'Ni libres, ni todos': Justicia 11J denuncia la falta de transparencia del régimen en sus excarcelaciones

El grupo sobre detenciones políticas Justicia 11J ha lanzado una nueva plataforma de navegación, de actualización diaria, para dar seguimiento al proceso de excarcelaciones anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano en el que las personas supuestamente beneficiadas no están libres, ni son todos presos políticos, y la falta de transparencia exacerba la incertidumbre.

El grupo precisó que busca "visualizar de manera más precisa la magnitud de la injusticia a la que han sido sometidas las personas presas políticas y sus familias" y "hacer más expedito el acceso" a los contenidos creados hasta el presente.

El monitoreo de las excarcelaciones y el otorgamiento de beneficios fue iniciado por Justicia 11J el propio día del anuncio el 14 de enero. Su trabajo "indica que las autoridades de la Justicia cubana no están otorgando libertad inmediata e incondicional a las personas reclusas, sino que se trata de licencias extrapenales y libertades condicionales entregadas de manera paulatina; en algunos casos se ha beneficiado a personas que ya estaban en sus hogares bajo licencia extrapenal".

La ONG ha conocido que "se están ofreciendo beneficios penitenciarios a personas reclusas encarceladas por delitos comunes".

"Ello no solo representa un duro golpe a la sociedad civil y las personas presas políticas y sus familias, sino que pudiese constituir una violación a los compromisos adquiridos con los mediadores internacionales, a los que se prometió que se liberaría a 'un número sustancial de prisioneros políticos', según dijo la Casa Blanca", alertó Justicia 11J.

También denunció que "la falta de transparencia sobre las personas que serán beneficiadas como parte del proceso ha ocasionado desestabilización en la sociedad civil y en las propias personas privadas de libertad y sus familias y amistades".

"Justicia 11J ha visto múltiples denuncias públicas y mensajes que muestran el daño colateral de este proceso y los altos niveles de tensión, asociada a la incertidumbre", añadió.

En la noche del jueves 16 de enero, instancias del Tribunal Supremo Popular informaron en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana que, como parte del proceso, habían sido beneficiadas 127 personas de todas las provincias del país, 121 con libertad condicional y seis con licencias extrapenales. Sin embargo, hasta el 18 de enero en la mañana, no se había hecho de dominio público la lista de personas beneficiadas y por beneficiar.

Mientras el papa Francisco calificó como "un gesto de gran esperanza" la excarcelación de los 553 presos iniciada el miércoles pasado por La Habana, en una publicación en sus redes sociales el sacerdote Alberto Reyes se refirió a los "sucios mecanismos de la manipulación" del régimen en el proceso y pidió la libertad de todos los prisioneros políticos.

"No puedo evitar sentirme sumergido en eso que llamamos 'sentimientos encontrados'. Por una parte, mi espíritu se alegra inmensamente por la excarcelación de parte de nuestros presos políticos, pero por otra, el verlos tratados burdamente como monedas de cambio a favor de la continuidad del mal hace que surja lo peor de mí", escribió.

Consideró que "no debería haber presos políticos, pero usarlos como mercancía es no reconocer no sólo su derecho a la libertad de expresión sino su propia dignidad, su propio valor como personas".

"¿Qué pasará con los que no serán excarcelados? Si en realidad esto responde a 'un gesto de buena voluntad', ¿por qué no se hace lo mismo con todos? Me pregunto, además, ¿qué va a pasar con los que han salido? ¿Se les condicionará a irse del país, quieran o no?, ¿se les permitirá reincorporarse pacíficamente a la sociedad, o se les hará la vida imposible? Y cuando haya más y más protestas, ¿qué pasará? ¿Es que la excarcelación de estas personas es, además de un chantaje, la desocupación de unas celdas que pronto serán rellenadas? Porque este pueblo, antes o después, tendrá que salir a las calles, si no a pedir un cambio de sistema, al menos a reclamar otra vida", sostuvo.

Para el crítico del régimen, "más allá de la noticia de aquellos que podrán volver a sus casas", de la salida de La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, y de las concesiones hechas al Gobierno cubano, "no podemos dejar de mirar las soluciones profundas necesarias que dependen de decisiones internas y que nada tienen que ver con Estados Unidos".

En opinión del sacerdote, toca al régimen "reconocer el derecho de los ciudadanos a expresar públicamente sus criterios, incluso si dentro de esos criterios está su deseo de un cambio de sistema"; "dejar de reprimir y de ejercer violencia sobre aquellos que decidan manifestarse pacíficamente por cualquier medio"; "reconocer el derecho de este pueblo a la diferencia de opciones políticas, al sano pluripartidismo, y a la posibilidad de definir en las urnas el sistema político que se prefiera elegir".

"Toca a este Gobierno dejar existir a este pueblo, instaurar un estado de derecho que permita que el ciudadano de a pie deje de estar vulnerable e indefenso ante los caprichos del poder, toca a este Gobierno respetar la voz del pueblo y dejar de ignorarlo y de excluirlo de las decisiones sobre el presente y el futuro de este país. Y nos toca a nosotros, cada uno desde donde le corresponda, reclamar una y otra vez lo que nos pertenece por derecho, lo que nunca nadie debió habernos quitado", zanjó.

En su última actualización a las 4.00PM del domingo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que 114 presos políticos ha sido excarcelados.

Este domingo, la presa política transexual Brenda Díaz García, en su casa bajo libertad condicional desde el sábado, dijo en declaraciones a Martí Noticias que la libertad es lo más preciado que pueda tener un ser humano.

"Ya usted puede imaginarse cómo me puedo sentir hoy que soy libre. Yo le aconsejo a todas las personas de mi país y del mundo que los principios no son negociables", dijo parafraseando al papa Benedicto XVI. "Las ideas no se matan, aunque nos encarcelen", añadió la joven de 30 años.

Díaz García, juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, fue condenada a 14 años de prisión por cargos de "desórdenes públicos" y "sabotaje" por su participación en las protestas del 11J en Güira de Melena, Mayabeque. En el penal donde estaba recluida fue obligada a raparse la cabeza y vestir como hombre.

Desde su detención, su caso despertó la indignación de la comunidad internacional por el abuso, discriminación e injurias que sufría por las autoridades penitenciarias.