La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría especial para la libertad de expresión (RELE) manifestaron preocupación por la aprobación del nuevo Código Penal el pasado 15 de mayo, una herramienta del régimen cubano que podría "emplearse para criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación".
"La CIDH y la RELE advierten que el nuevo Código Penal mantiene un lenguaje amplio e impreciso para tipificar delitos como el de 'sedición' y 'contra el orden constitucional', y recrudece penas relacionadas con los mismos como de prisión perpetua y muerte", señalaron la CIDH y RELE en un mensaje a través de Twitter.
"Preocupa también la inclusión de un tipo penal que criminalizaría el financiamiento de organizaciones y periodistas críticos al 'Estado y su orden constitucional'", añadió el organismo interamericano en su post.
"Como relator de la CIDH para Cuba manifiesto mi preocupación por el nuevo Código Penal, ante las múltiples denuncias que mediante tipificaciones ambiguas se busca silenciar y perseguir a quienes exigen libertad y democracia en la Isla", escribió, por su parte, el abogado guatemalteco Stuardo Ralón.
A las publicaciones de la CIDH y sus representantes siguieron comentarios de miembros de la sociedad civil independiente cubana que apoyaron estos temores.
"La CIDH reconoce que la libertad de expresar ideas y difundir información de toda índole y sin consideración de fronteras es un derecho universal. Sin embargo, el nuevo Código (Penal en Cuba) viola de manera flagrante este derecho, a pesar de que la Constitución lo enuncia y reconoce", señaló el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera.
La abogada cubana Jennifer Batista dijo que "resulta muy preocupante el contenido" del Código Penal.
"Es un instrumento para anular las libertades fundamentales. Contradice por sí misma el carácter de última ratio del Derecho Penal", añadió.
El escritor Ariel Maceo Téllez escribió: "Imaginen que ahora, si yo hago uso de la Constitución para defenderme, puedo ir procesado. Esto está serio, quieren borrar de un tirón todo el terreno que hemos ganado acá en Cuba".
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó el pasado 15 de mayo, en sesión extraordinaria, el nuevo Código Penal de Cuba, que prevé sanciones de hasta tres años de prisión para quienes insulten a altos funcionarios públicos y criminaliza cualquier financiamiento para lo que —sin precisiones— se describe como "actividades contra el Estado y su orden constitucional", lo que podría estar dirigido contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes.
Sus impulsores lo califican como "garantista" y actualizador, ya que el anterior (1987) no contemplaba delitos medioambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género, aunque en este último aspecto feministas han lamentado la ausencia de tipificación del delito de feminicidio, pese a que en 2021 murieron al menos 36 cubanas por violencia machista, cuatro más que en 2020, según cifras extraoficiales.
El nuevo código incluye 37 nuevos delitos como el de "desórdenes públicos" para penalizar "las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente". También, establece como sanción máxima la de privación perpetua de libertad y mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el caso de 23 tipos penales.
Análisis de DIARIO DE CUBA sobre el Código Penal han destacado, entre otros aspectos, cómo el cuerpo de ley castiga el trabajo forzado, pero siempre que no lo cometa el Gobierno, mantiene como delito el abandono de funciones en el exterior y no incluye políticas para reducir el número de presos en las cárceles cubanas y acercar la norma penal de la Isla a las más modernas a nivel mundial.
