La Corte Suprema de Estados Unidos se dispone a examinar cuestiones legales derivadas de la compleja historia de las relaciones entre Washington y La Habana al analizar el alcance de una ley de 1996 que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar compensación por propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro tras su llegada al poder en enero de 1959.
Los magistrados escucharán este lunes los argumentos en dos casos centrados en la Ley Helms-Burton, reportó Reuters. Uno involucra a la petrolera estadounidense ExxonMobil y el otro a las compañías de cruceros Carnival Corporation, Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line Holdings y MSC Cruises.
Una de las disposiciones de la ley, conocida como Título III, permite presentar demandas en tribunales estadounidenses contra entidades que "trafiquen" con bienes confiscados por el Gobierno cubano.
Aunque ambos casos abordan cuestiones jurídicas distintas, plantean una interrogante común: cuán amplio quiso el Congreso que fuera el alcance del Título III. En ambos procesos, el Supremo tiene la oportunidad de eliminar obstáculos que enfrentan los demandantes al presentar reclamaciones bajo la Ley Helms-Burton.
El Tribunal nunca antes ha interpretado el Título III, cuya aplicación el Congreso autorizó al presidente a suspender si lo consideraba "necesario para los intereses nacionales de Estados Unidos".
Durante años, el Título III permaneció inactivo debido a decisiones presidenciales de suspensión. Sin embargo, el presidente Donald Trump levantó esa suspensión en su primer mandato, lo que desencadenó alrededor de 40 demandas presentadas en 2019 y 2020 que han avanzado lentamente en los tribunales.
La Administración Trump ha declarado al régimen de Cuba como "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de EEUU, ha cortado el flujo de petróleo venezolano hacia la Isla y ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que le suministre combustible.
Miles de millones en reclamaciones
Tras la revolución, el nuevo Gobierno comunista nacionalizó propiedades estadounidenses que hoy se valoran en miles de millones de dólares, incluidas fábricas, ingenios azucareros, refinerías y plantas eléctricas.
La Ley Helms-Burton formalizó el embargo comercial contra Cuba que estaba vigente por orden presidencial desde la Administración de John F. Kennedy en la década de 1960.
El Título III creó un recurso legal para ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas. Estos pueden reclamar daños incrementados ante tribunales federales contra entidades que utilicen deliberadamente esos bienes, incluidas empresas estatales cubanas y compañías multinacionales.
Los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama suspendieron el Título III para evitar conflictos diplomáticos con aliados como Canadá y España, cuyas empresas han invertido en Cuba. En 2019, el Departamento de Estado afirmó que la decisión de Trump de activarlo "aumentaría la presión sobre el Gobierno cubano" y "penalizaría a quienes se benefician de la propiedad legítima de los estadounidenses".
En uno de los casos ante el Supremo, Exxon reclama más de 1.000 millones de dólares a CIMEX, empresa con conglomerado militar GAESA, por activos de petróleo y gas incautados en 1960. En el otro, una compañía que construyó muelles en el puerto de La Habana antes de la revolución exige compensación a las cuatro navieras cuyos barcos utilizaron esa terminal.
Exxon, que presentó su demanda en Washington en 2019, ha pedido al Supremo que revoque una decisión de 2024 de un tribunal inferior que permitió a empresas estatales cubanas invocar la inmunidad soberana extranjera como defensa. Esa doctrina generalmente protege a gobiernos extranjeros y a sus agencias de ser demandados en tribunales estadounidenses.
Los abogados de Exxon sostuvieron en 2024 que el fallo "impone otra barrera más en una larga serie de obstáculos para la recuperación de las víctimas de las confiscaciones ilegales del Gobierno de Castro". CIMEX, por su parte, ha argumentado que la decisión "respeta y protege el criterio del Congreso en esta área sensible".
Expertos legales señalan que esa decisión y otros fallos han hecho que reclamar compensaciones bajo la Helms-Burton resulte costoso y prolongado. "La cantidad de tiempo y recursos que se ha requerido es abrumadora para muchos demandantes", afirmó el abogado Jared Butcher.
El litigio de los cruceros
El segundo caso no implica inmunidad soberana, ya que las demandadas son compañías privadas. El punto en disputa es si el demandante debe demostrar que tendría hoy un interés de propiedad vigente sobre los activos en cuestión si no hubieran sido nacionalizados.
Havana Docks Corporation, empresa estadounidense que construyó muelles en el puerto habanero antes de la revolución, demandó en 2019 en Florida a las navieras. Fidel Castro revocó el derecho legal de la compañía sobre los muelles poco después de llegar al poder.
Las cuatro compañías utilizaron las instalaciones entre 2016 y 2019, tras el alivio de restricciones de viaje dispuesto por Obama. En un escrito conjunto, sostuvieron que "desafía el sentido común" que deban pagar "cientos de millones de dólares por seguir la iniciativa del poder ejecutivo de reabrir los viajes a Cuba".
Un juez federal determinó que las compañías eran responsables por un total combinado de 440 millones de dólares al considerar que habían traficado con propiedad confiscada. No obstante, un tribunal de apelaciones anuló esas sentencias el año pasado, subrayando las dificultades que enfrentan los demandantes bajo la Helms-Burton.
"La recuperación bajo la Helms-Burton es probablemente más difícil de lo que el Congreso anticipó cuando aprobó la ley en 1996", señaló la profesora Ingrid Brunk, de la Facultad de Derecho de Vanderbilt. "Pero eso no significa que cada demandante deba ganar", añadió.
Pregunto: los descendiente de paco el gallego que le quitaron la bodega pueden demandar?, el gaito no era batistiano para operar su bodega, y ahora los mipyngueros son chivacombatientes....
Chief__ El asunto con las propiedades confiscadas es complejo. Si la bodega del gallego la convirtieron en vivienda, como la de mi padre, va a ser difícil desalojar a las famiias que allí viven y que nada tienen que ver con la miseria y las arbitrariedades de la dictadura. Indemnizaciones tendrán que haber, eso sí. Bien con el otorgamiento de nuevos terrenos o propiedades o compensación monetaria. Pero me temo que nada de eso va a ocurrir. Hay mucho ruido y pocas nueces.
El tema hotelero también se destacará porque son muchos aquellos que pasaron a mandos del Estado cubano, y luego gerenciados por las cadenas españolas, principalmente.