El Observatorio de Violencia de Género de la revista feminista Alas Tensas reportó la muerte de 36 mujeres víctimas de violencia machista en Cuba durante 2021, cuatro más que en 2020.
Al presentar la información, Alas Tensas insistió en que es "solo un subregistro", pues los datos provienen de la red de observadoras de la revista. En colaboración con plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red Femenina de Cuba, activistas recopilan y verifican casos "con recursos muy limitados", reportó la agencia IPS.
Según el reporte, de los 36 feminicidios registrados, 30 fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. Esto desmonta la creencia de que son personas desconocidas del círculo de las víctimas las que cometen los actos violentos.
Aunque en algunos países y documentos de Naciones Unidas los términos feminicidio y femicidio se usan como sinónimos, en Cuba por "feminicidio" se entiende la existencia de un contexto de impunidad y tolerancia del Estado y "femicidio" se considera como "la muerte de mujeres por razón de género" o "por el hecho de ser mujer".
"No aceptamos el calificativo de que en Cuba haya feminicidios porque el Estado no le da la espalda a ese comportamiento tan grave", dijo la penalista oficialista Arlín Pérez Duharte durante la IV Reunión de Investigadores en violencia de género "Construyendo políticas basadas en evidencias científicas", en noviembre pasado.
Sin embargo, el Gobierno cubano no publica en general cifras de las muertes de mujeres por violencia de género. El Anuario Estadístico de Salud incluye las muertes de mujeres por agresión, pero no especifica cuáles se relacionan con violencia de género.
El proyecto del nuevo Código Penal ha dejado sin tipificar el delito de feminicidios, dando la espalda a la exigencia de varias plataformas feministas, que también se quejan de la falta de preparación de policías y otras autoridades a la hora de tratar con víctimas de la violencia machista. Tampoco ha incluido el femicidio.
Especialistas y activistas de diversos sectores afines al Gobierno critican que esfuerzos loables, como la verificación de los casos de muertes de mujeres que se publican por la ciudadanía en las redes sociales, se acompañen de lo que consideran desconocimiento o la negación de todo el trabajo realizado durante las últimas tres décadas.
Esas fuentes señalan que, aunque se mantengan desafíos como la publicación de estadísticas oficiales de femicidios, temas como la necesidad de una ley integral, los refugios para víctimas y los sistemas de atención, hay espacios de debate y capacitación, así como esfuerzos de articulación multisectorial, algunos con apoyo de agencias de las Naciones Unidas.
Las fuentes oficialistas destacan que la responsabilidad del Estado en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género fue refrendada en la nueva Constitución en 2019 y, en correspondencia, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) incluyó en 2020 varias medidas para enfrentar este problema, aunque poco o nada se sabe de su aplicación.
Arlín Pérez Duharte, especialista en Derecho Penal, dijo que seguimiento al PAM, el Consejo de Ministros aprobó en 2021 la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar que, entre otras acciones en el componente legislativo, establece la ruta para "diseñar la Ley Integral sobre la Violencia de Género".
Para la profesora de Derecho de la Universidad de La Habana Tania de Armas, "aunque no se han producido todas las transformaciones normativas que se requieren de inmediato en la legislación penal", sí se observa "una intencionada y enfática protección a las víctimas, especialmente a las de violencia de género".
"Las leyes no son la llave mágica para resolver este conflicto", justificó Pérez Duharte, no obstante, admitió que, necesariamente, el nuevo Código Penal deberá explicitar que "el delito es matar a una mujer por su condición de mujer".
