En la noche del 15 de abril, María, de 72 años, no pudo conciliar el sueño. Cuando se restableció el servicio eléctrico, a las 4:10 de la madrugada, corrió a preparar un poco de arroz y a poner unos frijoles en la olla eléctrica. Cuando llegó la hora del almuerzo no pudo calentar la comida. "A las 6:00AM volvieron a quitar la luz y hasta las 5:00PM no la pusieron", lamenta.
María vive sola en un barrio obrero de La Habana y depende de su pensión mínima (3.056 pesos, tras el último aumento de septiembre de 2025) para subsistir. Con ese dinero apenas logra comprar un poco de arroz y una botella de aceite, aunque muchas veces debe elegir entre alimentos y medicinas.
Historias como la de María se repiten entre los 2,5 millones de mayores de 60 años en Cuba y sobre todo entre aquellos cuyas pensiones estatales son insuficientes, que esperan en colas interminables sin efectivo y sufren cortes de luz diarios que echan a perder los pocos alimentos y dificultan la atención médica.
"Los jubilados son uno de los grupos más empobrecidos de la sociedad cubana", resume el economista Mauricio de Miranda Parrondo. La socióloga Elaine Acosta, directora del observatorio de envejecimiento Cuido60, coincide: los adultos mayores son hoy "el sector más empobrecido dentro del empobrecimiento general" que vive la población cubana.
Acosta señala que quienes dependen únicamente de una pensión estatal experimentan "los impactos más severos" de la crisis estructural: deterioro de los ingresos, inseguridad alimentaria y dificultades crecientes para acceder a medicamentos y atención médica.
Advierte además que el envejecimiento ocurre en una sociedad donde "los lazos familiares se han debilitado significativamente" debido al éxodo migratorio. Como consecuencia, muchos ancianos enfrentan "una vejez más solitaria, más aislada", sin las redes familiares o comunitarias que antes podían sostenerlos.
"He tenido que botar a la basura un paquete de dos kilos de muslitos de pollo que mi hija me había comprado y enviado una semana antes. Una peste terrible, imagina, tres días seguidos con solo tres horas de luz, así no aguanta nada, se echa todo a perder. Es doloroso, el dinero que ella se gana con tanto sacrificio allá afuera botado", casi llora Alba, de 67 años, quien también vive sola, pero en un edificio de Alamar, municipio de Habana del Este, atenta a que le llegue un paquete de medicinas desde España para aliviar sus dolores.
"Yo sobrevivo gracias a mi niña, mi única hija, que se me fue hace cinco años, y doy gracias a Dios porque aquí no hay futuro. Si no fuera por ella, no sé qué sería de mi. Compadezco a esos viejitos que no tienen a nadie fuera y a aquellos que sí tienen pero no se ocupan de ellos", dice.
A diario, jubilados y pensionados enfrentan apagones prolongados, escasez de combustible para trasladarse al médico (el ocio no forma parte de la vida de la mayoría de los ancianos cubanos), farmacias vacías y un sistema de asistencia social desbordado.
"Mi pensión no daba. Se me murió mi esposo y tuve que volver al trabajo para poder comer", explica Juana, de 75 años, residente en Camagüey. Leandro, otro anciano entrevistado en la misma provincia, resume su situación con crudeza: "Si no trabajas te mueres de hambre. Son degradantes las jubilaciones que ingresan trabajadores con 35 años y más doblando el lomo. No hay nada de dichoso en mi decisión de volver a trabajar. Para mí es amarga, triste", relata.
En general, los cubanos de la tercera edad perciben que el Estado no los protege. Una encuesta reciente de DIARIO DE CUBA realizada por Cubadata revela que solo el 5,8% de los mayores de 60 años consultados cree que el Estado les ha ayudado a resolver sus problemas en los últimos años, y apenas el 6,2% confía en que el Gobierno será clave para mejorar su situación.
Ingresos vs. canasta de sobrevivencia
Las pensiones cubanas siguen siendo bajas. Para 2024, la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) reportó más de 1.680.000 beneficiarios de la Seguridad Social. La pensión media en ese año rondaba los 2.199 pesos mensuales.
En septiembre de 2025 el Gobierno aplicó la Resolución 14, que subió todas las pensiones inferiores a 2.472 pesos en 1.528 pesos, y elevó las del rango de 2.473 a 3.999 pesos hasta 4.000 pesos. El mínimo pasó así a 3.056 pesos. No obstante, estas cifras siguen muy por debajo del costo real de la vida. Un cartón de 30 huevos cuesta en la Isla unos 3.000 pesos.
