Vivir con VIH en privación de libertad en Cuba

Casi dos de ocho años de condena ha cumplido Daysi Rodríguez Alonso desde su detención el 12 de julio de 2021, a solo 24 horas de haberse subido a una patrulla que otros volcaron durante la protesta de Toyo, en La Habana. Rodríguez Alonso, de 40 años, que vive con VIH desde los 25, compartía un reducido espacio con más de 20 familiares en la casa numerada con el 439 en la Calzada de 10 de Octubre. Ahora reside en una celda donde ha lidiado con varios padecimientos y, lo peor, muy pocos medicamentos.

"Nada para la anemia. Nada para el sida. La comida sigue siendo seso de puerco y harina. Las celdas de castigo, por si se portara mal, son unas cavernas húmedas y mugrosas como las que pudrieron a su tío difunto", se lee en un reportaje del periodista Manuel de la Cruz, publicado por Cultura Democrática y que profundiza en la vida de Daysi, la persona número 5.869 en contagiarse con el Virus de Inmunodeficiencia Humana en Cuba, y una de las 1.812 personas que entre el día del estallido social del 11J y la fecha han sido detenidas en el país por motivos políticos, en contextos de protesta. Forma parte, además, de la estadística recogida por Justicia 11J de 675 personas que se mantienen encarceladas. Entre ellas, incluyendo a Daysi, 57 mujeres.

Pero si a Daysi la captaron las cámaras por solo unos segundos encima de una patrulla y eso fue suficiente para abrirle un caso penal y ponerla en prisión, no muchos más elementos necesitaría la Seguridad del Estado para amañar el proceso contra el joven LGBTI+ y VIH positivo Yoan de la Cruz, a quien el 23 de julio, alrededor de las 5:00PM, uniformados de la patrulla número 151 recogieron frente a su casa.

Inicialmente la Fiscalía cubana le pidió ocho años de cárcel por transmitir en vivo, vía Facebook, la protesta del 11J en San Antonio de los Baños, detonante de otras en decenas de localidades de Cuba. Miles de personas supieron de las manifestaciones contra el Gobierno gracias a la directa del joven. Esto sirvió como pretexto a la Seguridad del Estado para ubicarlo como cabecilla y provocó que desde su encarcelamiento permaneciera casi incomunicado a la espera de juicio en la prisión de Melena del Sur, Mayabeque, hasta que resultó sancionado, en primera instancia, a seis años de privación de libertad. Tras la apelación, Cruz recibió una sanción subsidiaria de trabajo correccional sin internamiento por cinco años. Sin embargo, nada cambia sus experiencias en centros de detención.

Los primeros 20 días tras el arresto, Yoan los pasó en una prisión en Guanajay, lejos de su lugar de residencia en San Antonio, por lo que visitarlo se le hacía difícil a su madre en un contexto de restricciones impuestas a causa de la Covid-19. En la prisión a la que lo llevaron posteriormente, la comida era igual de escasa y carente de calidad —denunció un reportaje de Yucabyte—, al punto de que el pollo se convertía en lujo esporádico cuando, mínimo, una persona VIH positiva debe recibir una dieta de carne de res. Durante meses, su madre le proveyó la carne que permitió la deficiente economía familiar. En medio de la precariedad, Yoan tuvo que soportar vejaciones de tipo moral lesivas a sus derechos humanos, en tanto los propios agentes del Estado le llamaban "maricón" en modo despectivo.

No ha sido distinto para la manifestante trans Brenda Díaz, a quien en la prisión, al raparle la cabeza, la despojaron de uno de los símbolos que para ella representan su identidad de género. Su madre dijo a la reportera Mel Herrera que Brenda vivía para su pelo, por lo que fue bastante doloroso para ella que se lo arrebataran. Peor aún, a la joven la instalaron en una sección penal que no se corresponde con su identidad de género, sin que quede constancia de que para esto se obtuviera su consentimiento. Se trata del pabellón de hombres de una cárcel (binaria) del municipio de Güines, provincia de Mayabeque, que dispone de una sección para cada género (femenino o masculino), y está concebida para personas que, como Brenda, son portadoras del VIH.

El jueves 4 de agosto de 2022, la agencia EFE indicó que un recurso de casación presentado en favor de la manifestante del 11J, extensivo a otras 20 personas, tuvo como resultado que a 11 de ellas se les rebajara la condena en al menos seis años.

