El fallo de la Corte Suprema de EEUU contra Corporación CIMEX SA podría tener repercusiones internacionales muy peligrosas para la dictadura cubana.
El máximo tribunal concluye que la Ley Helms-Burton 'anula la inmunidad soberana de las agencias e instrumentos cubanos'.
La decisión es un espaldarazo al Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandas por propiedades confiscadas por el régimen cubano.
El litigio, relacionado con operaciones portuarias sobre terrenos confiscados por el régimen cubano, quedó cerrado tras un acuerdo confidencial entre las partes.
Existen al menos 46 demandas interpuestas desde que en mayo de 2019 fuera activado el Título III de la Ley Helms-Burton.
'Se trata de una relación compleja, moldeada por decisiones políticas, jurídicas y estratégicas acumuladas durante más de seis décadas que llega necesariamente a la dinámica de un perdedor'.
Magistrados escuchan este lunes argumentos en dos casos centrados en la Ley Helms-Burton, uno involucra a ExxonMobil y el otro a cuatro compañías de cruceros.
Liderados por Mario Díaz-Balart, los legisladores piden a la Corte Suprema permitir demandas completas por el uso de propiedades robadas por el régimen cubano.
Son las demandas de Exxon Mobil contra CIMEX y Cuba Petróleo, y de Havana Docks Corporation contra cuatro líneas de cruceros, acusadas de violar el embargo.
La decisión marca un giro en el primer juicio con jurado celebrado en EEUU bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
También apoya al demandante en el pleito contra las empresas de cruceros que habrían violado el embargo de Washington contra el régimen de Cuba.
El demandante, José López Regueiro, alega que la compañía incurrió en 'tráfico' de propiedad confiscada por el régimen cubano.
La petición del máximo tribunal a la Administración Trump es la segunda de esta naturaleza en dos meses por una demanda en virtud de la Ley Helms-Burton.
Un reciente dossier del laboratorio de ideas explica una propuesta ignorada para la transición en Cuba.
'Se invita al procurador general a presentar un escrito en este caso en el que exprese las opiniones de los Estados Unidos', solicita el órgano judicial.
Un tribunal de EEUU condena a la empresa de viajes al pago de 29,8 millones de dólares a Mario Echevarría, quien reclama la propiedad de Cayo Coco.
El Tribunal de Distrito del Sur de Florida celebra una audiencia sobre el caso y pone fecha a la presentación del calendario judicial.
La firma exige una compensación millonaria a las empresas del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA.
Sigue en pie la demanda de Havana Docks Corporation, la primera de su tipo en aplicar el Título III de la Helms-Burton en tribunales de EEUU por propiedades confiscadas en Cuba.
Los bancos Sociedad General SA y BNP Paribas SA eran acusados de evadir las sanciones de EEUU al hacer negocios con el Banco Central de Cuba.
