El régimen cubano niega beneficios penitenciarios a la presa política Mayelín Rodríguez Prado, quien cumple los requisitos

Las autoridades represivas del régimen cubano, a través de la dirección de la Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey, le negaron a la prisionera política Mayelín Rodríguez Prado la progresión a un estadio de mínima severidad, pese a que cumple con los requisitos para acceder a este beneficio, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.

"La negación de beneficios es una herramienta de represión contra los presos políticos", recalcaron los juristas y sostuvieron que, "aunque muchos cumplen con los requisitos, las autoridades carcelarias, bajo órdenes de la Seguridad del Estado, los niegan de forma arbitraria".

"Esta práctica también forma parte de un mecanismo de castigo y control, utilizado como represalia para silenciar a quienes denuncian las condiciones inhumanas dentro de prisión", agregaron.

Respecto a Rodríguez Prado, Cubalex denunció, además, que es víctima de "hostigamiento sistemático" en prisión, lo que se traduce en "acoso, agresiones y amenazas constantes que ponen en riesgo su vida".

"Las represalias en su contra incluyen castigos severos y sanciones disciplinarias por denunciar las condiciones inhumanas en prisión y la violación de sus derechos fundamentales", indicó la ONG.

En tal sentido, el grupo "Presos Políticos de Cuba" subrayó en su perfil de Facebook que Rodríguez Prado "ha sido víctima de una de las estrategias más comunes que hace la Seguridad del Estado con los presos políticos, que consiste en enviarle a presos comunes para acosarlos y golpearlos, con el fin de crearles problemas y nuevos delitos, justificando así la negación de cualquier beneficio que les pueda corresponder".

Rodríguez Prado fue la manifestante que recibió la condena más alta de los 14 cubanos juzgados por las protestas pacíficas que tuvieron lugar en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. Los delitos de los que fue hallada culpable fueron "propaganda enemiga de carácter continuado" (diez años de privación de libertad) y "sedición" (12 años de privación de libertad), por los que recibió una sanción conjunta de 15 años de cárcel.

En relación a la estrategia del régimen de utilizar los beneficios carcelarios de los presos políticos y no aplicarlos según estipula la ley, la ONG Prisoners Defenders destacó recientemente que el 94% de las 200 personas excarceladas hasta ahora por el Gobierno cubano, de las 553 que figuran en su acuerdo con el Vaticano, anunciado el pasado 14 de enero, "tenían derecho a un régimen abierto, libertad condicional o libertad inmediata ya hacía incluso más de un año", sin que las autoridades penales hubieran cumplido con lo que el Código Penal dispone.

Además, en medio de dicho proceso de excarcelaciones, descrito como "fraudulento" por Prisoners Defenders, el régimen negó, una vez más, los beneficios carcelarios que les corresponden a las prisioneras políticas Sissi Abascal y Saylí Navarro, recluidas en el penal La Bellotex, de Matanzas. Estos hechos confirman lo que indicó la activista cubana Elena Larrinaga en un artículo publicado por este diario: "el reconocimiento por parte del Gobierno del poder de la mujer como agente y motor del cambio en Cuba".