Sin embargo, Brenda Díaz no fue beneficiada con esta revisión y, además de recibir la sanción accesoria de decomiso del vestido de mujer estampado con flores que llevaba puesto, se mantiene bajo sentencia de 14 años de privación de libertad en penales donde también ha sufrido, según denuncia su madre, agresión sexual. De acuerdo con un testimonio obtenido en exclusiva por Justicia 11J, Brenda fue agredida sexualmente de manera sistemática por un preso común. No hubo seguridad para Brenda en el primer centro penal donde estuvo, ni la hay donde se encuentra ahora, en una cárcel exclusiva para personas VIH+, una de varias de su tipo existentes en el país.

Centros de reclusión solo para personas VIH+

Las normas internacionales conciben el principio de separación como una medida aplicada para ayudar a proteger la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, para facilitar un mejor seguimiento individual de estas, y para contribuir a su rehabilitación. También facilitan la gestión adecuada de la prisión. Sin embargo, la separación, igualmente justificada en casos en que se pretenda proteger a las personas detenidas en situaciones de especial vulnerabilidad debido a su edad, estado de salud, origen étnico, orientación sexual o identidad de género, no debería ser sistemática ni confundirse con la clasificación.

"Nosotros al que es sano no lo ponemos en el mismo establecimiento que al que tiene VIH sida", dijo en el programa oficialista Hacemos Cuba el coronel Osmani Leyva, segundo jefe de Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT). De hecho, el Reglamento de Ejecución Penal, actualizado en 2022 en Cuba, define como un tipo "especial" de centro de reclusión a las llamadas prisiones "del sida". Justicia 11J ha encontrado referencia de algunos de estos establecimientos en distintas provincias: el de San José, en Mayabeque; el de Santa Clara, en Villa Clara; el de Holguín; El Caguayo, en Santiago de Cuba. El primero de ellos fue abierto a principios de los 2000, según reportaje de CubaNet que ya en 2013 denunciaba corrupción, hacinamiento, deficiente atención médica en ese penal donde un quinquenio después —de acuerdo con un reporte de Martí Noticias— murió Yuniel Cabrera Álvarez. Días antes, sus compañeros, mediante un video, alertaron del deterioro físico de Cabrera y de las pésimas condiciones en que sobrevivían allí.

Tanto el caso de Brenda como los de Daysi y Yoan tuvieron como escenario el occidente de Cuba. En cambio, para el joven LGBTI+ y VIH positivo Yordan Petiton Villart, fue el oriente de la Isla, específicamente el municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba, donde resultó detenido junto a su primo Gerardo García Villart.

Hasta donde consta en los registros de Justicia 11J, Petiton permaneció en la prisión del sida El Caguayo, en tanto el fiscal de Contramestre propuso para él una sanción conjunta de diez años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Tras el juicio celebrado el 13 de diciembre, recibió una condena de siete años. Un video de la protesta en la que el joven participó muestra a un agente del orden en el momento en que desenfunda su arma y apunta a dos jóvenes mientras estos solo exigían su derecho a manifestarse pacíficamente y que otros se les unieran.

Familiares de los imputados en un juicio colectivo dijeron en aquellas fechas a CiberCuba que el agente testificó y atribuyó su acción a una presunta defensa propia, ante una "amenaza de muerte" proveniente de un tercer manifestante. "El que apuntó con un arma a Ibrahim acusa a Gerardo [el primo de Yordan], de que lo amenazó de muerte".

Durante el proceso judicial se informó de un "extravío de evidencias" contenidas en una memoria USB, que serían presentadas por la defensa para probar la inocencia de los acusados. Los familiares denunciaron que los oficiales involucrados en actos de violencia en contra de manifestantes lo negaron todo —a pesar de imágenes que circularon en las redes sociales como prueba irrefutable de la represión policial y paramilitar durante las protestas—, y que "a los abogados de la defensa no les permitieron casi hablar" durante la vista oral.

Entre las imágenes perdidas "por arte de magia" estaría el registro visual de agresiones con palos y piedras cometidas por la Policía y por las que daban por muerto a Ibrahim. Un video documenta el momento en que el joven desfallecido era trasladado a la carrera, colgando de brazos y piernas, tras recibir una brutal paliza. Las penas más altas que se solicitaron en ese expediente fiscal fueron las de Ibrahim Domínguez Aguilar y Yordan Petitón Villart, 15 y diez años respectivamente, seguidas por las de Gerardo y otros, de ocho años.

No se ha podido obtener información sobre la situación actual de la prisión donde se encuentra Yordan ni las condiciones en las que permanece el joven VIH+, si bien la transparencia, la objetividad y el equilibrio en el tratamiento de los temas y el manejo de la información encabezan los principios rectores del Observatorio sobre VIH, Cárceles, Drogas y Trata de Personas.

