Cuba: Del despojo a las reformillas económicas

Desde 1959, la historia económica del régimen castrocomunista puede resumirse en una constante: destruir la propiedad privada cuando se siente fuerte, tolerarla parcialmente cuando se siente acorralado, y volver a estrangularla cuando le aparece algún sostén externo. En Cuba no ha habido verdaderas reformas económicas, sino concesiones tácticas, aperturas limitadas, retrocesos ideológicos y nuevos parches presentados como cambios estructurales.

La primera etapa fue la del asalto frontal contra la propiedad. En los primeros años de la revolución, el nuevo poder comenzó con medidas que muchos cubanos interpretaron como "justicia social": rebajas de alquileres, promesas de tierra para el campesino, intervención de monopolios extranjeros, discurso contra los abusos del viejo orden. Pero muy pronto quedó claro que no se trataba de democratizar la propiedad, sino de transferirla casi completamente al Estado "revolucionario".

La Primera Ley de Reforma Agraria, firmada el 17 de mayo de 1959, limitó la propiedad rural a 30 caballerías, unas 402 hectáreas, aunque contempló excepciones para determinadas explotaciones consideradas productivas. En teoría, buscaba acabar con el latifundio y beneficiar a campesinos sin tierra. En la práctica, creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, que se convirtió en un instrumento político y económico decisivo para concentrar poder en manos del nuevo régimen. Muchos campesinos recibieron tierra, pero el Estado comenzó a dominar la planificación, el crédito, los insumos, la comercialización y los precios.  

La Segunda Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1963, terminó de cerrar el cerco. Redujo el límite de la propiedad privada rural a cinco caballerías, unas 67 hectáreas. Todo lo que excediera esa extensión pasó a manos del Estado. Con ello, el régimen liquidó no solo el latifundio, sino también buena parte de la mediana propiedad agrícola cubana. El resultado fue la expansión de las granjas estatales y de formas cooperativas subordinadas a la planificación central.

En el campo, el régimen ensayó varias fórmulas. Las Cooperativas de Créditos y Servicios permitían a pequeños agricultores mantener formalmente la propiedad de sus tierras, pero los ataban al sistema estatal de crédito, suministro y comercialización. Más tarde aparecieron las Cooperativas de Producción Agropecuaria, donde los campesinos entregaban sus tierras a una forma colectiva de producción. Luego, en los años 90, surgirían las UBPC, Unidades Básicas de Producción Cooperativa, creadas sobre antiguas granjas estatales. En el papel eran cooperativas; en la realidad, funcionaban bajo controles, cuotas, precios, impuestos y dependencia estatal. Era la versión cubana del modelo soviético: granjas sometidas al mando político, como los koljoses y sovjoses adaptados al trópico.

Mientras tanto, en las ciudades avanzó la cruzada contra la empresa privada. Primero fueron intervenidas grandes compañías, bancos, refinerías, centrales azucareros, empresas de servicios públicos, principalmente propiedades estadounidenses y cubanas. Las compensaciones, cuando fueron anunciadas, resultaron irreales, diferidas, condicionadas o directamente inexistentes para la mayoría de los afectados. Luego vino la nacionalización del comercio mayorista y de buena parte del aparato productivo. El Estado se hizo dueño de fábricas, almacenes, hoteles, cines, comercios y viviendas de renta.

Pero todavía quedaban pequeños negocios: bodegas, barberías, cafeterías, bares, talleres, zapaterías, puestos de comida, lavanderías, carpinterías, carnicerías, timbiriches familiares. Ese último espacio fue arrasado en 1968 con la llamada Ofensiva Revolucionaria. Fidel Castro la presentó como una batalla moral contra el egoísmo, el lucro y la "mentalidad pequeño burguesa". En realidad, fue la liquidación del último tejido empresarial independiente. Más de 55.000 pequeños negocios fueron nacionalizados o cerrados. La "Revolución" no solo confiscó a los grandes propietarios: también acabó con el bodeguero, el barbero, el zapatero, el vendedor de comida, el mecánico, el carpintero y el trabajador por cuenta propia.

