'No vengan, Cuba es una estafa': el aviso a inversores del cubanoalemán Juan Carlos Hernández Mora

El emprendedor cubanoalemán Juan Carlos Hernández, condenado en Cuba a 12 años de cárcel bajo cargos de proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico, denuncia que su caso estuvo marcado por irregularidades judiciales, represalias y violaciones a sus derechos. En conversación con DIARIO DE CUBA, Hernández Mora, de 52 años, hoy en libertad condicional y con la meta de volver a Alemania y continuar con su vida, explica los motivos que tuvo para establecerse en la Isla y emprender.

Hernández Mora regresó a Cuba tras una década viviendo en Alemania por motivos familiares y "confiado en las reformas de Raúl Castro", que le hicieron pensar que podría invertir legalmente.

"Ya tenía pasaporte alemán y podía viajar a cualquier país. Tenía un hijo menor de edad aquí; mi madre me pidió ayuda porque estaba teniendo problemas con él en la escuela. Además, en 2014 cambiaron las leyes para comprar viviendas y pensé que era el momento para invertir. Compré mi casa, mi finca, monté un hostal, daba clases de salsa, tenía licencia de DJ y de transportista. Vivía bien, con todo en regla", relata.

Detenciones sin orden judicial

El caos comenzó con la detención de dos jóvenes mujeres que estaban de visita en su casa. "Entraron sin orden judicial. Arrestaron a las muchachas, las presionaron y las obligaron a declarar contra mí. Lo mismo hicieron con mi esposa, con amigos y hasta con mi hijo de 16 años, entrevistado sin la presencia de sus padres", dice.

Hernández afirma que pidió un abogado de inmediato, pero se lo negaron durante una semana. Más tarde, su defensa fue asumida por un letrado que describe como "una marioneta" y que perdió —o permitió perder— su expediente, el cual tuvo que ser reconstruido.

Asegura que se añadieron cargos falsos: "Me detuvieron por proxenetismo. Luego inventaron un cohecho con inspectores cuando yo ni siquiera estaba en Cuba, y un fraude eléctrico por el que nunca fui instruido de cargo. Tengo pruebas de que ese fraude fue fabricado", dice.

Interceptaciones, "expediente secreto", expropiación

Denuncia también la interceptación ilegal de sus llamadas y mensajes, "sin orden judicial", así como el uso de un "expediente secreto nacional" al que nunca tuvo acceso. "Sé que intervinieron mi teléfono, contactaron a mis amistades a partir de mis registros de llamadas. ETECSA dice que no entregó esos datos, pero aparecen en los expedientes".

Sobre la confiscación de su vivienda en el centro de Trinidad, Hernández relata: "Era una casa de cinco habitaciones, con todas las comodidades. Mi familia fue acosada y hostigada. Siete meses sin electricidad ni agua para obligarlos a salir. Amenazaron con reubicarlos en zonas rurales. Mi madre fue maltratada físicamente. Yo llegué a intentar suicidarme".

Juicio a puertas cerradas y violaciones procesales

Hernández Mora dice que el juicio fue privado sin motivo alguno. "El pueblo no podía ver la injusticia. Tengo el apoyo de mis vecinos, de conocidos en internet y de personas que han seguido mi historia. La jueza que presidió mi caso, Alba Lidia Llanes Trujillo, hoy está en Estados Unidos; tengo sus fotos y quisiera saber qué dijo al entrar allí y bajo qué condiciones migratorias se encuentra".
 
Junto a Fernández Mora asistieron a la vista otros tres hombres y varias mujeres, incluida su esposa. Ninguna de las implicadas declaró haber sido coaccionada para mantener relaciones con extranjeros, y todas eran mayores de edad. La única sancionada fue su esposa.

Hernández asegura que denunció ante la Sala de Garantía de los Derechos Constitucionales múltiples violaciones a las garantías procesales establecidas en el Artículo 95 de la Constitución.

En una carta que mostró a DIARIO DE CUBA, afirma que fue privado de libertad sin orden competente ni registro en el expediente, y que fue sometido a detención arbitraria y restricciones de movimiento, al igual que otras personas a las que la Fiscalía buscaba intimidar para que declararan en su contra.