Este observatorio fue creado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con ONUSIDA "con el fin de fortalecer las capacidades de los Estados Latinoamericanos y del Caribe, poniendo a disposición de los visitantes vasta información de los países de la región que facilita el análisis, la discusión y la elaboración de estrategias con un enfoque multidisciplinario y multisectorial".

La tasa de infección del VIH es superior en el medio carcelario

De acuerdo con el Observatorio de VIH y Cárceles de Latinoamérica y el Caribe, que se define como un sistema interdisciplinario e intersectorial de investigación, análisis, propuestas y comunicación de información relacionada con VIH y sida en los sistemas penitenciarios de la región, "a escala mundial, la tasa de infección del VIH tiende a ser muy superior en el medio carcelario que fuera de él".

En Cuba se suele concentrar a las personas privadas de libertad que viven con VIH en centros especializados e incluso, ante los primeros casos de VIH reportados en la Isla desde finales de los 80, se abrió el Sanatorio especializado Los Cocos, donde fueron acogidas, en un régimen carente de libertad, las personas enfermas. El enfoque de aislamiento no parece haberse desmontado.

Según Cubalex, en informe alternativo para el EPU de 2013, existen establecimientos de media seguridad y centros de mínima seguridad para el alojamiento y atención especializada de internos que viven con VIH o sida. La ONG sostiene que no se llevan a cabo labores de prevención y promoción de salud y que el personal penitenciario no tiene capacitación en cuestiones de salud, especialmente en relación a la prevención del suicidio y cuestiones relacionadas con el VIH/sida y otras enfermedades transmisibles.

"Se reportaron casos de propagación de la epidemia del VIH por relaciones sexuales sin protección, pero también como forma de ser trasladados a centros penitenciarios de menor rigor, especiales para la atención de reclusos portadores de esta enfermedad o el virus, se han vendido jeringas infectadas con el virus", aportó Cubalex.

La investigación El (VIH/sida) y su regulación jurídica en Cuba, de Lisbeth Infante-Ruiz y Ricardo Silva-Zaldívar, adscritos a la Universidad de Holguín, reconoce mediante un estudio de caso —del establecimiento penitenciario especializado de esa provincia— que las personas portadoras del VIH/sida que cometen delitos o que luego de ingresar a la prisión se detectan como seropositivos, radican aparte de los demás reclusos, en la Unidad Especial del Sida.

En este centro, que los autores califican como hospital, "se encuentran cerca de 89 reclusos de las provincias orientales (Granma, Santiago, Holguín, Guantánamo); en ese recinto cumplen la prisión provisional, las medidas de seguridad, el trabajo correccional con internamiento y las demás sanciones. Allí se realiza un trabajo diferenciado con ellos, los que desean trabajan voluntariamente (como jardineros o enfermeros), algunos estudian. Estos sancionados gozan de una alimentación diferenciada y balanceada, disfrutan de una dieta médica específica para las personas con (VIH)", se lee en el documento.

Vía reportes de prensa, en cambio, lo que se conoce es que en esos centros la falta de atención médica y las malas condiciones de vida han sido causas de protestas. En 2015, justo en la prisión especial de enfermos de VIH-sida, de Caguayo, ubicada en el kilómetro 22 y medio de la autopista nacional, Santiago de Cuba, protestaron alrededor de 120 internos, según informó CubaNet. Durante años las personas en reclusión (incluidas las privadas de libertad por motivos políticos) han hecho denuncias desde estas prisiones.

En 2012, Martí Noticias se hizo eco de un comunicado de la Liga Cubana Contra el Sida, una organización independiente, en el que declaraba que en junio de ese año aumentó el número de protestas en las cárceles cubanas para reos con VIH/sida. En varios centros de reclusión en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Santa Clara y la de San José (en Mayabeque), se registraron protestas que "demuestran la inconformidad por parte de la población penal cubana afectada por esta enfermedad". En ese momento habría, según el texto, más de 700 reclusos con VIH o sida, esparcidos en seis establecimientos penitenciarios para el cumplimiento de sus condenas.

Tres muertes

Un informe de Archivo Cuba sobre muertes ocurridas en 2012-2022 a manos de agentes del Estado cubano en presunta violación a la Convención Contra la Tortura, reporta que varias de las víctimas eran seropositivas y otras murieron por brotes de cólera o tuberculosis sin tratamiento. "Fue persistente la negativa o falta de interés de las autoridades carcelarias en proveer tratamiento médico a presos que se quejaban persistentemente o clamaban por ayuda", destacó el documento.

