Un día después de que Vanguard Energy, una empresa con sede en Florida, anunciara que había logrado un acuerdo para llevar a Cuba el mayor cargamento de combustible de EEUU en más de 60 años, una decisión de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade da un giro de 180 grados a esa posibilidad.
El jueves 11 de junio, el jefe de esa entidad, Dariel Fernández, informó que "tras los informes de que Vanguard Energy había establecido acuerdos contractuales relacionados con CUPET, la empresa petrolera estatal cubana, mi oficina revocó el recibo del impuesto local sobre negocios de la empresa".
Los recibos de impuestos comerciales son permisos anuales obligatorios que otorga el Gobierno de EEUU para operar legalmente un negocio, profesión u ocupación.
"Esta acción se produce después de que el Departamento de Estado de EEUU declarara públicamente que Vanguard Energy no había recibido una licencia estadounidense para la transacción reportada y reafirmara que las sanciones estadounidenses siguen plenamente vigentes. También se sigue al anuncio del secretario de Estado Marco Rubio de que CUPET ha sido sancionado bajo la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Trump", precisó el recaudador de impuestos.
"Cuando el Departamento de Estado de EEUU habla claramente sobre el cumplimiento de las sanciones, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de prestar atención. Las empresas que operen en el condado de Miami-Dade deben cumplir con las sanciones federales, la ley estatal y los requisitos locales", subrayó.
"Esto trata sobre el estado de derecho, la rendición de cuentas y la protección de la integridad de nuestra comunidad empresarial. El condado de Miami-Dade no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la política exterior estadounidense, violen la ley federal o apoyen a un régimen que ha negado la libertad al pueblo cubano durante más de seis décadas", añadió.
"El condado de Miami-Dade no será un refugio seguro para empresas que ignoren sanciones federales o participen en actividades comerciales que involucren a entidades controladas por la dictadura comunista cubana", enfatizó.
"Estamos de acuerdo con el Estado de derecho. Estamos con el pueblo cubano. Estamos con los esfuerzos del presidente Trump y del secretario Marco Rubio para negar a la dictadura cubana los recursos que utiliza para controlar y reprimir a su propio pueblo", finalizó.
Luego de que el diario Miami Herald publicara el miércoles que Vanguard Energy, con sede en Coral Gables, había acordado con CUPET arrendar instalaciones de almacenamiento con el objetivo de vender combustibles transportados en buques petroleros al sector privado de la Isla, así como a organizaciones humanitarias y religiosas, el Departamento de Estado de EEUU afirmó que la empresa no ha recibido autorización del Gobierno para esa operación.
Lo anterior, pese a que la compañía lleva meses haciendo ventas al sector privado dentro de la Isla.
El jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a CUPET.
Según la designación, firmada por el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, "como todos los recursos de la Isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el Gobierno comunista cubano como herramienta tanto de represión como de cleptocracia egoísta del régimen".
"Mientras el pueblo cubano ha sufrido escasez de combustible y apagones debido a décadas de insuficiente inversión en infraestructuras críticas, los líderes comunistas cubanos han desviado recursos energéticos para llenarse los bolsillos: revendiendo innumerables barriles de energía escasa en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando energía como herramienta de control social", apuntó.
"Mientras los cubanos normales esperan semanas para llenar sus coches y sufren apagones constantes, la familia Castro vuela en un avión privado, los autobuses gubernamentales transportan a manifestantes falsos para hacer maniobras publicitarias, y el régimen prioriza mantener la electricidad encendida en hoteles de lujo".
Indicó la designación que los activos que CUPET posee "fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses hace años". Una parte de esas propiedades están bajo litigio en tribunales de EEUU en virtud de la Ley Helms-Burton.
