El régimen cubano condenó y/o encarceló en enero último a 37 nuevos prisioneros políticos, lo que elevó la cifra de condenados por razones de credo a 1.077, indicó la ONG Prisoners Defenders (PD), con sede en Madrid, que monitorea el proceso represivo en la Isla.
En la lista publicada por la organización se incluyen 36 menores de edad (31 niños y cinco niñas), de los que 30 aún cumplen sentencia y seis siguen bajo proceso penal, así como al menos 125 mujeres, todos esos casos verificados por PD.
De los 1.077 prisioneros políticos, indica el informe, 388 fueron documentados en los últimos 12 meses. Los 37 casos de enero provienen fundamentalmente de "las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho de todo el país, pero también por la persecución de sus opiniones en redes sociales, posiciones desafectas de la mal llamada 'revolución' y defensa de los derechos humanos ante el régimen criminal de La Habana", subraya.
De esa relación de prisioneros, 209 fueron acusados de sedición y al menos 207 recibieron sentencias de diez años de privación de libertad como promedio.
Según PD, todos los prisioneros políticos cubanos "son torturados, como lo demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) y los reproches públicos de este organismo por ello, que se materializaron en su informe posterior de mayo pasado sobre la situación de la tortura en Cuba".
"El informe del Comité de los Derechos del Niño, este pasado junio, también confirmó que decenas de niñas y niños siguen condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y 'asociación', acusándolos de sedición, entre otras barbaridades", subraya.
"La falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población, que huye víctima de la represión y la falta de perspectivas, al tiempo que el endurecimiento del actual Código Penal criminaliza un abanico interminable de motivos de persecución para el ejercicio de cualquier derecho fundamental protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", agrega.
De acuerdo con el informe, los patrones para la represión identificados por PD y que "ofrecen una carta blanca represiva para el régimen militar" son la ausencia de tutela judicial para la privación cautelar de la libertad; la inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba, especialmente en el caso de prisioneros políticos; así como la dependencia orgánica absoluta de la jerarquía y los jueces del sistema penal respecto del poder político.
Se suman a ello los procesos penales en los que todas acusaciones, sin excepción, se sustentan únicamente con "testigos" dependientes del Partido Comunista; procesos donde se criminalizan gravemente y persiguen sistemática y abiertamente un abanico interminable de derechos fundamentales; el uso de tipos delictivos del Código Penal que, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites de cualquier conducta que el régimen desee penalizar; y el uso generalizado de procedimientos penales sumarios y abreviados que justifican la ausencia de defensa, el derecho a la contradicción o la mera comunicación de la acusación a las víctimas, al igual que cualquier atisbo de igualdad entre las partes, que permiten condenas firmes con privación de libertad en tan solo cuestión de horas.
Javier Larrondo, presidente de PD, advirtió que el precedente reciente de la excarcelación de más de 200 presos políticos por el régimen de Daniel Ortega, que los expulsó del país y privó de la ciudadanía nicaragüense, "permite esperar que el régimen tome una decisión similar".
"Pensando en ellos y sus familias, deseamos que el régimen los libere aún a costa de la expatriación forzada de muchos de ellos y siempre bajo su aceptación, pues habrá muchos activistas que no querrán una solución de este tipo", señaló.