• Caso 1 (documentado como el #316): Arniolkis Frómeta Nápoles murió el 2013-9-12 en el centro penitenciario para enfermos del VIH-sida San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba.
• Caso 2 (documentado como el #421): Ricardo Pagés Moré, de 41 años, murió el 18 de octubre de 2013 en su casa en Cuba, bajo licencia médica. Había adquirido VIH-sida en el penal 5 1/2 de Pinar del Río. Fue trasladado a una prisión especial de la provincia de Mayabeque, donde adquirió un parásito que le impedía comer (problema de la garganta) y le provocaba otros síntomas para los cuales no recibió tratamiento médico. Su madre intentó sin éxito que le consiguieran un especialista o lo enviaran a casa con una licencia médica. El 12 de noviembre de 2012 fue trasladado al Hospital Nacional de Reclusos del Penal Combinado del Este, de La Habana, y en junio de 2013 fue referido al Instituto de Medicina Tropical, pero no fue atendido (por estar lleno con pacientes de cólera). Fue ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico La Dependiente, donde sufrió insuficiencia cardíaca. El 10 de octubre de 2013 lo enviaron a casa con licencia médica y murió ocho días después.
• Caso 3 (documentado como el #11356): Joaquín Martínez Rosabal, de 32 años, murió el 16 de diciembre de 2020 en el Hospital Nacional de Reclusos de la prisión Combinado del Este, La Habana. Cumplía prisión en un centro para pacientes con VIH en Güines, provincia de Mayabeque. En octubre de 2019, le diagnosticaron tuberculosis y lo trasladaron al hospital penitenciario del Combinado, donde fue puesto en una celda de aislamiento por supuestamente tener medicamentos que no le habían sido recetados. Las autoridades penitenciarias informaron que se ahorcó con una sábana de madrugada, supuestamente colgándose de los barrotes de su celda. Dos enfermeras afirmaron haberle escuchado gritar que lo estaban ahogando, la misma noche en que lo encontraron muerto. Su madre cree que fue asesinado y exigió una investigación y la exhumación del cadáver, que presentaba golpes.

Reabiertas las "Prisiones del Sida" con otro enfoque

En Cuba, tras las protestas del 11J, debido al alto volumen de detenciones reabrieron centros de reclusión que se hallaban en desuso y en precarias condiciones de infraestructura, para asimilar a los manifestantes. Al menos 22 personas fueron trasladadas a centros de detención conocidos como "Prisión del Sida" en territorios del país. Una de ellas fue Yurisleydis de la Caridad Rodríguez Piña, quien contó su testimonio de aquellos días que vivió en la prisión del sida de San José. Ella fue detenida junto a su novio, Eduardo M. Báez Mederos, el 12 de julio.

"Salimos (mi novio y yo) a manifestarnos normalmente el domingo [11 de julio] pacíficamente, grité un par de consignas (Patria y Vida) y estuve filmando los hechos. El lunes hubo otra revuelta y no me manifesté porque me dolía un cordal y, cuando iba para el policlínico, pasé por un parque donde había un acto del Partido. Yo tenía el teléfono en la mano y parece que pensaron que yo estaba filmando y nos detuvieron a mi novio y a mí. Yo tenía en el pecho escrito Patria y Vida, que me lo había puesto desde el día anterior. Nos trasladaron a la prisión del sida, donde había mujeres y hombres. En la parte de mujeres había como un cubículo con 10 literas (20 mujeres) y ahí estuve 15 días: el 27 me soltaron como a las 12:00 de la noche. Nos daban cuatro comidas al día: desayuno, almuerzo, comida y, antes de dormir, una caldosa. Los primeros días la comida estaba muy mala, luego mejoró un poco. Éramos mujeres de distintos municipios de Mayabeque y nos pusimos a hablar de las manifestaciones y cuando ya se agotó ese tema de conversación, empezamos a contarnos nuestras vidas. A veces nos revisaban, nos metian para un cuarto con mujeres oficiales y teníamos que hacer cuclillas sin ropa. Fueron como tres veces en 15 días. Cuando regresábamos a la celda, todo estaba revolcado. Eran requisas que hacían para ver los objetos que estaban ahí. Solamente nos sacaban para almuerzo y comida. Luego, en los últimos días, nos llevaban a un patiecito a coger sol. Cuando salí quedaban como ocho muchachas. Escribí sus nombres en un cartoncito, pero en una de las requisas se lo llevaron. Perdí los contactos, luego supe que muchos de los familiares de ellas también estaban presos. A nosotras no nos dieron golpes, pero a los hombres sí, los veíamos que los sacaban con heridas".

