"La escalada de represión en Cuba se cobra 19 nuevos presos políticos en mayo y alcanza un total de 1.113", dijo la organización independiente Prisoners Defenders en su informe más reciente, en el que insiste en la alta vulnerabilidad de manifestantes y periodistas independientes ante el esquema represivo del régimen.
Según Karen Herrera, directora jurídica de Prisoners Defenders, de esos 19 presos políticos nuevos, "11 fueron detenidos arbitrariamente y en violación de todo debido proceso por participar el 28 de mayo en las manifestaciones de Juraguá, en Cienfuegos, que surgieron tras llevar más de 14 horas sin servicio eléctrico y nada menos que 27 días con desabastecimiento de agua".
El informe de la organización destacó que, en los últimos 12 meses (1 de junio de 2023 a 31 de mayo de 2024) "la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 182 nuevos presos políticos (un promedio de más de 15 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.213 prisioneros políticos".
Del total de 1.113 prisioneros políticos que permanecen actualmente en las cárceles cubanas, Herrera indicó que "siguen estando en la lista 30 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados cuando eran menores, 27 de ellos aún cumplen sentencia y tres siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna".
"De nuestra lista actual, 225 manifestantes han sido acusados de sedición y 223 ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno", constató Prisoners Defenders.
117 mujeres, incluyendo menores y dos de género trans, siguen actualmente en prisión política o cárcel domiciliaria, "fuertemente amenazadas", precisó Herrera. "Todas las mujeres trans en prisión de conciencia, al igual que las que lo están por delitos comunes, han estado y están encarceladas entre hombres, con todo lo que eso conlleva", denunció.
De los 1.113 prisioneros políticos, el equipo de la ONG identificó a 305 presos con patologías médicas graves, sin tratamiento médico adecuado. "La causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención", detalló Herrera.
"Alertamos en nuestro comunicado del operativo represivo a gran escala contra la prensa independiente, detenciones, interrogatorios, multas y decomisos contra periodistas en toda la Isla, que son amenazados con largas condenas y cadenas perpetuas si continúan realizando su trabajo", subrayó la jurista.
En mayo, fueron cinco los prisioneros políticos que salieron de la lista de Prisoners Defenders, "tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta, mientras otra, Lisdany Rodríguez Isaac, fue excarcelada con licencia extrapenal por las intercesión de la Relatoría sobre la libertad de religión o de creencias de las Naciones Unidas, que alertó sobre las torturas que le eran infringidas para obligarla a abortar, y la movilización solidaria de la prensa internacional como respuesta a la denuncia de Prisoners Defenders para evitar la muerte del bebé", recalcó la organización.
"También identificamos más de 11.000 civiles, jóvenes, afrocubanos en su inmensa mayoría, no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de dos años y diez meses de prisión, que sufren condenas debido al nuevo Código Penal y su desobediencia penal precriminal implantada mediante los nuevos artículos 434.1 y 189.3 para continuar con el control social ejercido durante décadas por la peligrosidad social predelictiva", concluyó Herrera.
