"Son los hijoeputas más dañinos que tiene este país", dice Ramón, un trabajador de una cafetería en Holguín, refiriéndose a los llamados "inspectores integrales" que ha desplegado el Gobierno por la Isla. "Son los torturadores de esta dictadura. La de Batista te sacaba las uñas con un alicate y estos de ahora usan un lapicero para desgraciarte la vida más de lo que está con multas exageradas por cualquier cosa. ¿Hay tortura más grande que una multa de 42.000 pesos como está la vida en Cuba?", apunta Emilio, un trabajador por cuenta propia.
Para Dixan, dueño de un negocio privado, "son las ratas de alcantarilla más detestables de este Gobierno, que siempre ha odiado al sector privado. Porque, aunque nos hayan legalizado, nos sigue viendo y tratando como a delincuentes con papeles, como un mal necesario, un trago amargo, y cuando las cosas empeoran, la coge con nosotros. Los inspectores enseguida se vuelven fieras y ponen multas por cualquier cosa. Es los que más nos golpea, lo que más daña a la gente".
En efecto, los cuerpos municipales de inspección, conocidos como "los integrales" porque tienen que ver con todo, se han convertido en uno de los instrumentos represivos más activos y efectivos del régimen comunista.
Su misión actual es mantener diezmado al pequeño sector privado y recaudar dinero en medio de la parálisis económica en la que el castrismo ha sumergido el país con sus fallidas políticas. La de las multas es una industria muy rentable que no exige capacidad de gestión económica, solo represiva, y que se camuflada de vigilancia del cumplimiento de normas y las leyes.
Para visualizar el fenómeno, basta señalar que, en los primeros cuatro meses del presente año, solo la provincia de Holguín el Gobierno ha recaudado 72 millones de pesos por concepto de multas, promediando 18 millones por mes. Los datos fueron expuestos por funcionarios en la televisión local Tele Cristal.
Las cifras muestran un incremento muy significativo con respecto a años anteriores, como 2022, cuando, según publicó Granma, en Holguín se impusieron multas por un monto de alrededor de 24 millones de pesos, a razón de dos millones como promedio mensual. Más que un indicador de violaciones a las normas, esto refleja el insoportable nivel de acoso de que son víctimas los negocios privados.
"Todos los meses vienen a joder, a revisar todo, como sabuesos buscando cualquier justificación para poner multas de 16.000, de 32.000, de 42.000, lo que les de la gana", dice Ismel, socio de una MIPYME en Holguín. "A ellos no les importa si solo te buscas 3.000 o 4.000 en el día, te roban la ganancia de una semana con unas anotaciones en el talonario perverso que traen. ¡Deberían lanzarlos a todos por un precipicio!", sentencia.
"Aunque tienen que ver con todo, ahora se encargan principalmente de acosar a los negocios, destruirlos y mantenerlos con miedo", dice Darnel, quien tiene un puesto de electrodomésticos y útiles del hogar en el mercado de la famosa Calle 13 de la ciudad, blanco de redadas semanales con el propósito de destruirlo como centro del comercio privado regional.
"Todo el tiempo estamos vigilados, agobiados con decenas de decretos y resoluciones, con miles de prohibiciones y posibles multas. Son lo peor. Cualquier ofensa se queda corta para calificarlos a ellos. Si este sistema sirve poco, ellos sirven menos. Nadie que acepta ese trabajo puede ser buena persona, ni puede tener un mínimo de valores. Se necesita no servir ni un poquito para trabajar en eso, es lo que pienso y lo que cree todo el mundo que conozco", añade Darnel.
Según informó el primer ministro del régimen, Manuel Marrero, en su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de diciembre del pasado año, a partir de enero de 2025 se implementaría un sistema de pago por resultados, dirigido a los inspectores y al personal de las Oficinas de Control y Cobro de Multas. Esto va en sintonía con el nivel de prioridad y privilegios que otorga el castrismo a sus brazos represivos para distanciarlos del pueblo común y sus necesidades.
En palabras de Marrero, la decisión busca "hacer justicia con los inspectores", quienes perciben "un salario extremadamente bajo". Sin embargo, la inmensa mayoría de los trabajadores estatales también tienen un bajísimo salario y no parecen despertar igual preocupación. La medida es vista más como un premio a la labor represiva que ejecutan los inspectores, encaminada a recoger dinero circulante y a penalizar al sector privado, recurrente chivo expiatorio para desviar la atención sobre las consecuencias de las fallas gubernamentales.
En el contexto en que la diáspora cubana cierra filas contra los represores del régimen dentro y fuera de Cuba, con campañas de visibilización y denuncias, cabe preguntarse si no sería justo y necesario incluir a los "inspectores integrales", con nombres y apellidos, en la deshonrosa lista de represores del castrismo que actúan contra el pueblo.
Algún día llegará ese día tan añorado.
Fácil,hay apagones,tienen familia igual que el que lucha día día con sus negocios.Es solo averiguar dónde viven y utilizar elementos sólidos que abundan en el suelo cubano.No creo que los cobardes corruptos de la Pene- Erre puedan proteger cada casa de esos hp en cada municipio.Ah y si se forma " la gorda" árboles sobran ,así como municiones en las unidades militares del ejército.