En la carta menciona también la ausencia de asistencia letrada desde el inicio, pese a haberla exigido, y en el caso de su esposa —detenida durante varios días— denuncia que la autoridad se negó a asignarle un abogado.

Asimismo, acusa a la Fiscalía de vulnerar la presunción de inocencia al confiscarle su vivienda y dar por probados hechos antes de que se celebrara el juicio.

Hernández afirma que las declaraciones de testigos fueron obtenidas bajo coacción y que algunos de sus familiares, incluido su hijo menor, fueron interrogados sin garantías. Además, señala que los cargos en su contra cambiaron y se ampliaron con el tiempo, dejándolo sin defensa para uno de los delitos imputados.

La carta también recoge la denuncia de que, pese a ser ciudadano alemán, no pudo comunicarse con el consulado hasta dos años después, bloqueando así cualquier intento de asistencia o visita consular.

Bienes incautados sin devolver, situación económica y sanciones accesorias

Sobre las "irregularidades en la devolución de bienes incautados durante el proceso", el emprendedor señala que, "pese a que los jueces acordaron devolver el teléfono de su esposa, este nunca le fue entregado", y que en igual situación se encuentra su computadora Apple Mac Pro, valorada en más de 1.000 euros, la cual —afirma— "fue ocupada sin que constara en el expediente hecho alguno que lo justificara".

Actualmente, Hernández sobrevive con ayuda de amigos de dentro y fuera de Cuba, y mediante trabajos por cuenta propia.

"Trabajo en una cooperativa y tengo licencias para enseñar alemán y repasar matemáticas. Mis ingresos no me alcanzan para sobrevivir dos días; vivo gracias a la solidaridad. Tengo seis hijos. Dos de ellos, actualmente conmigo, han sufrido más que los demás. En la sentencia ni siquiera se menciona mi nacionalidad", añade.

Hernández denuncia que se mantienen sobre él sanciones accesorias que le impiden viajar o realizar trámites migratorios. Esto le ha impedido visitar a sus otros hijos en Alemania desde 2018, lo que considera una violación de sus derechos humanos.

Afirma que el tribunal le respondió que, si quiere verlos, ellos deben viajar a Cuba, algo inviable por el alto costo y la precariedad del país. Considera que esa postura oficial, que tiene por escrito, "es inhumana".

El abogado Edel González Jiménez, miembro del equipo de DIARIO DE CUBA, afirma que la Ley de Ejecución permite a los sancionados solicitar permisos para salir del país, de forma provisional o definitiva, si cumplen ciertos requisitos.

"En el caso de Juan Carlos Hernández Mora, todos esos requisitos están cumplidos, pero las autoridades le han negado repetidamente la salida sin razones sólidas. En situaciones similares a otros sancionados sí se les ha permitido viajar", precisa.

González destaca que Hernández Mora "está en libertad condicional habiendo cumplido en prisión el tiempo correspondiente para acceder a este beneficio, tiene hijos menores en Alemania y solo pide visitarlos y regresar".

Para el abogado, no existe justificación legal para seguir denegando su permiso o no dar por extinguida la sanción.

"Que me dejen irme para siempre"

"No quiero reinsertarme en esta sociedad, no soporto vivir aquí. Estoy dispuesto a renunciar a la ciudadanía cubana y quedarme solo con la alemana. Que me traten como extranjero, que me apliquen la Instrucción 13 del Tribunal Supremo Popular y me dejen irme para siempre", pide Hernández Mora.

La normativa que cita Hernández "dispone precisiones sobre el procedimiento de excarcelación anticipada de los sancionados no residentes en Cuba".

El 18 de julio de 2022, la embajada alemana en La Habana le entregó una carta firmada por el entonces cónsul Svenja Ewert, certificando que, como ciudadano alemán, Hernández Mora "puede siempre entrar a Alemania y tomar domicilio allí".

El emprendedor, que lo perdió todo, advierte a otros inversores: "No vengan. Aquí no hay garantías de ningún tipo. Este país es una estafa. Siendo ciudadano alemán, puedo siempre entrar a Alemania, y apenas pueda irme lo haré. No quiero vivir en un régimen unipartidista y sin derechos", concluye.