Poco más de un mes ha transcurrido desde que, el 14 de enero, el Gobierno cubana anunciara la excarcelación de 553 prisioneros, entre ellos presos políticos, tras un acuerdo con el Vaticano y como presunta moneda de cambio por la exclusión del régimen de la lista de estados patrocinadores del terrorismo elaborada por EEUU. En un contexto en el que, una de las primeras medidas de Donald Trump fue la reinclusión del Estado cubano en dicha lista, la ONG Amnistía Internacional valoró este lunes que "el proceso de excarcelaciones ha estado lleno de irregularidades y falta de transparencia estatal".
"Las autoridades cubanas no han hecho un reconocimiento de la existencia de personas detenidas por razones políticas, no se ha publicado un listado de nombres de quienes se incluirán en este proceso y no han tenido la voluntad de garantizar una libertad inmediata e incondicional de presos de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca o Saylí Navarro. Ellos y todas las personas detenidas solo por levantar su voz deben ser puestos en libertad", afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de dicha organización.
Al igual que otras organizaciones que monitorean la situación de los presos políticos en la Isla, como Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders, Amnistía Internacional denunció que "las excarcelaciones han estado marcadas por la exclusión de las víctimas y sus familiares, y la ausencia de garantías de que no serán objeto de nuevas detenciones si vuelven a ser percibidas como voces disidentes u opositoras al Gobierno".
"Cientos de familias han vivido entre la angustia y la esperanza, pendientes de una llamada telefónica o notificación, sin ningún criterio o elemento que les permita saber si sus familiares van a ser liberados. La permanencia de un contexto represivo, y la ausencia de reconocimiento de la arbitrariedad y la injusticia de los procesos legales contra estas personas las coloca en una situación de extrema vulneración de sus derechos", añadió Piquer.
Asimismo, "si bien las personas presas de conciencia José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Robles y Donaida Pérez Paseiro están junto a sus familias, todas han denunciado restricciones al ejercicio de sus derechos humanos impuestas en las condiciones de su excarcelación", subrayó la ONG.
Para ilustrar esta situación, Amnistía Internacional detalló que, por ejemplo, "el preso de conciencia Pedro Albert, excarcelado bajo licencia extrapenal en el mes de noviembre de 2024, fue notificado de que su beneficio iba a ser modificado a libertad condicional, indicándosele que si no aceptaba el cambio corría el riesgo de regresar a prisión. El 21 de enero de 2025 Pedro Albert fue detenido arbitrariamente por unas horas, interrogado y multado por visitar la sede de las Damas de Blanco".
Además, la ONG destacó que "la presa de conciencia Donaida Pérez Paseiro denunció que su esposo, el preso de conciencia Loreto Hernández, ha sido notificado que su posible excarcelación solo sería otorgada si ella renuncia a su activismo y deja de dar declaraciones a medios de comunicación, ya que ha denunciado las condiciones de la prisión y su intención de continuar su labor de defensa de derechos humanos tras ser excarcelada".
Así, "alarma la posible cancelación o pausa de las excarcelaciones, que parecería mostrar que las personas presas por razones políticas han sido una vez más utilizadas de manera deshumanizante, como fichas de cambio en un juego político, sin que sus vidas, su integridad física y sus derechos sean tomados en cuenta", indicó Piquer.
En este contexto, Amnistía Internacional insistió en que "las autoridades cubanas deben liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas injustamente encarceladas en Cuba por ejercer sus derechos humanos", al tiempo que Piquer concluyó: "Mientras estas excarcelaciones ocurrían, activistas políticos y defensores de derechos humanos han sido arbitrariamente detenidos y han sufrido acoso y hostigamiento por su labor. El Gobierno cubano debe derogar las leyes represivas y cesar estas prácticas sistemáticas de represión contra la disidencia".
