La Corte Suprema de EEUU decidió autorizar a la petrolera Exxon Mobil a demandar a las empresas CIMEX y Cuba Petróleo (CUPET), ambas administradas por el conglomerado empresarial de los militares cubanos, GAESA, en virtud de la Ley Helms-Burton.
La decisión, que permite que la demanda prosiga, fue aprobada por votación de seis jueces a favor y tres en contra, según el dictamen final de la corte.
Exxon demanda a las entidades estatales de la Isla por la confiscación de la refinería de petróleo de La Habana, rebautizada por Fidel Castro como Ñico López, y 117 gasolineras y estaciones de servicio.
En 1969, una comisión estadounidense certificó las pérdidas de Standard Oil (hoy Exxon Mobil) por las confiscaciones en casi 72 millones de dólares. Con los intereses y la solicitud de Exxon de una indemnización triple, miles de millones de dólares podrían estar en juego.
"El Gobierno cubano nunca pagó ninguna compensación por las propiedades confiscadas", declaró el abogado de la compañía, Jeffrey Wall, a los jueces durante su apelación. "Al igual que las miles de otras víctimas del régimen de Castro, Exxon ha estado esperando desde principios de la década de 1960 recibir una compensación".
Casi 6.000 personas y empresas tienen más de 1.900 millones en reclamaciones certificadas por esa comisión, según Exxon, sin incluir intereses.
El caso de Exxon versaba sobre cómo la Helms-Burton interactúa con otra ley federal, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 (FSIA), que, en general, prohíbe a los estadounidenses demandar a gobiernos extranjeros ante tribunales estadounidenses. Exxon afirmó que el Congreso, al aprobar la Helms-Burton en 1996, sustituyó de hecho dicha ley, pero las empresas de propiedad cubana argumentaron que debían estar exentas de litigio.
El Congreso y el poder judicial federal se han mostrado generalmente reacios a permitir demandas contra gobiernos extranjeros en tribunales nacionales, en parte por temor a que dichos gobiernos respondieran allanando el camino para demandas similares presentadas en el extranjero contra Estados Unidos.
El año pasado, en un caso aparte, un tribunal dictaminó por unanimidad que las familias de las víctimas de atentados terroristas en Israel podían demandar al Gobierno Autónomo Palestino en tribunales estadounidenses.
La Administración de Donald Trump respaldó a Exxon en el litigio.
"Estados Unidos tiene intereses de política exterior imperiosos en garantizar que los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron expropiados ilegalmente por el régimen comunista de Fidel Castro reciban una compensación y en impedir que el Gobierno cubano siga beneficiándose de sus actos ilícitos", declaró el Departamento de Justicia ante el máximo tribunal en agosto de 2025.
Por su parte, la Corte Suprema señala en su veredicto que "Exxon no tenía una buena forma de demandar a las entidades gubernamentales cubanas ni reclamar compensación por sus propiedades confiscadas hasta que el Congreso aprobó y el presidente Clinton firmó la Ley Helms-Burton en 1996".
"La cuestión aquí es si la Ley Helms-Burton anula la inmunidad soberana extranjera de las agencias e instrumentos cubanos, o si demandantes como Exxon, que demandan bajo la Ley, también deben cumplir una de las excepciones a la inmunidad en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976", añade.
"Concluimos que la propia Ley Helms-Burton anula la inmunidad soberana de las agencias e instrumentos cubanos. Por lo tanto, los demandantes que demandan a agencias o entidades cubanas bajo la Ley no están obligados a cumplir también con una excepción de la FSIA", subraya.
En el caso de Exxon, los tribunales inferiores emitieron fallos mixtos, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington rechazó el argumento de la compañía de que la Helms-Burton ofrecía un camino claro para su demanda.
La decisión de la Corte Suprema abre el camino para nuevas demandas contra La Habana, lo cual es una pésima noticia en medio del colapso económico del régimen de Cuba y las presiones de Washington para que haga un cambio político.
El veredicto se suma a otro adoptado en mayo por la Corte Suprema de EEUU, que falló a favor de Havana Docks Corporation, entidad demandante en un caso similar contra las firmas de cruceros Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises, acusadas por violar el embargo de Washington contra La Habana.
En una votación de ocho a uno, los jueces dieron con lugar a las reclamaciones presentadas por la empresa estadounidense que operaba muelles en la capital cubana que fueron confiscados por el régimen de Fidel Castro. La demanda apunta contras las líneas de cruceros internacionales que atracaron en esas instalaciones llevando turistas a Cuba durante el breve deshielo de las relaciones durante la Administración Obama.
El juez Clarence Thomas señaló que el Tribunal Federal de Apelaciones de Atlanta se equivocó al desestimar las reclamaciones, sosteniendo que "las líneas de cruceros usaron bienes confiscados de los que Havana Docks posee la reclamación", devolviendo el caso a esa instancia.
Havana Docks Corporation construyó muelles en 1905 para el Gobierno cubano con la condición de que operara el puerto y obtuviera ingresos durante 99 años. Sin embargo, Fidel Castro confiscó los muelles, junto con otras propiedades.