Caso relevante: Daysi

De acuerdo con el reportaje "Daysi Alonso, manifestante del 11J: Una desgracia más para la casa 439", pasaron cuatro días para que Maritza supiera donde estaba su sobrina Daysi, y más de tres meses para enterarse de que la Fiscalía Provincial le pedía pasar los próximos 20 años en la prisión. Esto entra en contradicción con lo establecido en las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, que en su apartado C., relativo a personas detenidas o en espera de juicio, postula que los reclusos gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma consecuente con dicha presunción. De modo general, se indica que la autoridad debe contar con una orden válida de reclusión, que se debe dejar constancia de la identidad, motivos de reclusión, autoridad que la dispuso, fecha y hora, lugar de detención, así como información de contacto y sobre los traslados.

Más allá de la falta de transparencia, los familiares de Daysi denuncian que "atención médica" es lo que menos ha recibido ella en este año que ha pasado desde el 12 de julio, día en que la Policía se la llevó sin decir a dónde ni hasta cuándo. Solo después supieron que Daysi había sido trasladada a la prisión para personas con VIH-sida de Güines luego de un mes en 100 y Aldabó, uno de los centros de interrogatorio de la Seguridad del Estado.  

La Asociación para la Prevención de la Tortura considera que las personas detenidas con VIH o sida no deben ser separadas del resto de la población penitenciaria con base en su condición de VIH/sida. El proceso de Daysi redunda en contradicciones entre las recomendaciones internacionales y la aplicación en Cuba.

"El primer mes que estuvo detenida, en 100 y Aldabó, a los familiares no les permitieron llevarle sus medicamentos ni ellos [los agentes] se los administraron. Luego de ese tiempo, Daysi fue trasladada a la prisión para personas con VIH-sida, en el municipio Güines, en la provincia de Mayabeque, a más de 50 kilómetros de su casa. Las autoridades le permitieron la entrada de sus antirretrovirales, pero para Maritza [la tía de Daysi], pagar un transporte mensual, de más de 3.000 pesos [unos 300 dólares al cambio no oficial] no es cosa fácil, por lo que su sobrina ha tenido que ingeniárselas sin su tratamiento. Solo una vez logró conseguirle el tratamiento doble, por lo tanto, en 11 meses de prisión, Daysi Alonso ha tomado antirretrovirales solo en dos".

De acuerdo con el reporte, unos meses antes del 11 de julio los doctores estimaron urgente una intervención quirúrgica para salvar la vida de Daysi, aquejada también por el Virus del Papiloma Humano que derivó en cáncer de cuello uterino. Sin embargo, tras más de un año de prisión continuaba sin recibir tratamiento y sin haber sido operada.

En el penal que se supone "acondicionado para los seropositivos", a la manifestante, que antes de ser arrestada por la Policía se estaba tratando con quimioterapia en el Hospital capitalino Hijas de Galicia debido a que en 2017 fue diagnosticada con un cáncer Nic 3, no le dieron tratamiento alguno y, denunció la familia, la comida ha sido pésima. "Ya desde el primer mes de detenida Deysi presentó anemia, para lo cual tampoco la han sujetado a tratamiento ni reforzado su alimentación. Una sola vez Maritza pudo llevarle unos cuantos bulbos de rosefín que una amiga le donó, y allí en la prisión se los suministraron".

Aunque las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos indican que la prestación de servicios médicos es una responsabilidad del Estado, determinan que todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes e instan al trasladado a establecimientos especializados o a hospitales civiles de quienes requieran cuidados especiales o cirugía, no tuvo éxito la tía de Daysi en la búsqueda de certificados médicos que incidieran en un cambio de medida para la mujer enferma, a la cual la Fiscalía llegó a pedirle 20 años de privación de libertad por el delito de sedición. Como alternativa, la familia se conformaba con un traslado al hospital habanero para su tratamiento y operación, pero solo consiguió un permiso de traslado para el hospital de la prisión El Combinado, para empezar un tratamiento contra el cáncer.

La experiencia de Daysi deja al menos una certeza: el enfoque separatista que mantiene el Estado cubano en el sistema penal para personas que viven con VIH no es garantía alguna de que se respeten sus derechos humanos. Para dicho Estado, siguen siendo letra muerta los instrumentos internacionales y los cerca de cerca de 1.000 documentos (entre legislación, jurisprudencia, buenas prácticas, investigaciones, informes de monitoreo, entre otros, de países de Latinoamérica y el Caribe) que componen la base de datos del Observatorio de VIH y Cárceles en la región, y proporcionan las bases técnicas para diálogos que permitan la promoción de estándares internacionales y políticas internas para garantizar el acceso universal a prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH en grupos en condiciones de extrema vulnerabilidad, como son personas privadas de libertad.