La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la profundización de la represión en Cuba, contra quienes participaron en las protestas ocurridas el 11 de julio, en un comunicado de prensa publicado este viernes.
En el documento, la CIDH señala que la agudización de la represión contra los manifestantes del 11J se refleja en las violaciones a las garantías judiciales y penas desproporcionadas, hasta de 25 años de privación de libertad.
En ese sentido, urge al Estado cubano a asegurar el debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas, observando los estándares interamericanos.
La CIDH dice que desde el pasado 11 de julio ha documentado las diferentes etapas de la represión estatal. Tanto la Comisión como sus Relatorías Especiales, mediante el comunicado de prensa de 15 de julio de 2021, condenaron la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas.
De igual forma llamaron al Estado a garantizar integralmente el derecho a la protesta y a observar los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza estatal y de debida diligencia para la investigación de los hechos denunciados.
Un mes mas tarde, manifestaron su profunda preocupación por las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías mínimas del debido proceso contra quienes participaron de las protestas, a través del comunicado de prensa de 12 de agosto de 2021.
Nuevamente, llamaron al Estado cubano a cesar la represión, garantizar el debido proceso y ofrecer un trato digno a quienes se encuentran bajo su custodia.
El presente comunicado de prensa de la CIDH recuerda que durante la audiencia sobre la "Situación de los derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba", realizada el 21 de octubre, a casi cuatro meses de las protestas en julio, organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron la realización de procesos judiciales que tienden a criminalizar a las personas participantes de las manifestaciones, en los que la Fiscalía había solicitado elevadas condenas.
Las organizaciones también indicaron que dichos procesos se ha caracterizado por vulneraciones a las garantías judiciales como la incomunicación de personas detenidas, interrogatorios con fines intimidatorios, e imposibilidad de contar con una defensa jurídica adecuada, señala la CIDH.
El órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) apunta que de las más de 600 personas que permanecen aún en detención, 598 estarían bajo el régimen de prisión preventiva; en particular, 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación; y 202, en fase de juicio oral, según datos del centro de información legal Cubalex. De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas, seis de ellas adolescentes.
El comunicado señala la particular preocupación de la sociedad civil cubana por la incomunicación o restricciones de comunicación de líderes disidentes que se encuentran privados de la libertad, entre ellos, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, y Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro.
La CIDH urge, una vez más, al Estado cubano a garantizar que los tipos penales contemplados en su legislación no sean utilizados de forma indebida para restringir otros derechos, o en contra de personas disidentes.
También le recuerda su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social. Por tanto, debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas en el contexto de las protestas, siguiendo los estándares interamericanos.
El Estado cubano suele hacer caso omiso de los señalamientos de la CIDH. Tampoco envía representación a las audiencias de la Comisión, en las que la sociedad civil cubana presenta informes sobre la situación de derechos humanos en la Isla y las violaciones perpetradas o, como mínimo, consentidas por él.
