La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó este domingo, en sesión extraordinaria, el nuevo Código Penal de Cuba, que prevé sanciones de hasta tres años de prisión para quienes insulten a altos funcionarios públicos y criminaliza cualquier financiamiento para lo que —sin precisiones— se describe como "actividades contra el Estado y su orden constitucional", lo que podría estar dirigido contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes.
De acuerdo con un reporte de EFE, los diputados aprobaron el proyecto en una sesión en la que estuvieron presentes Miguel-Díaz Canel y el general Raúl Castro.
Activistas y opositores han denunciado que el nuevo código busca acallar la protesta social, el activismo y el periodismo independientes. La normativa le otorga al régimen las herramientas necesarias para sancionar cualquier actividad que arbitrariamente considere subversiva contra el Estado cubano.
Sus impulsores, por otro lado, lo califican como "garantista" y actualizador, ya que el anterior (1987) no contemplaba delitos medioambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género, aunque en este último aspecto feministas han lamentado la ausencia de tipificación del delito de feminicidio, pese a que en 2021 murieron al menos 36 cubanas por violencia machista, cuatro más que en 2020, según cifras extraoficiales.
En la sesión de este domingo, Mariela Castro Espín reclamó acoger el término femicidio en el nuevo código y propuso que se configure ese delito en el Artículo 345.
Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo Popular del régimen, Rubén Remigio Ferro, dijo que en el Artículo 345 está la descripción del delito de femicidio. "No está la nomenclatura femicidio o feminicidio porque habría que establecer en el asesinato nomenclaturas distintas, como infanticidio, por ejemplo", justificó.
Teresa Amarelle, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), controlada por el Gobierno, dijo que este tema se discutió ampliamente y, aunque no está definido el término femicidio, no hay vacíos en el código en cuanto a la violencia de género.
Originalmente, el proyecto debió ser votado en abril en la ANPP, pero por motivos que no trascendieron, su paso por el Legislativo se retrasó.
El nuevo código, que entrará en vigor dentro de 90 días, cuando será publicado en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos como el de "desórdenes públicos" para penalizar "las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente".
Remigio Ferro señaló al presentar el proyecto de ley al plenario del aparato legislativo que la nueva ley refuerza el rigor de las sanciones relacionadas con la corrupción.
Asimismo, dijo que establece como sanción máxima la de privación perpetua de libertad y mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el caso de 23 tipos penales.
También prevé sanciones de hasta diez años de prisión a quien "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
El nuevo Código Penal no ha recibido tanta difusión mediática oficial como el Código de las Familias, una reforma que también se está tramitando actualmente en la Asamblea después de tres meses de un proceso de consulta popular.
A diferencia del Código de las Familias, el Penal no será sometido a referendo.
Análisis de DIARIO DE CUBA sobre el Código Penal han destacado, entre otros aspectos, cómo el cuerpo de ley castiga el trabajo forzado, pero siempre que no lo cometa el Gobierno, mantiene como delito el abandono de funciones en el exterior y no incluye políticas para reducir el número de presos en las cárceles cubanas y acercar la norma penal de la Isla a las más modernas a nivel mundial.
El cartel de Punto Cero no necesita reglas ni códigos para ejercer su represión sobre los esclavos, pero actualizar los papeles donde escriben sus leyes les da un cierto disfraz de legitimidad para la comunidad internacional, la que indiferente o cómplice tratará a los opositores como ladrones o terroristas según los dictámenes de los líderes narcos.