Del 27N hasta la censura de 'La Habana de Fito'

El cine independiente en Cuba posee raíces históricas y diversos antecedentes, teniendo en cuenta no solo la necesidad de los cineastas cubanos de reclamar su espacio dentro de la sociedad civil cubana, sino que el debate sobre la producción de filmes fuera de los márgenes institucionales del ICAIC se remonta a los inicios de la institución, a una década tan confrontacional y decisiva en el plano cultural e ideológica como la de los 60, cuando se produjo la censura del documental PM (1961), de los realizadores Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal.

Han transcurrido décadas desde esa fecha a la actualidad y la historia del cine independiente cubano ha estado marcado por la censura en sus múltiples formas y la confrontación estéril con las instituciones culturales, fundamentalmente con el ICAIC, razón por la cual muchos cineastas independientes asumen una gran desconfíanza hacia la institución y no apuestan por ninguno tipo de diálogo institucional.

Entre los títulos más recientes que conforman la extensa relación de obras censuradas en Cuba se encuentra los filmes Memorias del desarrollo (2010) y Nadie (2011), de Miguel Coyula.  Incluso el intento de este realizador de exhibir este último documental, sobre el poeta Rafael Alcides, en la sede de Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) terminó de manera abrupta debido a la intervención de la Seguridad del Estado.

En febrero de 2020, un mes antes de aparecer la pandemia de Covid-19, el ICAIC censuró el documental Sueños al pairo (2020), de los creadores José Luis Aparicio y Fernando Fraguela, acerca de la censura y represión de que fue objeto en Cuba el trovador exiliado Mike Porcel. Tal censura desencadenó una crisis al interior del ICAIC y un conflicto con el gremio de realizadores que, en solidaridad con los creadores, decidieron retirar sus obras de la Muestra Joven ICAIC.

Una vez más, el sistema institucional apeló a la intolerancia y utilizó ese pretexto para clausurar un espacio que había sido bastante inclusivo desde sus inicios y que, con sus luces y sombras, había logrado aglutinar a los creadores audiovisuales de todo el país, sin importar concepciones estéticas o posiciones ideológicas.

Ese fue el punto de inflexión para entender los motivos por los cuales muchos artistas, y fundamentalmente los cineastas, decidieron ejercer su derecho cívico de la protesta esa inolvidable noche del 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio de Cultura, exigiendo dialogar con las instituciones de la cultura y ser escuchados. La posibilidad de diálogos se fracturó cuando comenzaron en la televisión estatal  los ataques y linchamientos mediáticos contra los principales líderes que concurrieron ese día frente a dicha institución, como la artista plástica Tania Bruguera.

Varios de los cineastas que hicieron acto de presencia esa noche del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura cargaban la frustración de no que no se hubiera aprobado la Ley de Cine, aspiración que los había convocado en 2013 a reunirse de manera sistemática en el Centro Fresa y Chocolate. Ese grupo heterogéneo de cineastas, perteneciente a varias generaciones, se dio a conocer como G20. Estaba formado por figuras como Fernando Pérez, Enrique Álvarez, Pedro Luis Rodríguez, Magda González Grau, el crítico de cine Juan Antonio García Borrero, Jorge Luis Sánchez, entre otros. No todos se encontraban vinculados al movimiento del cine independiente, pero los movía la pasión por realizar cine independiente en Cuba, a pesar de los obstáculos y la resistencia de las instituciones.

Se ha escrito bastante en los medios digitales sobre lo acontecido recientemente, el 15 de junio, en el cine 23 y 12 de La Habana, cuando un grupo de cineastas que hoy integran la Asamblea de Cineastas, decidió reunirse ante la arbitrariedad institucional que significó la exhibición de una copia pirata del documental La Habana de Fito (2022) del realizador Juan Pin Villar en el espacio televisivo Espectador crítico. Esa exhibición, hecha con fines políticos, violaba algunas de las cláusulas contenidas en el Decreto 373 de fomento al cine independiente, aprobado en Cuba en 2020. Al espacio televisivo, conducido por la presentadora Magda Resik, fueron invitados el vicepresidente de la UNEAC, Pedro de la Hoz, y el subdirector del Centro Fidel Castro Ruz, el historiador Elier Ramírez Cañedo, con el propósito de atacar y cuestionar el documental.  

Esta nefasta decisión no es algo nuevo, sino que es la continuación de una práctica habitual en los medios oficiales, especialmente en la televisión nacional, donde opositores y hasta prominentes artistas son linchados mediáticamente sin posibilidad de réplica.
 
Anteriormente Juan Pin Villar había rodado un documental —Pablo Milanés (2019)— que había molestado a funcionarios de la cultura y censores, al abordar aspectos controversiales en torno a la vida del desaparecido trovador cubano.

La Habana de Fito posee un corte similar, al tratar aspectos polémicos sobre la relación del artista Fito Páez con la sociedad cubana y el proceso revolucionario, desde la muerte de Camilo Cienfuegos hasta los fusilamientos de varios cubanos en 2003. Su estructura es convencional, y se sustenta en imágenes de archivo y varias entrevistas a personalidades muy cercanas al trovador. El documental había resultado uno de los proyectos ganadores de la segunda convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano, en 2021, y al año siguiente fue exhibido en el Havana Film Festival de New York, hecho cultural que incluso había sido reseñada por los medios oficiales.

Con estos antecedentes tan favorables, resulta contradictorio entonces que a finales del pasado abril el Ministerio de Cultura prohibiera su exhibición en el espacio cultural y teatral El Ciervo Encantado, ubicado en El Vedado. Tras el silenciamiento institucional, Villar escribió una carta de protesta dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel. Lamentablemente, nunca recibió respuesta.       

Hasta aquí he compartido con el lector una relatoría lo más sintética posible de lo acontecido, pero el eje transversal de esta cuestión y debate en la esfera pública es la continuidad de una política cultural censora y excluyente desde aquel lejano 1961, con el caso del cortometraje PM y la resistencia del régimen cubano a reconocer a los cineastas independientes como una legítima expresión de la sociedad civil cuyos derechos han sido ignorados hasta este momento.