El economista Mauricio de Miranda considera que el sistema de pensiones cubano "es muy injusto y en la práctica ha igualado a la mayor parte de los jubilados en los niveles mínimos". Asimismo, explica que, a diferencia de quienes aún están en edad laboral, un pensionado tiene menos margen para compensar la pérdida de poder adquisitivo: "mientras una persona en edad laboral puede salirse de una entidad estatal (…) un jubilado tiene menores oportunidades, precisamente por su edad", comenta.
El problema no es solo el monto nominal de las pensiones, sino su constante deterioro frente a la inflación. "Si una pensión aumenta un 50% en un año pero en ese mismo año la inflación es del 75%, el valor real se ha deteriorado un 25%", ejemplifica el economista. "Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años con los pensionados", agrega.
En un análisis publicado recientemente en DIARIO DE CUBA, la periodista Annarella Grimal muestra que el aparente aumento del gasto social en Cuba es, en realidad, una diferencia contable generada por el cambio de escala monetaria tras la Tarea Ordenamiento, la reforma fallida aplicada en 2021, que prometió corregir distorsiones pero agravó la crisis, encareció la vida y profundizó la desigualdad en la Isla.
Aunque las cifras oficiales reportan que el gasto en seguridad social pasó de 9.000 millones de pesos en 2020 a más de 41.000 millones en 2024, el valor real de esos fondos se desplomó. Antes de 2021, el cálculo se hacía con una paridad ficticia de 1 peso por 1 dólar; después, el Estado adoptó una tasa de 24 pesos por dólar, muy inferior al valor real del mercado. Al convertir las cifras, el gasto de 2024 equivale a menos del 20% del nivel de 2020.
El Gobierno intentó compensar esta pérdida con un aumento parcial de pensiones en 2025, pero incluso tras el ajuste, los montos continúan muy por debajo del costo de vida y apenas cubren productos básicos. En términos reales, el sistema destina más dinero nominal, pero ese dinero vale cada vez menos.
Un reciente estudio del académico cubano Javier Pérez Capdevila estima en más de 96.000 pesos mensuales el costo de la canasta básica en Cuba. El cálculo incluye alimentación —que concentra el mayor gasto con 70.070 pesos—, además de higiene personal, aseo del hogar, vestimenta, calzado, medicamentos y transporte, y equivale a unas 14 veces al salario medio mensual de 6.930 pesos (unos 11 dólares al cambio informal).
Sangría a los bolsillos
Leima, una vecina habanera, relata que por una pequeña compra de viandas pagó casi 2.500 pesos: cuatro libras de malanga, boniato, pimientos y plátanos. "Se fue un tercio de la pensión de mi abuela, para la que estoy comprando estas cuatro boberías", lamenta.
Los productos básicos continúan encareciéndose: en solo dos meses el café reenvasado pasó de de 300 a 400 pesos (un alza de 100 pesos); el kilo de leche en polvo importada, que antes costaba entre 2.200 y 2.500 pesos, se vende ahora entre 2.700 y hasta 3.000 pesos.
Para la especialista Elaine Acosta, el deterioro económico tiene consecuencias que van más allá de la pérdida de poder adquisitivo. Desde Cuido60 han documentado una "vulneración concatenada de derechos" que afecta simultáneamente la alimentación, la salud, la movilidad, la estabilidad emocional y salud mental de los adultos mayores.
"Aun cuando muchos conservan cierta autonomía para vivir de manera independiente, sus niveles de dependencia aumentan significativamente por las barreras materiales y estructurales", explica la investigadora.
"Los niveles de locura respecto a los salarios obreros poco han tenido que ver con el bloqueo, sino con una terca política de Gobierno que insiste en lograr más con menos", dice Antonia, dulcera y vendedora.
"En la práctica, aun con el último ajuste, la pensión de un jubilado promedio alcanza solo para cubrir una semana de alimentos en el mejor de los casos", dice Lídice, cuidadora de un matrimonio de ancianos jubilados en San Francisco de Paula, La Habana, que cobra 100 dólares mensuales por atención muy básica para ellos. "Lo paga directamente su hijo mayor, residente en Costa Rica", explica.
La abogada Maylin Fernández Suris, especializada en políticas sociales, considera que el problema no radica únicamente en la cuantía nominal de las pensiones, sino en la imposibilidad material de cubrir necesidades básicas en el contexto cubano actual.
