Cuba y EEUU: más allá del relato de la víctima

Durante décadas, el relato predominante sobre la relación entre Cuba y EEUU ha tendido a simplificar una realidad profundamente compleja: la Isla como víctima pasiva de una política unilateral de sanciones. Sin embargo, esta interpretación, aunque extendida, resulta necesario desmenuzarla para explicar el origen, evolución y persistencia del conflicto. Comprenderlo exige abandonar visiones reduccionistas, erráticas y adoptar una lectura estructural que reconozca la interacción entre ambos estados y las decisiones que han configurado el complejo escenario actual.

Desde inicios de la década de 1960, la relación bilateral dejó de ser una relación convencional para convertirse en una confrontación política, ideológica y estratégica de largo alcance. El Gobierno de Fidel Castro se convirtió desde entonces en un ente envalentonado: agresor de libertades y derechos construidos a base de sangre y sudor desde 1902. No se trata desde entonces de una dinámica unilateral, sino de un proceso sostenido de acción y reacción entre dos modelos de organización política y económica en abierta divergencia en la que una parte se sabría declarar tarde o temprano como perdedora.

El punto de inflexión se sitúa tras la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana y su alineación con el bloque soviético. A ello se sumaron las nacionalizaciones y expropiaciones de propiedades estadounidenses sin mecanismos efectivos de compensación o negociación, lo que supuso una ruptura sustancial del marco jurídico y económico existente. Este proceso no solo alteró intereses patrimoniales concretos, sino que redefinió la naturaleza misma de la relación entre ambos países, siendo contrincantes en extremos en materia de política interna y exterior.

En este contexto, Cuba dejó de ser un aliado estratégico de EEUU para convertirse en un adversario político e ideológico peligroso, así como refugio del espionaje enemigo y promotor de la desestabilización. Esta nueva condición quedó formalizada en 1962 mediante la Proclama Presidencial 3447, firmada bajo la Administración Kennedy, que dio base legal al embargo apoyándose en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 y en la Ley de Ayuda Exterior de 1961, aprobada especialmente contra Cuba. Desde entonces, las sanciones han constituido un instrumento central dentro de esta relación conflictiva de acción y reacción.

El contexto geopolítico en el que se produjeron las sanciones

Cuba no solo transformó su sistema interno, sino que se integró activamente en el eje soviético durante la Guerra Fría, proyectándose como actor estratégico en el Hemisferio Occidental. Este posicionamiento tuvo implicaciones directas en la seguridad regional, elevando el conflicto a una dimensión global.

Además, la política exterior cubana se caracterizó durante décadas por una activa proyección internacional. El apoyo a movimientos insurgentes, la participación en conflictos en distintas regiones y la promoción de un modelo político alternativo, abiertamente contrario al modelo estadounidense y al de las democracias occidentales, consolidaron la percepción, desde la perspectiva norteamericana, de Cuba como un actor con capacidad de influencia más allá de sus fronteras. En este sentido, las medidas adoptadas por EEUU respondieron no solo a la situación interna de la Isla, sino también a su proyección dentro del conflicto ideológico global y su aporte decisivo a aniquilarlo por vías diversas.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, los estados disponen de margen para adoptar medidas destinadas a proteger su seguridad nacional, su estabilidad económica y su sistema político, fundamento que sirven por igual a los modelos contrincantes. Por ello, las sanciones, en este marco, han de interpretarse como instrumentos de contención frente a un Estado considerado hostil, así como mecanismos orientados a evitar escaladas hacia una confrontación militar directa o indirecta.

A lo largo de décadas, el sistema de sanciones estadounidense se ha adaptado a los cambios del contexto internacional y a la evolución del propio modelo cubano. Desde las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos de 1963 hasta la Ley Torricelli de 1992, la Ley Helms-Burton de 1996 y la Ley de Sanciones Comerciales de 2000, se observa una continuidad normativa orientada a mantener la eficacia de las medidas ante nuevas realidades, como la caída del bloque soviético, la reafirmación "antinorteamericana" de los Castro, la aparición de inversiones extranjeras en bienes previamente confiscados y la promoción, asesoramiento y apoyo a la ofensiva ideológica en la región del Caribe y América del Sur establecida fundamentalmente con Chávez, Lula, Correa y otros.

