El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, junto a los también legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Debbie Wasserman Schultz, Lois Frankel y Nicole Malliotakis, presentó un reclamo (escrito amicus curiae) ante la Corte Suprema de EEUU con el objetivo de mantener en pleno vigor el Título III de la Ley Helms-Burton y "proteger los derechos de propiedad en territorio estadounidense" en el caso de las compañías Havana Docks Corp. y Royal Caribbean Cruises, Ltd.
Según una nota de prensa distribuida por la oficina de Díaz-Balart, el texto, de carácter bipartidista, "destaca las importantes implicaciones de política exterior derivadas del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite que las personas cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen de Castro puedan demandar a las empresas que deliberadamente traficaron con esos bienes robados".
"El escrito insta a la Corte a garantizar que las víctimas de estas confiscaciones injustas puedan buscar plenamente justicia en los tribunales de EEUU, tal como lo dispuso el Congreso al aprobar la ley en 1996", agregó.
En tal sentido, Díaz-Balart expuso: "Durante más de 60 años, el régimen en Cuba ha robado propiedades, se ha enriquecido mientras empresas inescrupulosas se benefician de la confiscación de esos bienes, y ha negado justicia a sus víctimas, todo ello mientras reprime brutalmente a su pueblo y se opone a los intereses de EEUU en cada oportunidad".
El texto, además, "pone sobre aviso a las empresas extranjeras de que serán responsabilizadas por lucrarse de bienes robados mientras financian al régimen castrista. Me enorgullece liderar este escrito amicus bipartidista junto a mis colegas para defender el estado de derecho, proteger los derechos de propiedad de EEUU y apoyar a las víctimas de la conducta criminal de la dictadura cubana", enfatizó el congresista.
La nota de prensa, asimismo, describió el contexto y los antecedentes bajo los cuales este texto llega a la Corte Suprema. Así, "entre diciembre de 2015 y junio de 2019, cuatro líneas de cruceros obtuvieron ganancias mediante el uso de propiedad robada, transportando a casi un millón de turistas a los terrenos confiscados de Havana Docks, donde atracaban sus barcos y desembarcaban a sus pasajeros".
"Estos viajes a Cuba representaban un negocio lucrativo para las líneas de cruceros, que, en conjunto, recibieron más de 1.000 millones de dólares por dichos viajes, según información presentada ante tribunales inferiores", detalló.
"El régimen en Cuba también obtuvo ganancias considerables mediante el uso de esa propiedad confiscada, ya que las líneas de cruceros declararon en documentos judiciales haber pagado al régimen más de 130 millones de dólares en tarifas e impuestos", subrayó.
El reclamo bipartidista se produce, además, mientras las líneas de cruceros luchan contra el veredicto emitido a finales de 2022 por la jueza federal de distrito Beth Bloom, en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton, que las acusa y sanciona por participar en "turismo prohibido" y "actividades de tráfico".
Asimismo, hace pocos meses, el laboratorio de ideas Cuba Siglo21 sostuvo que dicha ley es "una vía legal ya aprobada por el Congreso de EEUU que ofrece desde hace casi tres décadas una salida democrática a la crisis cubana". Por lo que el reclamo de los legisladores también iría encaminado a lograr su aplicación integral.
El politólogo Juan Antonio Blanco señaló que "esta legislación contiene una hoja de ruta no violenta para una transición real hacia la democracia en la Isla, un camino que sigue vigente, pero que ha sido políticamente ignorado".
Enfatizó, además, que "lo que hasta ahora ha faltado es una administración en Washington dispuesta a impulsarla con firmeza, creatividad y persistencia, algo que el presidente Trump podría hacer".
