-Burton.
La reclamación, basada en la Ley Helms-Burton, viene de los herederos de la empresa cubana Coñac Cueto.
Una azucarera de EEUU retrocede en la querella por el supuesto envío al Reino Unido de azúcar elaborada en Cuba.
'Cuba Trade': Con esta victoria de reclamantes certificados, 'es poco probable que la Administración Biden-Harris suspenda las demandas del Título III de la Ley Helms-Burton'.
Los hermanos Fanjul responden a las acusaciones de que una empresa afiliada a la familia traficó azúcar desde Cuba.
Francisco Sugar Company, también de dueños cubanos, los acusa bajo la Ley Helms-Burton por negociar con azúcar de sus propiedades confiscadas.
No obstante, hoteleras españolas respiran aliviadas. Hoy solo hay activas 36 demandas por propiedades confiscadas en Cuba de 14.000.
La jueza alega falta de jurisdicción de los tribunales civiles españoles.
La reclamación busca una compensación de 280 millones de dólares de las estatales CIMEX y CUPET.
La decisión de la Comisión Europea marcará un precedente para otras empresas con hoteles en Cuba, como Meliá.
Las herederas de varias minas en Pinar del Río establecieron una demanda amparándose en el Título III y IV de la Ley Helms-Burton.
La medida perjudica la inversión española en Cuba, dice en una carta de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Si el título de propiedad del Estado cubano sobre los terrenos en litigio fuera ilegal, la demanda podría prosperar.
Son la Crowley Maritime Corporation y la Seabord Marine, ambas con sede en Florida y negocios en Cuba.
