Sin sorpresas, el aparato legislativo del régimen cubano aprueba tres nuevas leyes

Como era de esperar, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este sábado la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y la Ley de Datos Personales, recogió el portal oficial Cubadebate.

Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, dijo que "la ley cumple con los mandatos expresados en los artículos 77 y 78 de la Constitución y su objetivo es establecer el marco jurídico general para alcanzar la soberanía alimentaria, así como fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de proteger el derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada".

La normativa regula la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles, y establece la responsabilidad de los organismos de la Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular para el adecuado funcionamiento de los sistemas alimentarios en los territorios, con una amplia participación de la ciencia y la innovación.

Estas cuestiones han sido criticadas por expertos en varias ocasiones, pues descentraliza las decisiones acercándolas a los productores de cada municipio, lo que según los especialistas solo cambia una economía centralizada nacional "lejana", por 168 economías centralizadas municipales "cercanas", pues la decisión sobre qué sembrar y a qué precio venderlo sigue sin estar en los campesinos.

Según el diputado Ramón Osmani Aguilar Betancourt, "esta ley perfecciona los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de los alimentos, a partir de las capacidades endógenas de los territorios".

Cubadebate señaló que "las comisiones Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron el proyecto de ley con los diputados, en reuniones efectuadas durante los meses de marzo, abril y mayo por videoconferencias y de forma presencial".

"Ambos grupos de trabajo del Parlamento también evaluaron los criterios de campesinos, cooperativistas, académicos y expertos de agencias de Naciones Unidas vinculadas con la alimentación", añadió.

En total, 371 personas fueron consultadas en el país y se recibieron 12 opiniones de la población en el sitio web. De las 282 propuestas recibidas, 146 fueron aceptadas y 59 aceptadas en parte. 

Esta ley entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, en medio de escasez de alimentos y el ya crónico mal manejo de las producciones y elaboraciones en la Isla.

Sobre la Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (CITMA), Elba Rosa Pérez, ministra del sector, dijo que la disposición responde al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las nuevas realidades que afronta la sociedad humana en el terreno medioambiental.

Pérez presentó como una novedad, "el fortalecimiento del CITMA como organismo rector del sistema de los recursos naturales y el medioambiente, y responsable de establecer los mecanismos de gestión y política ambiental".

Dijo que, al cabo de un "profundo proceso de consulta", la ley cambió en más de 50% respecto a su contenido original.

La ley abarca cuestiones y campos de acción como la calidad del aire y el tratamiento y disposición de los residuos, la valoración del consumo y la producción, la mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión de sistemas boscosos, montañosos y acuíferos, la necesidad de detener y revertir la degradación de los suelos y responsabilidades penales, civiles y administrativas, entre otros. 

Se incorpora en los planes de desarrollo nacionales y en la misión de la empresa cubana de la evaluación del impacto ambiental y los instrumentos de protección del medioambiente, además de la ejecución de proyectos con vistas a garantizar la sostenibilidad, añadió.

Datos personales

Sobre la Ley de Datos Personales, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, dijo que se recibieron 74 criterios, de los que 56 fueron aceptados. En los encuentros con diputados hubo 12 intervenciones y se emitieron 24 criterios, de los cuales fueron aceptados nueve.

La ley, la primera del país en regular esta materia, se estructura en tres capítulos y 66 artículos y está enfocada en establecer el derecho del titular del dato personal y estipula derechos y deberes.

El ministro dijo que se regulan los casos en que pueda realizarse la transferencia de datos personales y establece las vías de reclamación y el acceso a los tribunales.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, dijo que la ley garantiza la tutela de la privacidad de las personas, dadas las condiciones tecnológicas de la sociedad contemporánea.

Mayra Arevich, ministra de Comunicaciones, dijo que la ley respalda y fortalece lo establecido en normas vigentes relacionadas con las TIC.

"El primer responsable de la protección de los datos personales debe ser la propia persona sobre sus datos. Esta ley debe complementarse con la labor educativa a realizarse con los jóvenes, que son poco conscientes de los riesgos inherentes para la utilización de internet. Si no se hace hoy en día, las generaciones futuras podrían reclamar mañana que su privacidad no está segura", dijo.

Se refirió a riesgos cada vez más frecuentes a nivel internacional como la suplantación de identidad, pérdidas económicas y ataques a la integridad personal.

Añadió que es por la vía digital "por la que tendremos los mayores incrementos de información, y también de riesgos".

La ley –continuó– identifica a la persona responsable y la encargada, y dispone sus responsabilidades sobre la finalidad, contenido y uso durante el tratamiento de datos personales, "lo que permite al Ministerio de Comunicaciones, de acuerdo con sus funciones, complementar esta norma con una resolución donde se establezcan obligaciones técnicas a cumplir por sus actores y por los compradores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de programas, aplicaciones informáticas y los titulares de servicios".

En un país cuyo régimen ha ido acumulando herramientas legales que le garantizan la posibilidad de vigilarnos, como el Decreto-Ley 370 de 2018, la Resolución 484 de 2020 de Ministerio de Justicia, norma creadora del llamado Portal Único informativo del ciudadano; el Decreto-Ley 35 de 2021 del Consejo de Estado unido a un amplio compendio de disposiciones restrictivas de libertades y derechos, y la Ley de Proceso Penal, que valida la vigilancia electrónica y otras, sin dejar de violar nuestros datos personales y de violar nuestras comunicaciones privadas, La Habana podrá exhibir una Ley de Protección de Datos Personales ante los organismos internacionales.