El grupo de detenciones por motivos políticos Justicia 11J denunció al menos 82 incidentes entre violaciones de derechos humanos y actos represivos al interior de las cárceles cubanas, en un informe sobre la situación de los prisioneros durante el mes de marzo, publicado en su perfil de Facebook.
Justicia 11J documentó 32 hechos relacionados con el deterioro del estado físico o emocional, o de la salud física o mental de 37 personas privadas de su libertad. Además, recogió seis denuncias de índole general, concernientes a la calidad de vida de la población en reclusión de uno o varios centros penitenciarios, de una o varias provincias del país.
"Este mes, hacemos especial llamado de atención sobre la propagación de una crisis sanitaria debido a brotes de tuberculosis en centros de detención de al menos tres provincias del país (La Habana, Villa Clara y Pinar del Río), y la posibilidad de que se haya extendido en una cuarta provincia (Camagüey). Estas alertas fueron publicadas durante el mes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)", precisó el reporte.
"Además, preocupan las denuncias sobre la presencia de chinches (Combinado del Este, El Guatao), y hepatitis (Combinado del Este, Pretensado, La Pendiente) en centros penitenciarios de La Habana y Villa Clara, según fue reportado también por el OCDH", añadió.
De acuerdo con Justicia 11J, "continúan las denuncias sobre la deficiente alimentación en las prisiones". La ONG recogió declaraciones que mencionan esta situación en las prisiones de Boniato, El Guatao, la Provincial de Guantánamo, la Provincial de Pinar del Río, El Guayabo, Agüica, Villa Marista, Kilo 7, Kilo 8 y Kilo 9 (estas tres últimas, de Camagüey).
"Según testimonios, la repercusión de la mala alimentación en la salud de los reclusos ha sido reconocida por el Estado, que ha empezado discretamente a tomar medidas en función de revertir los daños en la población más visiblemente afectada", señaló el informe.
"Este mes trascendió la creación de un destacamento especial en la prisión Kilo 7, en Camagüey, donde se han reagrupado al menos 30 reclusos malnutridos, resultantes de un primer sondeo que debe continuar en los próximos días, según el testimonio de Liosnel López Arocha, manifestante del 11J condenado a 12 años de privación de libertad. Esta medida también ha sido tomada en el penal femenino Granja 5, en Camagüey, donde mantienen aisladas del resto de la población carcelaria a las reclusas embarazadas y con muy poca atención nutricional", agregó.
Para Justicia 11J, "resulta alarmante la persistencia de denuncias sobre la negación de medicamentos a quienes los han solicitado, y también, la medicación indebida a personas con condiciones siquiátricas catalizadoras del intento de suicidio, y cuyos efectos han implicado peligros inminentes para la vida, como se evidenció en septiembre de 2022 en el caso del manifestante del 11J Amalio Álvarez González, quien se autolesionó la cabeza, ocasionando una herida que requirió 14 puntos de sutura".
Álvarez González sufre de alcoholismo y cuando lo encarcelaron no le dieron ningún tipo de tratamiento y padeció abstinencia, lo cual lo desestabilizó, explicó el grupo.
"Se ha negado durante el mes el cambio de régimen de mayor a menor severidad, o revisión del caso, a cuatro presos políticos con enfermedades crónicas o padecimientos de siquiatría, bajo pretextos diversos, como el 'no estar reeducado'. Se encuentran en esta situación: Lázaro Yuri Valle Roca, Walnier Luis Aguilar, Yasmani López Padierne y Loreto Hernández", citó.
Justicia 11J denunció que "se reportó la apertura de nuevos procesos penales a Abel Lázaro Machado Conde, y más recientemente (a inicios de abril) a Brenda Díaz. Ambos manifestantes del 11J presentan condiciones marcadas de vulnerabilidad y, además, resultaron víctimas en los eventos por los que ahora serán enjuiciados. Abel Lázaro Machado Conde es paciente de siquiatría, y Brenda Díaz vive con VIH".
La organización advirtió de que "estos y otros eventos represivos o privativos de derechos han suscitado la realización de huelgas de hambre como forma de protesta" y durante el mes de marzo "al menos cuatro personas en prisión las iniciaron". Se trata de los presos políticos Mario Alberto Hernández Leyva, Alexander Ruiz Pérez "Polvorín" y Abel Lázaro Machado Conde, y el preso común Luis Yoilán Puebla.
"Todo ello se vuelve aún más preocupante en un entorno en el que se fomenta la falta de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familiares, como ha sucedido en especial durante el recién finalizado mes de marzo, en el que documentamos denuncias sobre la restricción de las llamadas telefónicas en siete centros de detención de seis provincias del país. Los establecimientos penitenciarios son: Combinado del Este, Prisión de Guanajay, Prisión de Quivicán, Prisión de Agüica, Mar Verde, Prisión de Canaleta y la Prisión Cuba-Panamá", señaló el informe.
Otros eventos específicos documentados fueron: hacinamiento y falta de condiciones sanitarias (Prisión de Agüica); negación de asistencia religiosa (Kilo 8 y Kilo 9, en Camagüey); golpizas, maltratos o agresiones (Cerámica Roja, Jóvenes de Occidente, Combinado del Este), y traslados arbitrarios y repentinos desde/en establecimientos penitenciarios (12 traslados, contemplados los aislamientos en celdas de castigo).
Justicia 11J compartió la situación individual de 21 reclusos con problemas de salud, entre ellos los prisioneros políticos José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Lázaro Yuri Valle Roca, Angélica Garrido, Maikel Puig Bergolla y Ángel Jesús Véliz Marcano.
