El grupo de asesoría legal Cubalex denunció este miércoles la "falta de transparencia y garantías" en las excarcelaciones que el Gobierno cubano comenzó a ejecutar hoy, tras una larga negociación con la Iglesia Católica y la mediación del Vaticano y el Papa Francisco, y como presunta moneda de cambio por el anuncio de la Administración de Joe Biden de sacar al régimen de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Entre las omisiones clave en este proceso, Cubalex denunció la "negación de la existencia de presos políticos", toda vez que "la declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores omite la existencia de presos políticos y los define como 'personas sancionadas por delitos diversos', sin reconocer que muchos fueron detenidos arbitrariamente por ejercer sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión y reunión pacífica".
Asimismo, los juristas subrayaron la "falta de participación de las víctimas y sus familiares", pues "la excarcelación ha sido anunciada sin involucrar ni informar a los familiares de los prisioneros. Esta decisión se adoptó a puertas cerradas, excluyendo a quienes han sufrido directamente las consecuencias de la represión y que deberían ser parte activa en el proceso de negociación".
Como es habitual en el comportamiento del régimen, Cubalex destacó la "falta de transparencia en el proceso de liberación", toda vez que "la declaración oficial del Gobierno cubano no especifica los nombres de las personas que serán liberadas ni las condiciones y procedimientos bajo los cuales se llevará a cabo su excarcelación".
"El anuncio de un proceso 'gradual' sin fechas claras intensifica las preocupaciones de que estas liberaciones estén motivadas por un cálculo político más que por un compromiso genuino con la justicia y los derechos humanos", insistió el grupo jurídico.
Cubalex denunció, asimismo, "el uso de los presos políticos como moneda de cambio" y argumentó que "las circunstancias de este acuerdo refuerzan la preocupación sobre la instrumentalización de las personas privadas de libertad como piezas de negociación para obtener beneficios diplomáticos".
Igualmente, la "falta de reconocimiento de las violaciones a las garantías del debido proceso y la responsabilidad de las autoridades" es una de las claves de este proceso, marcada por un silencio en este sentido que "contribuye a la impunidad, dificulta el acceso a la justicia y perpetúa un sistema en el que los derechos fundamentales son vulnerados sin consecuencias para los responsables", recalcó Cubalex.
En el proceso de excarcelaciones, además, es evidente la "ausencia de garantías para evitar nuevas detenciones" y la "exclusión de la sociedad civil en el proceso de apoyo y rehabilitación", indicaron los juristas. "Presentar estas liberaciones como un acto humanitario, sin considerar el contexto de tortura y maltrato al que fueron sometidos, invisibiliza el sufrimiento de las víctimas y sus familias", insistieron.
Además, la declaración oficial ignora los estándares internacionales de derechos humanos que establecen, detalló Cubalex, que "las víctimas de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes tienen derecho a recibir una reparación que abarque la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición".
"Es fundamental que la liberación de estas personas forme parte de un proceso transparente, en el que se asegure la libertad plena y el derecho a permanecer en el país si así lo desean", dijo Cubalex y concluyó: "La liberación de 553 personas no debe ser vista como una concesión generosa, sino como una obligación del Estado cubano de respetar los derechos humanos y cesar la represión".
