El comercio exterior y la inversión extranjera han de ser de los cubanos, no del régimen

En una perspectiva histórica, uno de los grandes fracasos de la revolución comunista cubana, junto al eterno problema de la alimentación a la población, ha sido el marco de las relaciones comerciales y financieras de Cuba con el exterior. Los datos actuales no dejan lugar a duda: suspensión de pagos de la deuda externa, ausencia de divisas para importaciones, bloqueo del comercio exterior. El frente externo de la economía ha colapsado.

¿Responsabilidad? Desde luego, décadas de subsidios soviéticos, concedidos con fines políticos e ideológicos, conformaron una estructura económica de titularidad estatal, poco competitiva y orientada al mercado interno, salvo en un reducido número de productos que mantuvieron su acción exportadora tradicional, como azúcar, tabaco y minería. Poco más.

En 62 años, han cambiado muchas cosas, pero se mantiene esa debilidad de la economía cubana en su orientación exportadora e internacional, con una absoluta falta de competitividad, una excesiva dependencia del exterior (sobre todo de tecnología y bienes intermedios) y sin haber definido cuál es su posición en la división internacional del trabajo y la economía global.

Es por ello, que las políticas públicas que pueda diseñar e implementar el régimen en la actualidad en materia de comercio e inversiones extranjeras, son fundamentales y deben ser tomadas en consideración. Si no aciertan o se quedan cortas y no consiguen sus objetivos, se debe en buena medida a que esas políticas no van al núcleo del problema, que no es otro que la ausencia de derechos de propiedad privada en la estructura económica.

Las autoridades pretenden imponer "un cambio radical en las formas de hacer comercio exterior, de atraer la inversión extranjera y de trabajar la colaboración internacional", pero esos objetivos difícilmente pueden ser encauzados con un sistema económico en que no se protegen los derechos de propiedad privada y las decisiones económicas se adoptan con criterios políticos y no de rentabilidad.

El atraso y escasa preparación de la economía cubana para ocupar un espacio en el comercio internacional ha podido comprobarse durante la grave crisis económica y social provocada por la pandemia, que ha dejado al país sin divisas al cerrarse prácticamente la totalidad de la actividad turística. Esto ha ocurrido en otras potencias del sector, como España o Francia, pero en estos países la automoción o la agroalimentación, han servido para compensar el descenso del turismo, lo que en Cuba ha sido inviable y, además, ha provocado graves carestías alimentarias en la población. El caos está servido y adaptarse a la nueva situación exige mucho más que parches sueltos.

El asunto ha sido tratado en una reunión ministerial del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) por Manuel Marrero y Rodrigo Malmierca.  En esa reunión se abordó la estrategia para "competir en la nueva normalidad de la economía mundial", para lo cual se hace preciso "cambiar mentalidades, encontrar nuevos métodos para exportar, importar, atraer inversión extranjera y optimizar la colaboración internacional". La pregunta es si solo esto servirá. La respuesta es que no.

Hace unos días, en el sexagésimo aniversario del MINCEX se tuvo ocasión de cuestionar la acción de este departamento, que, a modo de parches superficiales, pretende curar una herida abierta que está desangrando la economía cubana. Por ejemplo, las acciones vinculadas a la promoción y diversificación de las exportaciones, la sustitución efectiva de importaciones, la atracción de inversión extranjera, la obtención de recursos a través de créditos comerciales, y la promoción de la cooperación internacional, tanto la que Cuba ofrece como la que recibe, configuran el marco para una política de relaciones económicas internacionales de un país que es capaz de situar parte de su oferta productiva en los mercados globales.

Sin embargo, el problema de la economía cubana empieza por definir esa oferta productiva y remover las trabas que impiden su canalización efectiva al exterior. Empezar a construir una casa por el tejado tiene poco sentido, salvo que se quiera contentar a alguien que desconoce que es así.

Por lo mismo, las ventanillas únicas, la informatización de los procedimientos, la reducción de trámites burocráticos, la prestación de servicios de exportación e importación a las "formas no estatales de gestión" por medio de entidades estatales del comercio exterior con pagos respaldados en moneda libremente convertible (MLC), la autorización para retener esas divisas, o la creación de figuras nuevas como los polos productivos exportadores en algunas zonas, no representan un enfoque adecuado para situar a la economía cubana en condiciones de competitividad global.

Lejos de ayudar, lo que hacen tales medidas es arrojar al país a la dependencia de mecanismos políticos y bilaterales de ayuda que se someten a compromisos internacionales de naturaleza política que, a la larga, generan más amenazas que oportunidades.

El fomento de la "vocación exportadora" que pretenden las autoridades no es algo fácil de conseguir en una economía de planificación central en la que no se respetan los derechos de propiedad privada y las decisiones económicas libres. El intervencionismo y control ejercido sobre los agentes económicos en Cuba toca a su fin, no solo para producir más alimentos que den de comer a la población, sino para canalizar los excedentes al exterior y obtener ingresos en divisas.

En descargo del MINCEX, esa labor no es de su completa responsabilidad, porque implica decisiones de alto nivel que lo más probable es que nunca se adopten por el partido que dirige los destinos de la sociedad cubana. Pero no hay alternativa, y lo saben.

Un buen ejemplo es el reducido número de emprendedores privados que han aceptado la intermediación estatal para exportar. Solo 680 "formas no estatales de gestión" (como la califican los comunistas) han aceptado las condiciones. Una ínfima parte, y la mayoría para importar, no exportar. El alcance de la devaluación del peso no ha servido para estimular las exportaciones. Otro fracaso de la Tarea Ordenamiento.

Las demandas de calidad y certificación para exportar son, igualmente, un parche inadmisible. Y cabe preguntar por qué no se exigen igualmente para la producción de bienes y servicios destinados al consumo interno. ¿Por qué los cubanos tienen que aceptar productos de inferior calidad a los que se destinan a los mercados exteriores? Más desigualdades e injusticias.

Tienen poco sentido las exigencias de negociación más precisa y efectiva cuando lo que se trata de comercializar es de naturaleza marginal y poco competitivo. Solucionar las trabas que aún limitan el incremento de la inversión extranjera en el país es otra historia y viene a explicar otro de los fracasos más absolutos del régimen desde la aprobación de la Ley 118 de Inversión Extranjera.

Conclusión: a falta de competitividad, el régimen cubano prefiere la ayuda internacional no condicionada, los subsidios de la colaboración internacional, y en última instancia, ofertar sus servicios médicos a unos precios que rompen las reglas del mercado, porque lo que se paga por galeno en alguno de los países a que van destinados es diez o 12 veces lo que cobra un nacional por el mismo servicio. Una estrategia insostenible de "comercio de Estado" que, por extraño que parezca, representa, sin embargo, el 60% de los ingresos por servicios, casi el mismo importe que las exportaciones de bienes.

De modo que los llamados ministeriales a "seguir identificando productos que puedan colocarse en el mercado internacional y evitar la exportación de materias primas; a promover productos terminados, que tengan valor agregado y aporten más ingresos y desarrollo; a no burocratizar los procesos de la inversión extranjera; a alentar aún más los negocios en la Isla de cubanas y cubanos residentes en el exterior" suenan a coco vacío, mientras no se implementen los cambios estructurales y jurídicos de la oferta productiva, tan necesarios como urgentes. Los cubanos deben tener algo que decir en el comercio exterior y la inversión extranjera y tendrían que no ser excluidos por el régimen.