La Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó recientemente al régimen cubano por "las graves violaciones sistémicas al debido proceso" en la Isla, informó este lunes la ONG Prisoners Defenders (PD).
"Naciones Unidas alimenta la esperanza para la liberación de los presos políticos en Cuba", celebró la institución, encargada de la denuncia presentada sobre el tema en julio de 2023 ante el ente global y que motivó la carta acusatoria firmada por seis relatores de la ONU.
Según un informe de PD, la denuncia está fundamentada a partir de la inexistencia en Cuba de abogados independientes, la privación de libertad sin tutela judicial, la dependencia de fiscales y jueces del poder político, los peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación, la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, los tribunales militares y las causas sumarias. Estas serían, en opinión de PD, "las principales violaciones" del régimen al debido proceso, "a lo que se suma la negación de la libertad de asociación", añadió la ONG.
Según el informe de PD, el régimen cubano viola de forma sistemática el debido proceso para quebrantar "los derechos de todos aquellos que considera 'desafectos a la Revolución', sean o no activistas de derechos humanos, sean o no manifestantes". Es "una situación que afecta a todas y cada una de las causas penales en Cuba y, en particular, a los más de 1.500 presos políticos que ha documentado PD solo desde 2021", destacó la organización.
"Las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata", suscribieron los firmantes de la carta de la ONU.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, manifestó "el compromiso de PD de seguir trabajando para erradicar el entramado procesal de violación de los derechos de todos los procesados, condenados y presos políticos y de conciencia en Cuba".
"Las organizaciones activas en la defensa jurídica frente a las arbitrariedades cometidas contra miles de presos políticos y de conciencia en Cuba, y los propios relatores, siguen trabajando por transparentar y denunciar la falta de debido proceso en Cuba", subrayó PD.
En tal sentido, la carta acusatoria añadió: "Deseamos informar al Gobierno de su Excelencia que luego de haberle transmitido la información contenida en la presente comunicación al Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias podría también remitir un caso [multitudinario, por primera vez en su historia] a través de su procedimiento ordinario a fin de que se pronuncie sobre si las privaciones de la libertad fueron arbitrarias o no. La presente comunicación no prejuzga en modo alguno la opinión que pueda emitir el Grupo de Trabajo. El Gobierno está obligado a responder por separado a la carta de alegación y al procedimiento ordinario".
"Consideramos que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas. El comunicado de prensa indicará que hemos estado en contacto con el Gobierno de su Excelencia para aclarar las cuestiones relevantes”, concluyó la carta.
A pesar de que los relatores fueron explícitos con la condena, no consta en la página web de la ONU que el Gobierno cubano haya respondido en plazo, 60 días, por lo que es de suponer que tal respuesta no se ha producido, pues sería una obligatoriedad de los Procedimientos Especiales haber publicado la respuesta.