"Las pensiones no alcanzan", afirma, especialmente para adultos mayores con limitaciones de movilidad, dificultades para hacer colas o trasladarse en busca de alimentos y medicinas.
Fernández Suris subraya que la precariedad no afecta solo a los jubilados del sistema contributivo. También las ayudas de asistencia social resultan insuficientes frente al costo real de la vida y las necesidades específicas de la vejez: medicamentos, dietas especiales, transporte, productos sanitarios o cuidados permanentes.
Apagones, hambre y aislamiento
La crisis energética agrava la precariedad diaria de los ancianos. Los testimonios señalan la falta electricidad para refrigerar la comida o cocinar.
"Quitaron la corriente a las 5:00 de la tarde y no la pusieron hasta las 2:00 de la madrugada, tuve que comer lo que tenía en una lata gracias a las compras que me hace eventualmente mi hija desde afuera", cuenta Amanda (68 años) desde un barrio de Matanzas.
Elaine Acosta alerta que los apagones prolongados han llevado "a niveles críticos" la inseguridad alimentaria y sanitaria entre los ancianos, especialmente aquellos que viven solos. Muchos no pueden conservar alimentos, cocinar ni comunicarse con familiares para pedir ayuda debido a la caída simultánea de la electricidad y las telecomunicaciones.
"Todo esto los deja en una situación de mayor aislamiento e inseguridad tanto física como alimentaria y en términos de salud", resume la investigadora.
La socióloga también alerta sobre un deterioro acelerado de la salud mental. Habla de "niveles devastadores" de soledad, frustración y desesperanza entre personas mayores que sienten haber quedado abandonadas por el sistema de protección estatal y por redes familiares fracturadas por la emigración.
Además del alumbrado y las comunicaciones, se interrumpe el bombeo de agua, los ascensores y el sistema de cobro electrónico. Muchos ancianos no pueden sacar en efectivo el dinero de sus jubilaciones por la carencia de billetes y los cortes eléctricos en las oficinas bancarias: "los jubilados de mi barrio no hemos podido cobrar porque cuando no hay efectivo, el cajero está roto o no hay corriente. Hemos pasado madrugadas a la intemperie haciendo colas", cuenta Carlos desde la ciudad de Cienfuegos.
El caso del anciano Pablo Vega, fallecido en Cárdenas, provincia de Matanzas, asaltado cuando aguardaba su turno para cobrar su pensión de 2.800, ilustra los riesgos que corren los adultos mayores.
Cuido60 ha observado que la crisis económica y energética también ha incrementado la exposición de los ancianos a la violencia y la delincuencia. Acosta afirma que se han convertido en un grupo particularmente vulnerable "por el aumento del delito en la sociedad cubana como resultado también del impacto de la crisis".
Por si fuera poco, el desabastecimiento de combustible impide la movilidad básica. Sin gasolina, muchas ambulancias y taxis de almendrón no cubren las rutas habituales. Las citas médicas se cancelan o se hacen más lejanas. Las farmacias estatales están casi vacías; muchos jubilados lamentan que los medicamentos para sus enfermedades han desaparecido.
"La glibenclamida para diabéticos lleva años sin llegar a las farmacias", denuncia Gustavo, mientras Alba afirma que "se sobrevive como se puede, comprando en la calle a precios inaccesibles".
Una encuesta de DIARIO DE CUBA reveló que el 76,9% de los mayores de 60 años consultados tiene "mucha dificultad" o "imposibilidad" para conseguir medicinas básicas, frente a solo el 53% en los menores de 60. Y el 84 % de los ancianos sufre apagones diarios o frecuentes.
"Los apagones me matan más que el hambre y tanto como la falta de un analgésico para mi rodilla. Si no hay corriente, no puedo conservar la comida, no puedo cargar el teléfono, y si me siento mal y no logro levantarme del sillón tampoco llamo a nadie. En mi caso ya no es incomodidad, es una cuestión de salud", dice Marga, una anciana de 72 años residente en Batabanó, provincia de Mayabeque.
El retiro en un sistema que elimina la asistencia
El Estado cubano ha reducido drásticamente su papel asistencial, exigiendo a las familias asumir la carga de los ancianos. Según datos oficiales, 182.000 familias (unas 310.000 personas) reciben asistencia social por "vulnerabilidad", una cifra que está lejos de incluir a todas las personas que viven en situación de pobreza en la Isla.
