El grupo de asesoría legal Cubalex expresó este miércoles "su profunda preocupación ante la posible suspensión del proceso de excarcelación anunciado por el Gobierno cubano el pasado 14 de enero, en el que se prometió la liberación gradual de 553 personas sancionadas, generando expectativas entre las familias de las personas privadas de libertad por motivos políticos", indicó la entidad jurídica en un comunicado.
"No hemos recibido nuevos reportes de personas excarceladas", afirmó Cubalex, lo que se suma a las preocupaciones similares ya expresadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Justicia 11J, organizaciones que también reportaron una presunta detención en las excarcelaciones luego de que la Administración de Donald Trump volviera a incluir al régimen en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Además, "el Gobierno cubano no ha informado oficialmente si el proceso de excarcelación continuará", dijo Cubalex y destacó que "la incertidumbre sobre la continuidad del proceso de excarcelación genera una profunda preocupación y pone de manifiesto cómo las vidas, la libertad y la integridad de las personas privadas de libertad están siendo utilizadas como piezas de un juego político entre el régimen de La Habana y Washington".
El grupo de asesoría legal subrayó, asimismo, varias "omisiones persistentes y preocupaciones fundamentales" en este proceso. La primera de ella es la "negación de la existencia de presos políticos", toda vez que el régimen desconoce que haya en la Isla tal categoría de prisioneros, algo que desmienten sus propias acciones y varias de las sentencias condenatorias.
"Este discurso oficial intenta deslegitimar las denuncias internacionales, minimizar el impacto de las violaciones de derechos y evitar la responsabilidad internacional. Esto genera temor de que las excarcelaciones incluyan mayoritariamente a personas sancionadas por delitos comunes, mientras las víctimas de represión política continúan encarceladas injustamente", denunciaron los juristas y recordaron las reiteradas declaraciones de organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, el Examen Periódico Universal y la CEDAW, que reconocen como represivas las acciones que criminalizan y penalizan el ejercicio de derechos fundamentales en la Isla.
Resaltaron, además, la estrategia de las autoridades cubanas de generar expectativas sin garantías. "Es inaceptable y macabro crear falsas esperanzas en las familias de las personas privadas de libertad. Cubalex ha registrado casos en los que los beneficios concedidos en este proceso no son nuevas concesiones, sino derechos previamente negados a pesar de que cumplían con los requisitos legales", precisaron.
De igual forma, este proceso ha estado marcado por la ausencia de transparencia y, en tal sentido, el monitoreo realizado por Cubalex ha identificado patrones preocupantes en las excarcelaciones. "Hasta la fecha, hemos registrado 172 personas beneficiadas, con un promedio de edad de 32 años, 24 de ellas mujeres, 147 hombres y una persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. Entre los beneficiados, solo tres tienen más de 60 años". detalló la organización de derechos humanos.
La falta de transparencia también queda demostrada en el hecho de que el régimen no ha publicado la cifra total de personas que han sido excarceladas. "El pasado 16 de enero, las autoridades anunciaron que entre miércoles y jueves fueron liberadas 127 personas, pero sin proporcionar detalles específicos ni información verificable", indicó Cubalex.
Además, la exclusión de la sociedad civil y las víctimas es evidente. "El proceso no ha contado con la participación de la sociedad civil ni con mecanismos para apoyar la rehabilitación física, psicológica y social de las personas liberadas. Estas medidas son esenciales para quienes han sufrido condiciones de detención inhumanas, que en muchos casos constituyen tortura", recalcó Cubalex.
"La libertad no debe ser utilizada como moneda de cambio ni presentada como un gesto humanitario después de años de sufrimiento injustificado. Cubalex reafirma su compromiso de seguir monitoreando el proceso y denunciando cualquier violación de derechos humanos", concluyó.
