"Le pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por liberación de mi hijo, porque tener pensamientos propios no es un crimen", expresó Liset Fonseca Rosales, madre del cubano Roberto Pérez Fonseca, condenado a diez años de prisión por romper una foto de Fidel Castro, en la Audiencia Temática "Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba", realizada este 21 de octubre en el marco del Período de Sesiones 181 de la Comisión.
Durante la audiencia, desarrollada online y, como es usual, sin la asistencia de representación del Estado cubano, familiares de detenidos durante las protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio y representantes de organizaciones de la sociedad civil fueron escuchados por comisionados y relatores especiales, que expresaron profunda preocupación por las situaciones descritas por los activistas cubanos.
Laritza Diversent, abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalex, denunció que desde el propio 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J, la organización que dirige ha registrado las detenciones de 1.130 personas. De estas, 572 permanecen privadas de la libertad y varias personas excarceladas han denunciado actos de tortura y malos tratos, "entre las que se pueden mencionar golpizas, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual y uso de canes para amedrentar. Fueron obligadas a desnudarse a gritar consignas a favor de la Revolución como 'Viva Fidel' y 'Viva Díaz-Canel'".
Diversent destacó las detenciones de menores de edad, la desaparición forzada a que fueron sometidos decenas de detenidos durante varios días y las agresiones contra periodistas, que aunque excarcelados están sometidos a prisión domiciliaria, entre otras violaciones de derechos humanos.
Además recordó que, tras las protestas, el Estado cubano aprobó el Decreto-Ley 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones (monopolio de la estatal ETECSA) la obligación de monitorear los contenidos en Internet.
"Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias en línea de protestas pueden ser calificadas como difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social", explicó la abogada.
Desde su casa, donde se encuentra sometida a prisión domiciliaria, Sayli Navarro, promotora de CubaDecide y Dama de Blanco relató la detención que sufrieron el 11 de julio ella y su padre, Félix Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia "Pedro Luis Boitel", cuando intentaron conocer sobre la situación de miembros de la organización arrestados durante las manifestaciones.
Denunció además que desde entonces no ha podido ver a su padre, quien se contagió de Covid-19 en prisión.
La activista también se refirió a los casos de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide, y las activistas Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.
En representación del Movimiento San Isidro, Michel Matos señaló que desde el 11 de julio se han producido al menos 39 detenciones arbitrarias en contra de artistas relacionados con las protestas. Denunció el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar, los juicios sumarios, entre los que destacó el del fotógrafo Anyelo Troya, quien fue condenado a prisión en primera instancia, aunque luego fue excarcelado. Refirió además que Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, intérpretes de "Patria y Vida", el tema musical devenido en himno para los cubanos, permanecen en prisión.
En representación del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Osvaldo Navarro Veloz resaltó la salida a las calles, el 11 de julio, "de la Cuba profunda" y a las detenciones y arbitrariedades sufridas por artistas que pertenecen a dicha organización, "en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de la sociedad cubana, el apoyo de todo el sistema interamericano resulta vital".
Finalmente, la también integrante del CIR y representante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), Mathadela Tamayo, resaltó la violencia contra las mujeres, en particular los casos de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, activistas de derechos humanos detenidas violentamente por seis policías el 12 de julio en sus domicilios. Ambas son madres y están a la espera de juicio acusadas de supuestos desacato, atentado y resistencia, y de liderar la protesta en su lugar de residencia.
Por parte de la CIDH, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator de país, reconoció el esfuerzo y la valentía de las organizaciones, en condiciones tan adversas y enfatizó que no se puede argumentar que un embargo económico sea la causa de las violaciones de las principales libertades y garantías individuales y derechos humanos.
"La causa precisamente es que no existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos", sentenció.
El relator además manifestó una profunda preocupación por "las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas, cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades".
Julissa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH, reiteró el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que están haciendo las organizaciones, dado que es una esperanza no solo para Cuba sino también para la región.
Los comisionados se mostraron preocupados por las amenazas del Gobierno cubano contra los promotores y potenciales participantes en las protestas anunciadas para el próximo 15 de noviembre y adelantaron que mantendrán observación especial ese día.
