El juego de las élites con la dictadura cubana no es un fenómeno novedoso pero, después de tantas décadas, el sector privado cubano es un eufemismo que encuentra cada vez menos tolerancia.
La noticia de Vanguard Energy firmando un contrato con CUPET para almacenar y suministrar combustible al sector privado cubano ha desatado tal rechazo que, en cuestión de horas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos salía a aclarar que no había otorgado licencia ni autorización de ningún tipo y, en menos de 24 horas, Marco Rubio anunciaba la inclusión de CUPET en el listado de entidades sancionadas.
Y es que la reacción instintiva del cubano no puede ser más acertada: ¿qué sector privado?
Si entendemos por sector privado el conjunto de actores que realizan actividades económicas mediante propiedad, gestión y asunción de riesgos, sin pertenecer al Estado ni estar controlados por él, resulta imposible defender su existencia en Cuba.
Los últimos vestigios de un sector privado en Cuba deben buscarse en 1968. En aquel entonces era ya residual: una pequeña producción mercantil que había sobrevivido a las reformas socialistas que desterraron la economía de mercado del país. Después del discurso de Fidel Castro en marzo de 1968, anunciando la Ofensiva Revolucionaria, no quedó ningún superviviente. Hasta la más pequeña actividad privada quedó bajo el control del Estado. Bodegas, pequeños comercios, bares, talleres, lavanderías y hasta barberías; decenas de miles de comerciantes fueron barridos del mercado.
En 1976, con un nuevo modelo denominado Sistema de Dirección y Planificación de la Economía y, además, por exigencias derivadas de la integración cubana en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), apareció legalmente en Cuba la figura del cuentapropista. El trabajador por cuenta propia cubano, que tan solo podía aspirar a ejercer 48 actividades económicas, minoristas y marginales, nació bajo un control absoluto del Estado que impedía considerarlo parte de un verdadero sector privado y, mucho menos, un actor relevante.
En 1985 los cuentapropistas representaban apenas el 1,6% del total de personas ocupadas en la Isla, una cifra que no solo reflejaba su insignificancia económica, sino también su precariedad. Sin embargo, la mayor prueba de su desamparo fue la Campaña de Rectificación iniciada en 1986. Ante la amenaza que representaban para el socialismo, una vez más la dictadura cubana los expulsó del mercado.
La expresión "sector privado", sin embargo, no comenzó a utilizarse hasta el colapso de la URSS y, con ella, del CAME. El Período Especial no solo golpeaba a la población, sino también al propio Estado y a su principal beneficiario: el Partido Comunista de Cuba. Fue precisamente esa situación la que dio origen al eufemismo que hoy vuelve a estar en el centro del debate.
Para afrontar el Período Especial, la reforma constitucional de 1992 incorporó al sistema cubano la posibilidad formal, aunque no material, de reconocer formas de propiedad privada. En 1993, bajo la expresa denominación de "mal necesario", la dictadura cubana legalizó el ejercicio por cuenta propia de 117 actividades; en 1997 elevó la cifra a 157. No obstante, el movimiento de Castro no puede entenderse sin la promulgación, en 1992, de la Cuban Democracy Act en Estados Unidos.
La legislación estadounidense incorporó una disposición especialmente interesante para el régimen: la Sección 1705, dedicada al apoyo al pueblo cubano. Esta establecía excepciones al régimen de sanciones cuando se tratara del recién nacido concepto de sector privado. La ingenuidad estadounidense y la compasión del exilio se convirtieron en colaboradores involuntarios del binomio de conveniencia entre la dictadura y determinadas élites económicas. Lo que se entendía como un paso previo hacia una transformación del sistema y un alivio para los cubanos en un momento de extrema necesidad terminó demostrando, con el paso de los años, ser un apoyo imprescindible para la supervivencia de un régimen que parecía destinado a desaparecer.