¿Qué quedó permitido? Muy poco. Algunos pequeños agricultores conservaron tierras dentro de límites estrictos. Algunas actividades individuales sobrevivieron de manera residual o informal. Determinados oficios y servicios quedaron en zonas grises. Pero el principio general fue claro: el ciudadano no podía prosperar por sí mismo; debía depender del Estado.

En los años 60 también hubo un debate interno entre figuras del propio régimen. Ernesto "Che" Guevara defendía un modelo de centralización extrema, financiamiento presupuestario, estímulos morales y formación del "hombre nuevo", supuestamente desprendido del interés material. Frente a esa visión, Carlos Rafael Rodríguez y otros cuadros vinculados al viejo comunismo prosoviético defendían métodos más cercanos al cálculo económico soviético: empresas con contabilidad, cierta medición de costos, estímulos materiales y planificación más institucional. En términos prácticos, Fidel Castro osciló entre ambos modelos. Primero abrazó el voluntarismo guevarista, la movilización masiva y la ofensiva contra todo mercado. Tras el fracaso de la "Zafra de los Diez Millones" en 1970, se acercó más al modelo soviético clásico, dependiente del subsidio externo, la planificación central y la subordinación al bloque comunista.

La primera apertura económica de cierta importancia llegó en 1980 con los mercados libres campesinos. Se permitió que productores privados y cooperativas vendieran excedentes agrícolas a precios de oferta y demanda. Fue una pequeña abertura de mercado dentro de una economía estatizada. Y funcionó lo suficiente como para demostrar algo peligroso para el régimen: cuando el productor tiene incentivos, produce más; cuando puede vender, abastece mejor; cuando el precio refleja escasez y demanda, aparecen alimentos que el Estado no logra garantizar.

Pero el éxito relativo de esos mercados produjo desigualdades, enriquecimiento de algunos productores e intermediarios, y sobre todo una verdad insoportable para el castrismo: el mercado era más eficiente que la planificación comunista. En 1986, Fidel Castro lanzó el llamado Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. Cerró los mercados libres campesinos, atacó los estímulos materiales, resucitó la retórica guevarista y volvió a demonizar el lucro. El régimen no rectificó sus errores; bloqueó la mínima libertad económica que había permitido a regañadientes.

La segunda gran apertura llegó en los años noventa, no por convicción sino por urgente necesidad. La caída de la Unión Soviética y del bloque socialista dejó a Cuba sin subsidios, sin petróleo suficiente, sin mercados preferenciales y sin crédito político. El "Período Especial" fue la confesión del fracaso estructural del modelo. Ante la amenaza de colapso, el régimen legalizó la tenencia de dólares, permitió el trabajo por cuenta propia en determinadas actividades, abrió mercados agropecuarios, autorizó los "paladares" con límites, impulsó el turismo internacional, aceptó inversión extranjera y aprobó la Ley de Inversión Extranjera de 1995.

Aquello tampoco fue una reforma integral. Fue una economía de emergencia. Se permitió al cubano sobrevivir, pero no ser plenamente libre. El cuentapropista podía trabajar, pero bajo licencias limitadas, impuestos asfixiantes, prohibiciones absurdas y persecución constante. El "paladar" podía existir, pero con restricciones de sillas, empleados, productos y abastecimiento. El campesino podía vender, pero después de cumplir cuotas y controles. La inversión extranjera podía entrar, pero asociada al Estado, sin seguridad jurídica plena y con trabajadores contratados a través de agencias estatales.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó a subsidiar al régimen cubano con petróleo, créditos, contratos y compra de servicios profesionales, La Habana volvió a sentirse con margen para frenar la apertura. A partir de 2003 y 2004 se reforzó la recentralización, se prohibió nuevamente el dólar en las transacciones internas, se impusieron gravámenes, se fortaleció el control estatal sobre las divisas y se redujeron espacios al sector privado. La lógica fue la misma de siempre: cuando aparece un salvavidas externo, el régimen vuelve al mayor control.

