La compañía estadounidense Crowley Maritime Corporation alcanzó un acuerdo confidencial para poner fin a una demanda presentada bajo el Título III de la Ley Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton), relacionada con operaciones comerciales en el puerto del Mariel, una infraestructura construida sobre propiedades confiscadas por el régimen cubano tras 1959.
El caso fue presentado por Odette Blanco de Fernández, nacida Blanco Rosell, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida contra varias entidades corporativas vinculadas a Crowley, incluidas Crowley Holdings, Inc., Crowley Liner Services, Inc., Crowley Latin America Services, LLC y Crowley Logistics, Inc.
Según documentos judiciales citados por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las partes notificaron al tribunal el 5 de febrero de 2026 que habían alcanzado "un acuerdo en principio" tras una mediación encabezada por el exjuez Michael Hanzman, del bufete Bilzin Sumberg Baena Price & Axelrod LLP.
Posteriormente, el 24 de abril presentaron una estipulación conjunta de desestimación "con perjuicio", lo que impide reabrir la demanda en el futuro. El juez federal Darrin P. Gayles ordenó el cierre definitivo del caso el 28 de abril.
Aunque los términos económicos permanecen bajo confidencialidad, el acuerdo representa otro revés para empresas estadounidenses involucradas en negocios vinculados al puerto del Mariel, enclave insignia de la inversión extranjera promovido por La Habana con respaldo financiero y político del régimen cubano.
La demanda se amparaba en el Título III de la Ley Helms-Burton, activado en 2019 por la Administración de Donald Trump tras más de dos décadas de suspensión presidencial. Esa disposición permite a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías que "trafiquen" con propiedades confiscadas por el Estado cubano después de enero de 1959.
El litigio contra Crowley se centraba en el uso comercial del puerto del Mariel, al oeste de La Habana y administrado por el conglomerado militar GAESA a través de entidades controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Diversas demandas similares han sostenido que operaciones logísticas y marítimas en la terminal constituyen aprovechamiento económico de bienes expropiados sin compensación.
Crowley, una de las principales compañías marítimas y logísticas de Estados Unidos, mantiene servicios de carga hacia Cuba autorizados bajo licencias federales estadounidenses. La empresa había negado responsabilidad en el caso y enfrentó el proceso representada por el bufete Venable LLP.
El acuerdo ocurre en un contexto de creciente presión judicial sobre compañías extranjeras y estadounidenses con operaciones vinculadas a activos confiscados en Cuba. Desde la entrada en vigor efectiva del Título III, decenas de demandas han sido presentadas contra cadenas hoteleras, navieras y firmas de servicios que operan en sectores estratégicos de la economía cubana.
Para los demandantes cubanoamericanos, estos procesos buscan no solo compensación financiera, sino también elevar el costo legal y reputacional de hacer negocios con propiedades nacionalizadas por el régimen sin indemnización a sus antiguos dueños.
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