El régimen de Cuba vuelve a someterse al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el anterior EPU, en 2018, recibió 339 recomendaciones y aceptó 226, pero la realidad demuestra que La Habana ha hecho caso omiso a la mayoría de las cuestiones, incluidas las que supuestamente asimiló.
Para esta nueva edición del escrutinio, la percepción de los cubanos sobre la materialización de las recomendaciones vinculadas con políticas públicas es que ha sido casi nula. De hecho, se observa un decrecimiento, no solo en cantidad sino en la eficacia de estas políticas.
¿Cuáles fueron las recomendaciones hechas al Gobierno cubano en el último EPU sobre políticas públicas o sociales?
En una revisión de las sugerencias realizadas a La Habana en el examen anterior, DIARIO DE CUBA halló más de 43 cuestiones relacionadas con las políticas públicas.
"Continuar con medidas para prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género; combatir el racismo y la discriminación racial y contra las mujeres; ampliar medidas para prevenir y tratar enfermedades; fomentar el acceso a la información y a la cultura; fomentar la igualdad en el acceso a oportunidades de trabajo; fortalecer leyes para proteger los derechos laborales y sociales; mejorar medios de protección a personas en condición de vulnerabilidad", son algunas de las recomendaciones.
La Habana recibió en 2018 una llamada de atención para que desarrollara "iniciativas para proteger y apoyar a las personas de la tercera edad", para "fomentar medidas que beneficien a los jóvenes habitantes de zonas rurales", para que garantizara "los derechos económicos, sociales y culturales", así como "el derecho a la alimentación, especialmente a los niños", para que realizara más "progresos para combatir desigualdades sociales" y mejorara "servicios de salud y prestaciones sociales", incluidos "el acceso a la educación sexual y la salud reproductiva".
En la salud pública y la educación, las principales banderas de la propaganda castrista, las recomendaciones fueron numerosas: "desarrollar políticas para acceder a servicios médicos de calidad; consolidar la calidad del sistema de salud; continuar con el acceso universal y gratuito al sistema de salud; asegurar el acceso universal y gratuito a la educación; mejora la educación artística; continuar fomentando la calidad de la educación; continuar fomentando la realización del derecho a la educación; fomentar la igualdad de oportunidades educativas para las mujeres y las niñas".
Al Gobierno cubano también se le exhortó a mejorar la calidad de los servicios de las instituciones culturales; fortalecer el sistema de educación especial para niños, adolescentes y jóvenes; la adopción de medidas para incrementar el número de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles de enseñanza; promover la igualdad entre hombres y mujeres; empoderamiento de las mujeres; aplicación de la perspectiva de género en las políticas nacionales".
La "adopción de medidas para exaltar actividades de los jóvenes; promover el interés superior del niño; protección de los derechos de las personas con necesidades especiales; mejoramiento del marco jurídico referente a personas con discapacidad; apoyo a organizaciones cubanas de personas con discapacidad" fueron otras recomendaciones.
El EPU de 2018 también exhortó a La Habana a "brindar servicios de protección y bienestar social a las madres de niños con discapacidad; priorizar esfuerzos y políticas que atiendan necesidades de personas con discapacidad, y aplicar reformas a la política de inmigración en beneficio de los cubanos".
La realidad de las políticas sociales cinco años después
El panorama de las políticas públicas en Cuba es gris. Las redes sociales, uno de los pocos mecanismos que tienen los cubanos para mostrar sus inconformidades con el sistema y los problemas sociales, son el gran testigo. Allí han quedado expuestos los verdaderos problemas con el acceso a la salud pública y sus precarias condiciones, en medio de escasez de medicamentos y de tratamientos adecuados para enfermedades crónicas. Son cada vez más frecuentes en estos espacios virtuales los pedidos desesperados para personas necesitadas de tratamientos o intervenciones quirúrgicas que los médicos en la Isla se ven incapaces de asumir.
La crisis de la salud pública choca con el hecho de que se trata de un sector que aporta divisas gracias a la venta de los servicios profesionales. Una parte de estas ganancias se deben destinar a mejorar el sistema de salud nacional, pero en la práctica no se ven resultados.
Precisamente, en 2018 DIARIO DE CUBA sacó a la luz una investigación sobre esta cuestión. El reportaje demostró que en los 20 años anteriores, 120 hospitales y 20.000 camas "desaparecieron" de las estadísticas oficiales.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó en 2022 una tasa de mortalidad infantil de 7,5 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que equivale a 39 fallecidos menos que en 2021, cuando ese indicador fue de 7,6, el más alto en dos décadas, y un aumento del 55% con respecto a 2020.
De los 168 municipios de la Isla, solo en 21 no hubo fallecidos menores de un año, según el informe.
En lo que va de año las autoridades han salido a exculpar a los médicos y otros profesionales de las muertes de bebés que han tenido gran repercusión en las redes sociales por las denuncias de sus padres.
Las políticas para los jóvenes están lejos de dar frutos en medio del aumento de la migración legal e ilegal. Según una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los jóvenes consideran como el problema fundamental de Cuba su sistema político y el 74% valora negativamente la gestión económica y social del Gobierno.
Nada nuevo se ha generado respecto a la protección de las personas con discapacidad. El Código de las Familias reconoció derechos e instituciones para garantizar la vida en sociedad de estas personas, sin embargo, hasta la fecha poco a nada se ha implementado. También en Facebook son constantes los casos expuestos de personas incapacitadas por la edad, cuestiones de salud y accidentes cuyos familiares se sienten en abandono total por parte de las autoridades.
Sobre la alimentación, a mediados de diciembre último Miguel Díaz-Canel tuvo que reconocer que el país cuenta con una ley de alimentación, pero no hay comida; una ley de pesca, pero no hay pescado, y estaba a punto de aprobar una ley de fomento de la ganadería, pero no hay ganado.
Sin escarbar demasiado en el tema y mencionar tan solo un producto básico en la dieta de los cubanos, está el caso del arroz. La producción nacional no cubre la demanda y el país depende de donaciones.
La semana pasada, una larga cola para comprar arroz se formó en el mercado conocido como "El Grocery de la Caridad", en el municipio cabecera de Camagüey, una provincia productora del cereal.
Según varios presentes en la cola, el Estado anunció la venta "por la libre", pero de acuerdo a los funcionarios del Gobierno encargados de controlar el expendio, se venderían diez libras de arroz por persona, a nada menos que 72 pesos cada una.
Un artículo del medio estatal Granma admitió en enero que la producción de ese alimento ha caído en picada desde 2018 y el panorama no mejorará en 2023.
El Gobierno tuvo que reconocer en marzo de 2022 que 2021 fue uno de los peores años de la agricultura en Cuba, y la situación de desabastecimiento no ha hecho más que empeorar hasta hoy.
Como un último ejemplo de políticas sociales sin cumplir, las mujeres cubanas siguen desprotegidas frente a la violencia machista y la discriminación. Aunque los movimientos feministas reclaman reiteradamente la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género, el Gobierno de Cuba se limita a dar publicidad a un programa que relega aún numerosas cuestiones y no es capaz de atajar la oleada actual de feminicidios.
Apenas cuatro días después de que Miguel Díaz-Canel anunciara por primera vez "cero tolerancia" contra la violencia machista en Cuba, las plataformas de la sociedad civil independiente que monitorean sin apoyo estatal ese flagelo elevaron los feminicidios en la Isla a 26 en poco más de cuatro meses.
