Nacionalización de empresas extranjeras y batida contra las cubanas: lo que el castrismo omite

En el prólogo que escribió a las Obras escogidas de su hermano mayor, el general sin batallas, Raúl Castro, mencionó algunas de las medidas que permitieron avanzar en la proyección socialista del régimen, entre ellas la nacionalización de las empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, en agosto de 1960. Sin embargo, nada dijo el general de Ejército acerca de la apropiación gubernamental de las más importantes empresas nacionales a finales de ese propio año.

Y ello a pesar de que la intervención de las entidades nacionales sí marcó el camino que prácticamente conducía al socialismo, a diferencia de las nacionalizaciones de empresas foráneas, que podían verse en lo fundamental, y de acuerdo con el discurso castrista, como un golpe contra los intereses imperialistas en Cuba.

Algunos piensan que el silencio de la segunda figura del castrismo sobre la estatización de las empresas nacionales se debe a que se trató de una acción que ahora podría revertirse— otra de las tantas rectificaciones del régimen cubano— en el contexto de las privatizaciones contempladas en las 176 medidas para transformar la economía.

La batida gubernamental contra las grandes empresas nacionales provocó que algunas figuras del ámbito político e intelectual, que hasta ese momento habían apoyado al Gobierno, rompieran con la revolución castrista ante el ya visible giro de las autoridades hacia el comunismo, que casi no tendría que esperar hasta abril de 1961 para enseñar su verdadero rostro.

Otra muestra de la gran cobertura informativa que los medios oficialistas han brindado de una acción dirigida contra los bienes estadounidenses en la Isla la tenemos en la primera Ley de Reforma Agraria, de mayo de 1959. Esa ley, que dejó en 30 caballerías las tierras en poder de manos privadas, y que la propaganda oficial se jacta en decir que le habían dado la tierra al que la trabajaba, se dirigió fundamentalmente contra las grandes extensiones de tierras que poseían las compañías e inversores norteamericanos en nuestro país, en especial en el sector de la agricultura cañera.

En cambio, mucho menos destaque histórico ha recibido la Segunda Ley de Reforma Agraria, de 1963, mucho más radical que la anterior, y que redujo a solo cinco las caballerías en manos privadas. Esta Ley, ya no emitida contra ningún poder extranjero en la Isla, y por ende más vinculada con el socialismo totalitario que padecía el país, no puede desvincularse de la gran movilización del castrismo con vistas a sofocar los masivos alzamientos contra el régimen, que tuvieron su centro en las montañas del Escambray.

Con ello el castrismo pretendió reducir el apoyo que los propietarios de fincas brindaban a los alzados. Un apoyo que quedó confirmado cuando, tras finalizar la llamada limpia del Escambray, las autoridades obligaron a todos los habitantes de la zona a abandonar sus viviendas, y en una operación que emuló con la reconcentración aplicada por Valeriano Weyler en el siglo XIX, trasladaron a esas familias al poblado de Sandino, en la occidental e inhóspita península de Guanahacabibes.

Tampoco hay que olvidar que en ese propio año 1963 se promulgó la Ley del Servicio Militar Obligatorio, que les permitió a las autoridades contar con una fuerza capaz de enfrentar a los alzados antigubernamentales. Un total de 80 batallones de tropas regulares y milicias lanzó el castrismo contra los alzados que se oponían al régimen comunista.

Mas, a la postre, y a diferencia de las nacionalizaciones de las propiedades nacionales, el castrismo no tendría que revertir nada en materia de tierras. A pesar de todas las medidas anunciadas, la tierra seguirá siendo estatal, lo que significa que en cualquier momento el castrismo podría manejar a su antojo la política agraria del país.