El Gobierno cubano autorizó en noviembre de 2025 la creación de residencias privadas para el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad, una medida que formaliza la creciente privatización de un servicio que durante décadas fue presentado como parte central del sistema de protección social estatal.
El Acuerdo 10249/2025 del Consejo de Ministros, publicado a finales de febrero de este año en la Gaceta Oficial, permite que pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cooperativas y trabajadores por cuenta propia gestionen centros de cuidado diurno, permanente o mixto. La decisión se integra en el Decreto 109 o Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, que en teoría articula la política pública de cuidados.
Para operar estos servicios deberán obtener un aval del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) a nivel municipal que certifique el cumplimiento de las condiciones sanitarias, técnicas y organizativas, además de una licencia sanitaria para los locales donde funcionen las residencias.
La norma también obliga a que el personal —incluidos titulares y socios que no participen directamente en el cuidado— reciba capacitación acreditada por el propio MINSAP a través de las escuelas de cuidadores. No indica si el personal encargado debe tener algún tipo de formación técnico profesional especializada o experiencia previa en este servicio.
Además, el texto señala que el Ministerio será responsable de garantizar la atención médica y estomatológica de los beneficiarios, organizar los cursos obligatorios y otorgar las licencias sanitarias.
Sin embargo, Maylin Fernández Suris, abogada especialista en derecho de familia, advierte que el acuerdo deja algunos vacíos: "es muy vago y solo habla de autorizaciones", mientras cuestiones como los precios orientativos o los procedimientos concretos deberán definirse en regulaciones posteriores.
Fernández Suris considera que la medida formaliza una tendencia que ya existía: "cuando el sistema público no logra cubrir la demanda, las familias recurren a soluciones improvisadas. Ahora se da el giro hacia lo privado en uno de los ámbitos más sensibles", comenta.
El nuevo esquema establece que, al menos el 10% de las plazas de las residencias privadas deberá destinarse a personas consideradas vulnerables, con tarifas reguladas o apoyadas por la asistencia social. Por su parte, el Ministerio de Finanzas y Precios definirá incentivos y regulaciones. Aun así, señala Fernández Suris, "el grueso de los costos recaerá en las familias".
Un país que envejece más rápido de lo que puede cuidar
La medida llega en un contexto de envejecimiento acelerado de la población cubana. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el 25,7% de los cubanos tenía 60 años o más al cierre de 2024, uno de los porcentajes más altos de América Latina. Provincias como Villa Clara (29,1%) y La Habana (28,1%) encabezan esta lista.
El número de jubilados también continúa en aumento. En 2024, Cuba registró 1.682.000 pensionados, unos 20.000 más que el año anterior.
Este cambio coincide con la erosión de las redes familiares tradicionales, afectadas por la baja natalidad y la emigración sostenida de población joven. Cuba pasó de 9,7 millones de habitantes al cierre de 2024 a unos 9,6 millones en la actualidad, cifra que podría reducirse a 8,6 millones si se considera la población efectiva, según el demógrafo Juan Carlos Albizu Campos.
Según sus cálculos, en apenas tres años han emigrado más de dos millones de cubanos, una salida que duplica holgadamente lo que reflejan las estadísticas oficiales, centradas casi solo en quienes se van a Estados Unidos.
Un estudio reciente del proyecto Cubadata refleja la magnitud del fenómeno: el 60,6% de 10.248 cubanos encuestados tiene en su hogar al menos una persona que necesita cuidados continuos, y más de dos tercios convive con un adulto mayor de 65 años.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que para 2030 habrá en Cuba más de 24 octogenarios por cada 100 adultos mayores de 50 años. En tanto, para 2055 el grado de dependencia podría alcanzar el 71%, lo que anticipa una creciente presión sobre los cuidadores.
Un sistema estatal con capacidad limitada
El sistema público de cuidados ya enfrentaba limitaciones estructurales.
Datos oficiales citados por el medio oficial Cubadebate indican que al cierre del primer trimestre de 2024 el país contaba con 303 casas de abuelos con algo más de 10.000 plazas y 157 hogares de ancianos con capacidad para más de 26.000 personas entre servicios de día y admisión permanente.
Estas capacidades ya resultaban insuficientes hace más de una década, cuando el 18,3% de la población tenía más de 60 años, según el censo de 2012.
A ello se suman los efectos de la crisis económica: apagones, escasez de alimentos, inflación y falta de insumos médicos afectan directamente la calidad de los servicios de cuidado.
El costo del cuidado
En este contexto socioeconómico de la Isla, el cuidado privado ya funcionaba como una solución informal para muchas familias. Diana*, residente en España y natural de Villa Clara, recuerda el costo que tuvo la atención de su suegra en un servicio particular en esa provincia: "35.000 pesos cubanos al mes pagábamos mi esposo y yo", revela.
La cifra equivale a unos cinco salarios estatales medios, que actualmente se sitúan entre 6.500 y 6.800 pesos mensuales, sin incluir medicamentos, transporte o emergencias médicas.
Otro caso ilustra la presión económica del cuidado familiar. Marta*, trabajadora estatal de 56 años en La Habana, dejó su empleo el año pasado para cuidar a su madre con demencia. "Entre la pensión de ella y lo que nos manda mi hermano desde fuera tratamos de resolver, pero pagar un centro privado sería imposible", explica.
Según la socióloga Elaine Acosta, directora del observatorio de envejecimiento Cuido60, más del 80% de la población mayor en Cuba vive exclusivamente de su pensión.