Entre 1992 y 1998 se observó un crecimiento exponencial del empleo privado en Cuba. Sin embargo, el régimen de control y vigilancia estatal mantuvo a estos actores en la marginalidad y procuró que fuera el capital extranjero, previamente filtrado por el propio Estado, el que prosperara. Superada la crisis, y con la llegada en 1998 de un nuevo aliado estratégico, Hugo Chávez, el precario y tolerado actor privado dejó de ser necesario para la supervivencia del régimen. El trabajo por cuenta propia dejó de ser legal para 40 ocupaciones, de las cuales 37 representaban las actividades más relevantes del país. El recién creado sector privado cubano, cuyo máximo había alcanzado la modesta cifra de 209.606 cuentapropistas en 1996, se desvanecía al capricho del régimen.
Pero no fue hasta la crisis económica de 2008 cuando el patrón se hizo evidente. Ante la gravedad de la situación, en 2010 el régimen cubano rescató al olvidado cuentapropista mediante la legalización de 178 nuevas actividades económicas y una relajación sustancial de los requisitos para abrir negocios. Esta vez, y a pesar de un entorno marcado por la corrupción estatal, el acoso administrativo y el control excesivo, se alcanzaron cifras récord de 483.000 cuentapropistas. Todo ello ocurrió nuevamente bajo una política estadounidense más flexible. El fenómeno del sector privado surgido a partir de 2010 es inseparable de la llamada normalización de las relaciones con Estados Unidos impulsada por la Administración Obama.
Si en 1992 podía hablarse de ingenuidad, en 2010 solo quedaba la complicidad. Una complicidad tan evidente para quienes la percibían que terminó enfrentándolos irremediablemente con quienes no la percibían. La llamada Era Obama dividió al exilio cubano en dos bandos. Aunque durante la primera Administración de Donald Trump se apreciaba en Miami una reflexión creciente dentro del sector más favorable al acercamiento, no fue hasta la siguiente crisis cuando comenzó una cierta reconciliación de posiciones.
La pandemia de COVID-19 y la nueva crisis económica que trajo consigo devolvieron a Cuba a una realidad inalterada: la de seguir siendo una dictadura. La modesta bonanza económica que había prosperado durante la Era Obama llegó a su fin, y el desencanto que había comenzado durante el primer mandato de Trump se intensificó rápidamente. Ni siquiera las MIPYMES, el nuevo milagro económico que la dictadura pretendía presentar como expresión de un sector privado pujante, tuvieron el éxito de experiencias anteriores.
Sin duda, la Administración de Joe Biden, siguiendo una línea semejante a la de Obama, adoptó una política más abierta hacia Cuba, y también es indudable que ello contribuyó al apaciguamiento de una sociedad que el 11 de julio de 2021 había salido masivamente a las calles. Pero el exilio cubano ya había aprendido la lección. El sector privado cubano es tan solo una estrategia de oxigenación que el régimen utiliza para prolongar su existencia cuando se encuentra en una situación crítica. Un mero eufemismo: una figura vacía de realidad y contenido que significa tiempo para el régimen.
Ahora, ante una crisis de origen interno, agravada por la desaparición de su principal sostén externo desde 1998, el régimen vuelve a recurrir a su estrategia más fiable: el sector privado. La oleada de reformas que anuncia para atraer a los cubanos, captar nuevos aliados y convencer a Estados Unidos es cuantitativamente más ambiciosa que en ocasiones anteriores; sin embargo, no parece estar dando resultados.
El exilio cubano no alberga dudas respecto a las posiciones de Marco Rubio o Donald Trump, pero las referencias al sector privado realizadas por el secretario de Estado en febrero de 2026, así como la posibilidad de autorizar determinadas ventas de combustible, fueron interpretadas como una señal de precaución. Con la acertada decisión de incluir a CUPET en el listado de entidades sancionadas, todo parece indicar que el mensaje llegó a oídos receptivos.
