Los cubanos que decidan ejercer por la fuerza sus derechos sobre bienes que les quitaron las autoridades deben tener en cuenta que podrían ir a prisión, entre otras cuestiones.
La Alianza Global por la Libertad presenta el Archivo de Reclamaciones EEUU-Cuba, resultado de más de 20 años de trabajo.
Un director de arte del ICAIC llama 'buitres' a los cubanos que pudieran intentar recuperar bienes confiscados por el régimen.
La decisión es un espaldarazo al Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandas por propiedades confiscadas por el régimen cubano.
Una instrucción sobre confiscaciones contiene elementos que deberían poner en alerta el sector privado y a emigrados que planeen invertir en el país.
El litigio, relacionado con operaciones portuarias sobre terrenos confiscados por el régimen cubano, quedó cerrado tras un acuerdo confidencial entre las partes.
Existen al menos 46 demandas interpuestas desde que en mayo de 2019 fuera activado el Título III de la Ley Helms-Burton.
El operativo, bajo vigilancia, marca la primera aplicación visible de la sentencia que condenó al exministro a cadena perpetua y decomiso de propiedades.
'Una vez tengamos reglas del juego, seremos creativos ideando escenarios buenos para todo el mundo', dice Jordi Cabarrocas, presidente de 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales.
Magistrados escuchan este lunes argumentos en dos casos centrados en la Ley Helms-Burton, uno involucra a ExxonMobil y el otro a cuatro compañías de cruceros.
El tribunal de Sancti Spíritus rechaza la solicitud de Juan Carlos Hernández Mora pese a estar en libertad condicional y alegar motivos familiares.
Son las demandas de Exxon Mobil contra CIMEX y Cuba Petróleo, y de Havana Docks Corporation contra cuatro líneas de cruceros, acusadas de violar el embargo.
El emprendedor asegura que su arresto, condena y confiscación de bienes en Cuba estuvieron marcados por violaciones procesales, coacción a testigos y represalias.
'El régimen puede prometer apertura, pero nunca renuncia al control absoluto. Hoy puede invitarte a invertir; mañana te encarcela y te lo quita todo', alerta la abogada Laritza Diversent.
El demandante, José López Regueiro, alega que la compañía incurrió en 'tráfico' de propiedad confiscada por el régimen cubano.
La firma exige una compensación millonaria a las empresas del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA.
Funcionarios tachan la aprobación de la 'Ley de marcas robadas' como maniobra contra Havana Club, que ofrece millones a las arcas estatales.
La empresa de licores puede ahora impugnar una decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
La cadena hotelera celebra su alianza con el régimen y anuncia que tiene en sus manos otro contrato para gestionar el quinto hotel en Cayo Coco.
La querella fue presentada esta semana por Javier García-Bengochea, médico cubanoamericano residente en Jacksonville.