Incluso las pensiones más altas, advierte, difícilmente permitirán pagar los servicios privados: "Solo podrán hacerlo quienes tengan ingresos complementarios o familiares en el extranjero que puedan contribuir", comenta.
Pensiones erosionadas por la inflación
El Gobierno anunció en agosto de 2025 un aumento parcial de las pensiones inferiores a 4.000 pesos mensuales. La pensión mínima pasó de 1.528 a 3.056 pesos, mientras las comprendidas entre 2.473 y 3.999 pesos se ajustaron hasta 4.000 pesos, menos de nueve dólares al cambio oficial del Banco Central de Cuba en la primera semana de marzo.
Según cálculos oficiales, el incremento benefició a entre el 79% y el 88% de los pensionados, es decir, entre 1,32 y 1,5 millones de personas.
Sin embargo, algunos quedaron fuera. Nancy*, de 67 años y residente en Habana del Este, recibe —al ser identificada como una persona en situación "vulnerable"— una pensión de 1.528 pesos. "Es algo más que nada, pero no me alcanza ni para medio cartón de huevos. Me sostiene mi hija que vive fuera", dice.
Una encuesta de Cubadata aplicada en 2023 reveló que el 47,2% de los cubanos entrevistados dejó de comer durante todo un día por falta de alimentos y el 90,5% tuvo dificultades para conseguir comida básica como arroz, huevos y leche.
En 2025, el VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos encontró que ocho de cada diez cubanos mayores de 61 años dejaron de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos. Además, el 14% de los mayores de 70 años continúa trabajando tras jubilarse porque la pensión no alcanza.
Efectos de la comercialización del cuidado
Para la socióloga Elaine Acosta, la autorización de residencias privadas forma parte de un proceso más amplio. "Estamos ante una mercantilización del cuidado en Cuba, que no empezó ahora", explica.
Según la especialista, el proceso comenzó cuando el Estado empezó a reducir su participación directa en los servicios sociales, trasladando responsabilidades hacia las familias y el mercado.
En una primera etapa, el cuidado privado se realizaba de forma informal en domicilios; luego se legalizaron servicios de cuidado domiciliario y agencias privadas; ahora el proceso alcanza instituciones residenciales.
Acosta advirtió que la expansión del sector privado podría generar nuevas tensiones en el sistema público. "Una gran mayoría tendrá que seguir optando por los servicios públicos, que probablemente se vean aún más afectados en su calidad", señala.
Esto podría ocurrir, entre otras razones, por la migración de personal especializado hacia el sector privado, donde podrían encontrar salarios y condiciones laborales más atractivas.
Una carga que recae sobre las mujeres
La crisis del cuidado también tiene un impacto desigual en términos de género. Cifras de Cubadata muestran que las mujeres reportan una carga significativamente mayor que los hombres en el cuidado familiar. Ellas tienen más probabilidades de rechazar ofertas de empleo (29% frente a 19,6%), dejar de buscar trabajo (16,7% frente a 9,6%) o abandonar su empleo (29,3% frente a 19,2%) debido a responsabilidades de cuidado.
Además, las mujeres representan el 63,7% de la población no económicamente activa, y aproximadamente un tercio de ellas se dedica exclusivamente a tareas domésticas.
Para Acosta, la expansión de servicios privados podría aliviar esa carga, pero solo para una minoría: "aliviará a las familias que tengan ingresos suficientes para pagar estos servicios".
También podría reforzar brechas sociales entre quienes pueden pagar cuidados y quienes no.
Una redefinición silenciosa del contrato social
Más allá del impacto económico, Acosta considera que la expansión del mercado del cuidado refleja un cambio más profundo en el modelo social. "El rol del Estado en la provisión de cuidados y en la protección social se ha estado modificando", afirma.
Responsabilidades que antes recaían casi exclusivamente en el Estado se están redistribuyendo hacia familias y otros actores sociales, lo que transforma también la relación de los ciudadanos con estos servicios. "Las personas pasan a ser consumidores o clientes de estos servicios", dice.
En este escenario, el Estado debería desempeñar un papel de regulación y garantía de derechos. Pero la propia investigadora plantea dudas: "¿Podrá hacerlo si no ha sido capaz de fiscalizar sus propios servicios públicos?", cuestiona.
El debate ocurre además en medio de transformaciones más amplias en la política social. El Gobierno anunció, a mediados de febrero, cambios en la distribución de productos de la libreta de racionamiento en La Habana, con un sistema que pretende ahora "subsidiar a las personas y no a los productos".
En zonas rurales o aisladas, el abastecimiento alimentario se apoyará en Hogares de Alimentación Comunitaria gestionados por privados, según informó el periódico oficial Tribuna de La Habana.
Para Acosta, cualquier reconfiguración del sistema de cuidados debería incluir también a actores comunitarios y organizaciones de la sociedad civil. "Es importante exigir participación ciudadana en la redistribución de estos servicios", apunta.
En opinión de la abogada Fernández Suris, el Acuerdo 10249/2025 "no es solo una disposición administrativa, es un síntoma del reconocimiento implícito de que el Estado ya no puede sostener en solitario la promesa histórica de protección integral. El desafío es práctico, no ideológico. El país no solo envejece, también decide, a golpe de crisis, quién tendrá una vejez digna y quién deberá seguir 'resolviendo' por su cuenta hasta el final".
*Algunos de los nombres en este texto fueron cambiados para proteger a los entrevistados.
