El 94% de las 200 personas excarceladas hasta ahora por el Gobierno cubano, de las 553 que figuran en su acuerdo con el Vaticano, anunciado el pasado 14 de enero, "tenían derecho a un régimen abierto, libertad condicional o libertad inmediata ya hacía incluso más de un año", indicó la ONG Prisoners Defenders, en un detallado informe al respecto.
De los 200 presos políticos que salieron de las instituciones penitenciaras, 31 de ellos ya habían cumplido sus condenas, pero seguían presos, dos de ellos terminarían de cumplir su condena en cuatro meses o menos, a 57 de ellos les quedarían entre seis y 18 meses de condena y a 67 de ellos les quedarían entre 18 y 42 meses de condena, indicó la organización.
"El 98% de los 200 presos políticos excarcelados en Cuba fueron detenidos y condenados como consecuencia de participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y cumplían, y cumplen aún, penas de entre tres y 15 años, a pesar de que incluso 31 de ellos ya deberían estar libres hace tiempo. La realidad es que las falsas medidas 'de gracia' han sido un juego macabro del régimen ante sus negociadores del Vaticano", denunció Prisoners Defenders.
Así, "tanto el pase a un régimen de mínima severidad o la libertad condicional han sido negados a todos los afectados mientras la negociación con el Vaticano avanzaba, permitiendo al régimen cubano hacer una excarcelación fraudulenta, es decir, compuesta en su mayoría por condenados que ya tenían que haber estado en libertad u obtenido beneficios penitenciarios hace muchos meses, e incluso más de un año en algunos casos", sostuvo la ONG.
A partir de estos datos, Prisoners Defenders deduce que "quizá los negociadores del Vaticano no debieron contar, o no quisieron contar, con juristas cubanos independientes que hubieran sacado esto a relucir, previendo los beneficios penitenciarios de todos los presos políticos y recalculando de mejor modo por cuáles casos negociar. Como siempre los estados, y el Vaticano es otro Estado más, siguen confiando en el régimen cubano como si este fuera un Gobierno".
Además, la ONG recalcó que estas personas no fueron liberadas, sino excarceladas, por lo que "seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas, y lo harán bajo dos tipos de subsidio de pena, libertad condicional y licencia extrapenal, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario".
La ONG subrayó que estas personas "no podrán moverse de su ciudad de residencia", "en gran parte de los casos, están obligados a desempeñar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado", "no podrán publicar ni expresar su opinión en redes sociales", "no podrán hacer declaraciones a la prensa" y "no deberán tener comunicación alguna con organizaciones de derechos humanos, tanto internacionales como Prisoners Defenders, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras, así como con organizaciones cubanas de derechos humanos".
Asimismo, "no podrán realizar actividad alguna por los derechos humanos, por los presos políticos o demostrar públicamente actitudes críticas con el Gobierno, todas ellas consideradas actividades 'contrarrevolucionarias' en el Estado totalitario". Además, "no podrán viajar fuera de Cuba, ni tampoco tramitar solicitudes consulares, o incluso, en algunos casos, les ha sido vetado hasta poder continuar los trámites de solicitud de nacionalidad española, lo que muchos anhelan para tener un futuro en libertad".
De igual forma, "todos deben comparecer a vistas regulares ante los jueces de ejecución para reforzar las amenazas" y "todos están sometidos a escuchas telefónicas, registros, citaciones policiales y detenciones de forma arbitraria por las autoridades"
"Lo descrito no es una excarcelación como se entiende en el mundo civilizado, y que seguro los negociadores de la Iglesia Católica hubieran deseado. Se trata, por el contrario, de un régimen carcelario domiciliar de facto, algo que la comunidad internacional debe repudiar enérgicamente y al unísono", subrayó Prisoners Defenders.
"Estas condiciones draconianas son sin duda una burla al proceso de negociación con el Vaticano y a la propia institución católica, y la constatación del nulo sentido de culpabilidad y reparación del que el régimen carece tras haber encarcelado y torturado a los más de 1.801 presos políticos inocentes de sus cargos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de diciembre pasado, en apenas 3 años y seis meses", agregó.
En este contexto, la ONG expuso que "son decenas los presos políticos excarcelados en Cuba que están recabando el consejo de Prisoners Defenders y otras organizaciones para tramitar su salida de Cuba para cuando les sea posible dejar el país, deseando el exilio forzoso antes que el martirio bajo persecución, vigilancia, amenazas e impedimentos de hacer, jamás en su país, una vida normal".
