El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó este lunes la aprobación del nuevo Código Penal por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba debido a que "podría dañar gravemente al periodismo independiente".
En la declaración publicada en la página web del CPJ, Ana Cristina Núñez, investigadora senior para América Latina y el Caribe, declaró que los miembros de la organización están "alarmados por la aprobación del nuevo Código Penal de Cuba, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes en la Isla al prohibir la financiación extranjera y pone su existencia y sostenibilidad en grave riesgo".
"Con el nuevo Código Penal, las autoridades cubanas continúan construyendo un intrincado y perverso régimen legal de censura y asestan un golpe devastador a los periodistas y medios independientes", añadió el texto.
El COJ recordó que la nueva legislación "prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos extranjeros y podría ser utilizada para silenciar a los periodistas y medios independientes que dependen de este tipo de financiamiento para operar".
También la Casa Blanca condenó la legislación cubana por restringir aún más "la libertad de prensa, de expresión y de reunión" a la población del país, a través de un comunicado publicado por la Embajada de Estados Unidos en Twitter.
"Mientras aumentan las penas para las protestas legítimas y pacíficas, el nuevo Código Penal reduce las sanciones penales para aquellos que repriman violentamente futuras protestas", denunció la sede diplomática de EEUU.
El texto publicado por la Embajada estadounidense también dijo que "esto se produce después de que el viernes el Comité de la ONU sobre la Tortura solicitara que el Gobierno cubano investigara, procesara y, si fuera necesario, sancionara a quienes hubieran actuado por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas del 11J".
"Estamos consternados por el hecho de que el régimen no haya presentado ningún cargo contra los implicados en los actos represivos violentos del 11J y haya reducido las sanciones penales para quienes actúen violentamente contra quienes protesten en el futuro", añadió la sede diplomática de EEUU en La Habana.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigor en 90 días, prevé sanciones de hasta tres años de prisión para quienes insulten a altos funcionarios públicos y criminaliza cualquier financiamiento para lo que —sin precisiones— se describe como "actividades contra el Estado y su orden constitucional".
Activistas y opositores han denunciado que el nuevo código busca acallar la protesta social, el activismo y el periodismo independientes. La normativa le otorga al régimen las herramientas necesarias para sancionar cualquier actividad que arbitrariamente considere subversiva contra el Estado cubano.
