"Tedioso", "el cartel de 'Abierto a los negocios' (del régimen) de Cuba no sirve de nada si la puerta permanece cerrada con llave"; con frases como estas califica el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba la reiteración del llamado de La Habana a Washington para invertir en la Isla, que el régimen ofrece como gesto de apertura ante las presiones de la Administración de Donald Trump porque se produzca un cambio de sistema.
En un análisis sobre el tema, la organización sin fines de lucro que promueve los negocios con la Isla llamó a las autoridades cubanas a "dejar de hablar y empezar a actuar" y señaló que sus declaraciones "no son sinceras al discutir las realidades del compromiso comercial del sector privado de Estados Unidos con Cuba, el Gobierno y el sector privado emergente".
El texto menciona en específico a Lianys Torres Rivera, embajadora de Cuba en EEUU, quien en entrevista con USA Today esta semana reiteró que "las empresas estadounidenses son bienvenidas en Cuba" y "los cubanoamericanos son bienvenidos para invertir o comerciar", algo que el régimen de la Isla anunció como una medida de apertura que, no obstante, generó cero entusiasmo.
Pero, a seguidas, la embajadora señaló que La Habana espera de EEUU "otras medidas que podrían mejorar las relaciones entre ambos países": la flexibilización de las restricciones del embargo estadounidense; que Trump exima a Cuba del Título III de la Ley Helms-Burton, y eliminarla de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado.
"Delirante", calificó el Consejo Económico y Comercial esas exigencias, porque se hacen "sin que el Gobierno de la República de Cuba haga primero alguna combinación de cambios comerciales, económicos, financieros, políticos y sociales no anunciados, no considerados, no planificados, pero implementados por política, regulación y estatuto".
Recuerda la organización estadounidense que, con Torres Rivera, son tres los funcionarios de La Habana que envían el mensaje de que el régimen está "abierto a los negocios", lo cual pone en duda, pues "continuamente retrasa y no cumple con las normativas requeridas para que sus declaraciones sean ciertas".
Recuerda el Consejo que "el 10 de marzo de 2022, la Administración Biden-Harris (2021-2025) ordenó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitir la primera licencia que autorizara la inversión y la financiación directas en una empresa privada en Cuba propiedad de un ciudadano de la República de Cuba".
"Casi cuatro años después, el Gobierno de Cuba aún no ha publicado regulaciones (básicamente, un único documento que debe presentarse ante una institución financiera con sede en la Isla) para autorizar la entrega de inversión directa y financiación directa al sector privado emergente, mientras que los funcionarios mantienen públicamente, erróneamente —y lo saben—, que el Gobierno de Estados Unidos no permite la inversión ni la financiación directas en el sector privado que está resurgiendo en Cuba".
Apunta el Consejo que ese retraso "no solo afecta la inversión y la financiación directas del sector privado emergente en Cuba por parte de Estados Unidos, sino de todos los países, incluidos Canadá, China, la Unión Europea, México, Rusia, España y Vietnam. Durante muchos años, el capital destinado al sector privado emergente en la República de Cuba ha llegado de forma informal, sin autorización oficial".
Otro tema que La Habana ha colocado en sus mensajes a Washington es el de la compensación económica por los daños del embargo. "Cuba tiene reclamaciones contra Estados Unidos por daños causados por el embargo, mientras que hay 5.913 reclamaciones de estadounidenses cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba tras la revolución de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder", señala el Consejo.
Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores cubano, dijo recientemente que esas "son cuestiones muy complejas que pueden discutirse, pero requieren diálogo. Requieren sentarse, y son asuntos legítimos".
Mas, señala el Consejo, el funcionario "confunde activos expropiados sin compensación a ciudadanos estadounidenses, empresas e individuos, con el impacto interno de decisiones financieras adoptadas por sucesivos gobiernos de la República de Cuba. Un problema no está relacionado con el otro".
"En ausencia de resolver las 5.913 reclamaciones certificadas, el Gobierno de Cuba seguirá limitado, y ahora cada vez más, dado el enfoque de la Administración Trump-Vance (2025-2029), para atraer inversión extranjera directa, oportunidades de exportación y de importación. El Gobierno de Estados Unidos no aceptará reclamaciones de daño económico presentadas por el Gobierno de la República de Cuba", advierte la organización.
Subraya que el régimen cubano "debe centrarse en lo que es posible, en lugar de en lo que puede satisfacer lo aspiracional e inspirador. Hubo la oportunidad de debatir sobre la resolución de las reclamaciones certificadas durante la Administración Obama-Biden (2009-2017) y la Administración Biden-Harris. Ni La Habana ni Washington hicieron nada".
Recuerda el Consejo Económico y Comercial que existen 8.821 reclamaciones por propiedades confiscadas a estadounidenses en Cuba, 5.913 de ellas valoradas en 1.902.202.284,95 dólares y certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos (USFCSC), que "no se han resuelto en casi 60 años (algunos activos fueron oficialmente confiscados en los años 60, otros en los 70 y otros en los 90)".
"La USFCSC permitía intereses simples (no intereses compuestos) del 6% anual (aproximadamente 114.132.137,10 dólares); con un valor actual aproximado de las 5.913 reclamaciones certificadas, que es de aproximadamente 9.200 millones de dólares estadounidenses".
Dos de esas propiedades confiscadas (la Cuban Electric Company, valorada en 267.568.413,62 dólares, y la International Telephone and Telegraph Co, valorada en 181.808.794,14 dólares) representan el 24% del valor total de las reclamaciones certificadas, señala la organización.
Luego, 30 reclamantes certificados poseen el 56% del valor total de las reclamaciones certificadas. "Esta concentración de valor crea un camino eficiente hacia un asentamiento", apunta el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.
¿Se atrevería La Habana a llegar a un acuerdo al respecto como primer paso para un arreglo?
Pero es realista este Consejo Económico? En un país donde TODO está bajo la vigilancia y control de un grupo de gente (ADN Castro), intentar hacer negocios con los cubanos hoy día, es suicida. Pregunten por las actividades de GAESA, los lavados de activos de empresas turísticas españolas, y los encarcelamientos de inversores, como Tokmakjian o Purvis. O peor aún, el caso Marambio y la muerte dudosa de su gerente en la empresa mixta Río Zaza, Roberto Baudrand.
Con ladrones no se négocia, asi de simple.
El bloqueo es interno del PCC al pueblo cubano. Obama les quito la careta cuando fue a Cuba personalmente para negociar una apertura. La respuesta del PCC fue caerle arriba a los cuantapropistas y cerrarles los negocios. Ya quítense del medio y váyanse con todo lo robado para que los cubanos saquemos la isla del hueco donde la tienen. Cuba les quedó grande.
No le hagan el juego a los biranos, ellos lo que quieren es perder el tiempo a ver si cambia el congreso a favor de los dRATAS.
Que acaben irse pal krajo de una vez
"confunde activos expropiados sin compensación a ciudadanos estadounidenses, empresas e individuos, con el impacto interno de decisiones financieras adoptadas por sucesivos gobiernos de la República de Cuba. Un problema no está relacionado con el otro".
Me sacó las palabras dé la boca. No hay negociación hasta qué no haiga un cambio dé Gobierno porque lo único qué quiere él régimen es posponer conversaciones para sobrevivir y quedarse en él poder indefinitivamente AUNQUE él PCC es la minoría en términos dé preferencia electoral en Cuba. Eso no es ningún secreto, por eso es qué ser quieren quedar en él poder a la mala esas RATAS 😤
Todo es pura habladuria.
Cierren el oxigeno s la dictadura.