En 2025, solo se destinaron 2.173 millones de pesos para la atención a hogares de ancianos, casas de abuelos, etc. En enero de 2026, el programa estatal cubría apenas 303 casas de abuelos (10.000 plazas) y 157 hogares de ancianos (26.335 plazas totales).
Con la "Tarea Ordenamiento" (2021) la tarifa de hogares de ancianos pasó de 217 a 1.260 pesos mensuales, casi lo mismo que la pensión asistencial (1.528 pesos), dejando a muchas familias fuera de la cobertura.
Maylin Fernández Suris considera que el marco legal cubano ha evolucionado formalmente en materia de protección al adulto mayor desde la Constitución de 2019, el nuevo Código de las Familias y el reciente Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Las normas reconocen derechos a la dignidad, autonomía, asistencia social, alimentos y protección frente a la violencia.
Sin embargo, la abogada sostiene que "la principal distancia no está en la ausencia de normas", sino en la falta de recursos materiales e institucionales para convertir esos derechos en protección cotidiana efectiva.
En este escenario, el Sistema de Atención a la Familia (SAF) ha visto crecer su lista de esperas y denuncias: pasó de atender 59.000 personas en 2023 a 67.000 en 2025, pero actualmente sus comedores están prácticamente vacíos, con pocos alimentos de pésima calidad.
La escasez de apoyos estatales se refleja en historias como la de Isabel Mendoza, poeta cubana en Santiago de Cuba, vista pidiendo dinero en la calle para alimentar a su esposo enfermo. Su caso, grabado en video y comentado por activistas, se ha convertido en otro símbolo del abandono estatal que viven los ancianos en Cuba.
Organizaciones comunitarias y religiosas se ven forzadas a intervenir. Por ejemplo, solo en febrero de 2026 se donaron unas 200 sillas de ruedas en la provincia de Granma para aliviar la "insuficiente" distribución estatal.
El ministro de la Industria, Eloy Álvarez, reconoció que las 3.115 sillas entregadas en 2025 (y 2.000 previstas para 2026) no bastan para las personas con discapacidades y ancianos. Como paliativo se empezarán a entregar 11.000 bastones, 5.000 andadores y 3.000 muletas este año. Sin embargo, estos esfuerzos llegan tarde: Cuba ya "es el país más envejecido de América Latina" (25,7% de mayores de 60 años en 2024), y la demanda de cuidados y equipamiento crece mientras los recursos estatales se restringen.
La asistencia social ha pasado así "del paternalismo al sálvese quien pueda". El Código de las Familias zanjó el tema trasladando la responsabilidad de la subsistencia al entorno familiar, precisamente cuando la emigración masiva ha desintegrado muchas redes familiares, recuerda Fernández Suris.
La abogada considera que exigir legalmente a las familias asumir el cuidado de los adultos mayores puede resultar "irracional" en medio de una crisis estructural como la cubana. Aunque el deber familiar existe en la legislación, aclara que solo sería sostenible si hubiera "corresponsabilidad estatal real".
"El derecho puede exigir solidaridad familiar. Lo que no puede exigir es capacidad donde existe precariedad estructural", afirma.
La jurista también advierte que muchas familias sobreviven con salarios insuficientes, cuidan simultáneamente a niños o enfermos, o dependen de remesas irregulares. En esas condiciones, trasladar completamente el costo económico y humano del envejecimiento termina reproduciendo nuevas vulnerabilidades.
Como advierte un estudio publicado por la revista Entre Diversidades sobre las consecuencias de la Tarea Ordenamiento, la ley "no puede hacer recaer en los hijos la responsabilidad de alimentar a sus padres jubilados, debido a que estos reciben pensiones que no garantizan su subsistencia elemental".
En la práctica, más de un 94% de ancianos, encuestados por DIARIO DE CUBA, señala resolver sus necesidades con la familia o por su cuenta, y solo un 5,8 % con "el Estado o sus instituciones". Cada vez más, la familia y los vecinos son quienes atienden a los mayores.
La experta en políticas sociales Fernández Suris insiste en que el cuidado de un adulto mayor no se limita a "darle un plato de comida". Habla de una cadena de necesidades que hoy recaen casi totalmente sobre las familias: camas clínicas, pañales, medicamentos, sillas de ruedas, andadores, material sanitario y adaptaciones básicas en la vivienda.
"El Estado se ha desentendido de una gran parte de las necesidades de los ancianos", sostiene.
Aumento de pensiones: ¿respiro o cortina de humo?