Las excepciones humanitarias del embargo

Un aspecto frecuentemente omitido en el debate es la existencia de excepciones humanitarias dentro del régimen de sanciones. La posibilidad de exportar alimentos, medicamentos y determinados bienes esenciales indica que el objetivo formal de estas medidas no es la afectación directa de la población, sino la presión sobre estructuras estatales específicas, con el fin de limitar la eficacia del amenazante accionar agresor. Este matiz resulta clave para comprender la lógica que subyace a dichas políticas.

La persistencia del conflicto tampoco puede atribuirse de forma exclusiva a una de las partes. Se trata de una relación marcada por decisiones acumuladas en el tiempo, donde las acciones de uno han generado respuestas del otro. Esta lógica de interacción y pulso es característica de los conflictos internacionales de naturaleza ideológica y explica, en parte, el alto grado de dificultad existente para su resolución.

Desde una perspectiva estratégica, incluso puede sostenerse que las sanciones han funcionado como una alternativa a escenarios de confrontación directa. En lugar de escalar hacia un conflicto militar, se ha optado por mecanismos de presión económica y política que, aunque controvertidos, han mantenido la disputa dentro de determinados márgenes de control. Una intervención de EEUU en Cuba tal vez hubiera finiquitado desde hace años el escenario permanente de conflictividad.

Todo lo anterior no implica desconocer los efectos reales que estas medidas han tenido sobre la economía cubana. Las medidas económicas tienen efectos económicos, pero el fin es limitar la eficacia de la agresión ideológica y política sostenida de la élite castrista, negada a dar libertades de ningún tipo a los cubanos, entre ellas las económicas, desde que se hicieron con el poder.

De lo anterior se colige que reducir la situación actual de la Isla exclusivamente a factores externos impide comprender el peso determinante de la obstinación de las decisiones internas adoptadas a lo largo de décadas. La persistencia de un modelo político y económico sin mecanismos efectivos de corrección, junto con limitaciones estructurales en la participación ciudadana, ha contribuido de manera determinante al escenario actual de destrucción y crisis nacional.

La Cuba castrista no es víctima, la población cubana sí

En este sentido, la evidencia acumulada confirma que el principal impacto de esta dinámica prolongada ha recaído sobre la población cubana. La ciudadanía ha soportado, de forma continuada, los costos derivados de las tensiones externas como resultado de las fallidas decisiones internas, máxime cuando no ha podido contar con canales efectivos para incidir en su transformación.

Así las cosas, más que hablar en términos de vencedores o vencidos, el análisis apunta a un modelo que ha ido perdiendo capacidad de agresión, de avances en el pulseo y sobre todas las cosas de adaptación y reconocimiento del histórico error, reduciendo sus márgenes de maniobra y limitando sus opciones de desarrollo. En este contexto, es lamentable que todavía la revisión estructural del sistema no aparezca como una cuestión ideológica, sino como una necesidad vinculada a la estabilidad social, la sostenibilidad económica y las expectativas de la propia población. La población cubana ha sido lo que nunca ha importado a los Castro y su elite en el poder. Estos, desde el minuto cero de la Revolución, han vivido sin restricciones ni limitaciones de ninguna clase y se han ido enriqueciendo indebida e insospechablemente sin contrincante interno por la anulación institucional.

El conflicto entre Cuba y EEUU no puede entenderse pues, mediante categorías simples de víctima, sino entre agresores. Se trata de una relación compleja, moldeada por decisiones políticas, jurídicas y estratégicas acumuladas durante más de seis décadas que llega necesariamente a la dinámica de un perdedor.

Mientras el cambio no se produzca en Cuba, la carga del conflicto seguirá recayendo, de manera desproporcionada, sobre quienes menos capacidad tienen para influir en él: los ciudadanos.