El régimen condenó por motivos políticos a otros 24 cubanos en abril último, lo que elevó la cifra total de presos políticos a 1.048, indicó en su más reciente informe la ONG Prisoners Defenders (PD), que monitorea las violaciones de los Derechos Humanos en la Isla. La organización, con sede en Madrid, aseguró que en Cuba "todos los prisioneros políticos son torturados".
Prisoners Defenders detalló que ha documentado de manera minuciosa testimonios de tortura en más de 100 casos de presos del 11J. En conversación con DIARIO DE CUBA, Javier Larrondo, presidente de la mencionada ONG, listó 15 tipos de torturas aplicadas un panorama que calificó de "desolador":
—Privación de la atención médica a los presos políticos.
—Trabajos y tareas forzados no propios de su condición de procesado o condenado penal.
—Obligación a permanecer en posturas altamente incómodas, dañinas, degradantes y prolongadas.
—Confinamientos prolongados en solitario.
—Uso de la temperatura como mecanismo de tortura.
—Agresiones físicas.
—Conducción de forma anormal a localizaciones desconocidas para reos y familiares.
—Desorientación intencionada.
—Privación de líquidos y/o alimentos.
—Privación del sueño intencional.
—Privación de comunicación con familia, abogados defensores y allegados.
—Amenazas para los presos, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos.
—Despliegue o exhibición amenazante de armas o elementos de tortura.
—Sometimiento intencionado a angustia, pesar o incertidumbre por la situación de un familiar.
—Humillación, degradación y maltrato verbal.
PD ha realizado una denuncia detallada de 101 casos ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, logrando críticas públicas de este organismo al régimen cubano. "Solo en los últimos 12 meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 256 nuevos prisioneros políticos en Cuba", puntualiza en informe.
De la cifra total de presos políticos que recoge el documento, varios son niñas y niños que han sido condenados a "durísimas penas" por ejercer su libertad de manifestación y asociación.
Sobre las sanciones de los 1.048 prisioneros políticos que hay en Cuba a día de hoy, PD dijo que esas condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías han ocurrido en muchos casos "sin supervisión judicial alguna" y sin defensa jurídica, "en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva”.
"Estamos observando que el régimen no consigue controlar la olla de presión de un pueblo que exige libertad y derechos y cualquier mal final puede augurarse ante esa situación. Llamamos la atención de la comunidad internacional para exigir a Cuba un proceso de transición a la democracia y cesar la represión masiva contra su pueblo como ocurrió este fin de semana en Caimanera", alertó Larrondo.
En el mes de marzo PD sumó a su lista de presos políticos 24 nuevos casos, y han sido 42 los que han salido en libertad, "la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta", apunta la organización. Señala que en algunos casos el procedimiento penal fue permutado por una sanción económica.
Hasta el momento, PD cuenta un total 35 menores presos políticos, 31 niños y cuatro niñas. Aún cumplen sentencia 32 mientras y tres están siendo procesados penalmente.
Hay que tener en cuenta que esta elevada cifra, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas, señala la organización.
"Buena parte de los menores se encuentra en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan Escuelas de Formación Integral. En estos centros penitenciarios, con celdas, se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas este mismo 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba", precisa el informe.
Recuerda que este Comité destacó que unos 260 niños de entre 16 y 17 años de edad sufren privación de libertad en prisiones convencionales cada año en Cuba y 18 de los menores "están siendo procesados o han sido ya condenados" por el delito sedición. La pena media para estos casos es de cinco años de privación de libertad, un castigo en promedio "superior al que sufrían, antes del 11J, los adultos en prisión política".
PD precisa que de su lista actual 204 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 202 ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno. A la lista de presos políticos se sumaron tres mujeres este mes y ya son en total 118 las prisioneras que siguen aún con condenas por motivos políticos.
"Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones (...) indescriptibles para su condición sexual", denuncian.
Antes de finalizar la ONG pone la lupa sobre el caso de la presa política Lizandra Góngora Espinosa, quien tiene cinco hijos, y alerta que tanto ella como su esposo "están siendo extorsionados con la amenaza de quitarles la custodia y patria potestad de los hijos si continúan con la defensa de sus derechos humanos".
Subraya que esta misma situación la están viviendo también "varias familias en prisión" y que las autoridades se hacen valer para exponer sus amenazas de algunos artículos del nuevo Código de Familias, que permite la suspensión de la "responsabilidad parental" cuando se observe una conducta que el régimen califique de "viciosa, corruptora o delictiva".
Los los presos comunes les hacen la vida imposible a los presos políticos.