El 12 de julio, un día después de que estallaran en varias ciudades a lo largo de Cuba las protestas pacíficas más significativas desde 1959, el cubano Félix Navarro, líder del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, se presentó en la estación policial de Perico, Matanzas, para interesarse por miembros de su partido arrestados durante las manifestaciones. Desde entonces, está detenido.
No era delincuente infraganti, no calificaba como prófugo de la justicia ni era un acusado declarado en rebeldía por un anterior proceso penal. Su presencia en la unidad policial no produjo ninguna alarma. No estaba acusado de un delito contra la Seguridad del Estado.
Sin embargo, está acusado de "desórdenes públicos" y "atentado" desde que se presentó en la estación policial para ejercer un derecho constitucional.
Según el Artículo 53 de la Constitución, elaborada según los intereses del régimen que la viola, "todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas".
Tanto el encarcelamiento de los manifestantes del 11J, como el de Navarro, demuestran que en Cuba los derechos solo lo son cuando los ejercen personas afines al régimen. Ejercidos por cubanos que expresan su inconformidad con el poder o que simplemente le solicitan a ese poder información, se transforman en delitos.
¿Contra quién cometió el delito de atentado Félix Navarro, un hombre de 68 años que padece varias enfermedades, al presentarse en la unidad policial a interesarse por los miembros de su partido detenidos?
La experiencia muestra que los cubanos, principalmente desafectos al régimen, son con frecuencia acusados de intimidación o agresión por oficiales de la Policía, que no presentan testigos y alegan que los hechos ocurrieron cuando estaba solo con el acusado.
Luego, un fiscal certifica la acusación, anulando el valor de la declaración del acusado, así como los derechos probatorios, con respuestas evasivas en las diversas resoluciones, lo que además viola el Artículo 249 de la vigente Ley de Procedimiento Penal, que establece la igualdad entre la parte acusatoria y acusada.
Han transcurrido más de 60 días desde la detención del opositor, término ordinario en el que el órgano de instrucción y el fiscal designado debieron concluir la investigación por orden del órgano legislador. En caso de ser necesaria una prórroga del tiempo establecido para la investigación, el órgano de instrucción y el fiscal deben solicitarla y justificar la necesidad en una resolución.
El Artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal establece que "el Instructor practica las acciones de Instrucción y demás diligencias de la fase preparatoria en el más breve plazo posible. El término de la Instrucción del expediente de fase preparatoria no debe exceder de 60 días a partir de la fecha de la resolución de inicio y solo puede prorrogarse, justificadamente, por los jefes del Instructor, de acuerdo con lo que al efecto se regule por el órgano u organismo a que pertenece".
En delitos como los presuntos "desórdenes públicos" y "atentado", la fase investigativa no suele requerir ni siquiera dos meses. Navarro ha estado encerrado más tiempo. En ante delitos graves, como malversación y robo con fuerza, que el instructor requiere más tiempo para investigar.
Si un policía fue víctima de atentado y si existe algún vídeo que demuestre que Félix Navarro incitó a delinquir, ha habido tiempo suficiente de mostrar esas pruebas. La única deducción posible es que el verdadero objetivo del encarcelamiento ha sido neutralizar, durante todo el tiempo posible, a un opositor con potencial liderazgo.
Tanto Félix Navarro como su familia desconocen la decisión del órgano de instrucción y el fiscal en su caso. Podrían oponer un recurso de queja por sí mismos o a través de un abogado que designen, contra la dilatación infundada del tiempo de la investigación.
En dicho recurso de queja podría solicitarse además la suspensión de la medida cautelar de prisión o la modificación de esta por otra que implique para Navarro la posibilidad de defenderse de la acusación en libertad.
La solicitud se fundamenta en que el fiscal no puede sostener la prisión provisional al no haberse comprobado, tras más de 60 días de investigación, las causas que motivaron su imposición. No se ha presentado una acusación formal, sustentada en pruebas acusatorias, contra Félix Navarro.
Por tanto, no puede existir proceso penal ni juzgamiento. De acuerdo al Artículo 265 de la Ley de Procedimiento Penal vigente, al no haberse comprobado el delito en el término fijado por la ley, procede el sobreseimiento libre del caso, lo que significa que se archiva definitivamente.
Incluso si el fiscal solo sobresee el caso de manera provisional, por la falta de pruebas, esperando encontrarlas en un futuro, Navarro debe quedar libre, como establece el Artículo 266 de la Ley de Procedimiento Penal, al plantear que procede el sobreseimiento provisional "cuando: 1) no resulte suficientemente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación del expediente; 2) resulte haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores o cómplices".
La presunción de inocencia existe para proteger a las personas de los excesos e injusticias del Estado y las fuerzas policiales. El encarcelamiento de Félix Navarro no solo es ridículo. Es inmoral.
Esa es la "justicia" que Díaz-Canel S presenta ante la ONU. Ese hombre merece salir de prisión, igual que todos los que permanecen en ella solo por protestar contra el régimen. ¡Patria y Vida!
Cuba es el reino de la injusticia.Cautivo el pueblo cubano de una tirania, que se puede esperar???.