El "incremento parcial de las pensiones" anunciado en 2025 —que subió a 3.056 pesos la pensión mínima y ajustó las del rango de 2.473 a 3.999 pesos hasta 4.000 pesos— oficialmente debía benericiar al 79%-88% de los pensionados (entre 1,3 y 1,5 millones de personas). Pero esta medida aparentemente social fue duramente cuestionada: incluso el medio oficial Granma reconoció que para financiarla son necesarios unos 25.000 millones de pesos anuales (2.000 millones mensuales).
Con la tasa informal de este lunes 8 de junio, situada en los 625 pesos cubanos por dólar, una pensión de jubilación de 3.056 pesos equivale a apenas unos 4,89 dólares mensuales; incluso con la tasa oficial del Banco Central de Cuba, de 533 pesos por dólar, la pensión no llega a los seis dólares.
El economista Mauricio de Miranda advierte que "los aumentos de las pensiones sin un respaldo productivo generarán más déficit", y que si ese déficit se financia con emisión monetaria, el resultado será "mayor inflación". En otras palabras: "no servirán para nada los aumentos nominales de las pensiones".
El economista vincula además la crisis de los jubilados con el acelerado envejecimiento demográfico. La caída de la natalidad y la emigración han elevado la tasa de dependencia económica, comprometiendo "la sostenibilidad del gasto social" y empujando potencialmente a mayor déficit fiscal y deuda pública.
"La única forma en la que se puede aliviar la situación de los pensionados sin incrementar el déficit fiscal es logrando un crecimiento económico sostenido", plantea. En su opinión, eso solo será posible mediante "una apertura profunda a la producción privada de bienes y servicios".
Para muchos jubilados, la promesa de mejoras no cambia la realidad diaria: seguirán sacrificándose para comprar lo indispensable. Los datos oficiales indican que la proporción de mayores de 60 años subirá al 36,4 % de la población en 2050 (hoy es del 25,7%). En ese futuro demográfico acelerado, las "reformas" anunciadas se sienten más como maquillaje. Mientras tanto, la inflación real y el "bloqueo petrolero" parcial empeoran las cosas.
Para Elaine Acosta, la crisis de cuidados seguirá agravándose en una sociedad que envejece aceleradamente mientras disminuyen las capacidades estatales y familiares para sostener a la población dependiente. A su juicio, el problema no podrá resolverse únicamente trasladando responsabilidades al mercado o a las familias.
También cuestiona que el Estado limite el papel de organizaciones independientes y redes comunitarias que podrían aliviar parte de la crisis de atención a los mayores. "No se ha favorecido que la sociedad civil independiente, perseguida y criminalizada, pueda desarrollar una labor extensiva en este ámbito", afirma.
Estrategia oficial: resistir con sacrificios
El discurso gubernamental promueve la resignación: "resistencia creativa", "sacrificio" y "talento del pueblo" son las frases de los últimos tiempos. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha exhortado a los cubanos a usar fogones alternativos y fomentar producciones locales, pero sin decir cómo tendrá que llegar la comida a millones de hogares sin recursos.
Como señala Dinorah, otra ciudadana entrevistada, "hablan (las autoridades) de carbón, de fogones alternativos y de resistencia creativa, pero nada de alimentos". En los medios oficiales se insiste en promover la producción en cada localidad, acompañada de una nueva canasta alimentaria "diferenciada" (subsidios focalizados), pero muchas familias sufren que esas promesas se quedan en el papel.
Las voces expertas coinciden en un punto central: el drama de los jubilados cubanos ya no puede explicarse solo como consecuencia de bajos ingresos o inflación. Es parte de la crisis estructural, en la que confluyen envejecimiento acelerado, deterioro institucional, emigración masiva y debilitamiento de las redes de apoyo.
En ese contexto, la vejez en Cuba se convierte cada vez más en una experiencia marcada por la precariedad, la dependencia y el abandono.
"Deambulando, pidiendo limosnas, recogiendo latas, haciendo cosas que uno nunca pensó que iba a ver en personas mayores", lamenta Manolo desde Cienfuegos, mientras enumera los "precios imposibles" de una libra de frijoles, un pan, un refresco, una croqueta: "cualquier compra mínima consume una pensión completa".
"Ese dinero cuando cae en mis manos, a los cinco o seis días se va. ¿Quién vive con eso? No se puede", cuenta desde la misma ciudad otro anciano. "Y hasta que vuelva a cobrar, ¿qué como yo?", concluye.