Con Raúl Castro, desde 2008, llegó otra etapa de "actualización del modelo económico". Se habló de eliminar plantillas infladas, ampliar el trabajo por cuenta propia, entregar tierras ociosas en usufructo, permitir la compraventa de viviendas y autos, y reconocer ciertas formas no estatales. Pero tampoco se desmontó el sistema. El Partido siguió mandando, la empresa estatal siguió siendo declarada "principal actor", los militares conservaron áreas estratégicas de la economía y los emprendedores siguieron atrapados entre permisos, inspectores, policía corrupta, listas de actividades, falta de mercado mayorista, ausencia de propiedad plena y miedo a una marcha atrás.

En 2021, bajo Díaz-Canel, al menos en teoría, el régimen autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las MIPYMES. Fue una medida tardía: más de medio siglo después de haber destruido la empresa privada nacional. Nuevamente, la apertura respondió a una crisis profunda: pandemia, caída del turismo, inflación, desabastecimiento, fracaso de la Tarea Ordenamiento, colapso productivo y protestas populares. Las MIPYMES demostraron rapidez, capacidad de importar, distribuir, abastecer y generar empleo. Pero también mostraron el fracaso del Estado. Por eso el propio régimen empezó a cercarlas: nuevas regulaciones, controles de precios, límites a márgenes de ganancia, restricciones al comercio mayorista, inspecciones, impuestos, sospechas políticas y acusaciones de enriquecimiento.

Las "reformillas" anunciadas por Miguel Díaz-Canel el pasado viernes 12 de junio de 2026 siguen esa misma tradición. Se habla de atraer inversión, incluir a cubanos residentes en el exterior, reducir intermediarios estatales en comercio exterior, dar más autonomía a municipios y empresas, estimular producción nacional, focalizar subsidios y estudiar experiencias como China y Vietnam. Pero el problema no está en el vocabulario, sino en la esencia. El régimen quiere capital sin capitalismo, inversión sin derechos, empresarios sin independencia, mercado sin libertad y prosperidad sin propiedad segura.

La diferencia entre cada ciclo no ha sido de naturaleza, sino de contexto. En 1959-1968 el régimen confiscó porque se sentía en ascenso y respaldado por la épica revolucionaria. En 1980 abrió un poco para aliviar ineficiencias agrícolas y carencias, y cerró en 1986 por miedo ideológico. En los noventa abrió porque perdió el subsidio soviético, y frenó cuando Chávez le ofreció oxígeno. Con Raúl abrió un poquito porque la economía estatal era inviable, pero sin democratizar el poder. Con Díaz-Canel abrió las MIPYMES porque el país se hundía, y luego las reguló cuando el sector privado empezó a ser más eficiente que el Estado. Ahora vuelve a anunciar cambios porque la crisis energética, alimentaria, fiscal y migratoria, y las protestas sociales, amenazan la continuidad del régimen antidemocrático.

La lección es evidente: Cuba no necesita otra reformilla, necesita libertad económica real. No basta con permitir negocios limitados y bajo vigilancia y control político. No basta con autorizar inversiones mientras los tribunales no son independientes. No basta con invitar a la diáspora si el Estado puede cambiar las reglas de un día para otro. No basta con hablar de descentralización si el Partido Comunista conserva el monopolio político y si los militares controlan los sectores estratégicos.

Los países que salieron con éxito del comunismo o del estatismo extremo no prosperaron por reformas cosméticas, sino por cambios profundos. Polonia estabilizó su moneda, liberalizó precios, abrió el comercio, privatizó empresas y construyó instituciones democráticas. Estonia apostó por propiedad privada, apertura comercial, impuestos simples, digitalización, seguridad jurídica e integración europea. República Checa avanzó con privatizaciones, restitución de propiedades, disciplina monetaria y reconstrucción institucional.

Cuba puede aprender de esos ejemplos, pero no copiando a medias ni usando a China o Vietnam como excusa para mantener una dictadura de partido único. La prosperidad cubana exige una economía de mercado competitiva, con propiedad privada protegida, contratos respetados, tribunales independientes, libertad de empresa, acceso libre a importaciones y exportaciones, banca funcional, moneda creíble, apertura a la inversión nacional y extranjera, y un Estado limitado por la ley.

El problema cubano es la falta de libertad. Mientras tengamos un régimen de partido único que decide por todos e impone su voluntad, Cuba seguirá bajo la opresión y la miseria extrema. La realidad y el momento exigen profundas reformas políticas y económicas.