Constitución y Cronograma Legislativo en Cuba: pura fachada

Este 10 de abril se cumplirán dos años de la entrada en vigor de la Constitución cubana aprobada en 2019. Aunque la intensa campaña mediática por el Sí y la represión contra voces disidentes durante el llamado "proceso de consulta" presagiaban pocos o ningún cambio, varios enunciados en la nueva Carta Magna, además del Cronograma Legislativo aprobado en diciembre de ese año, ofrecían una imagen de avance… para el mundo.

Una mirada desde el exterior, que es la que importa al Gobierno cubano y hacia la que orienta todas sus simulaciones de cambio, verá que en la Constitución vigente se consagran los derechos a la libertad de reunión, manifestación y asociación con fines pacíficos, "con respeto al orden público y el acatamiento de las preceptivas establecidas por la Ley". El Cronograma Legislativo prevé la aprobación de normas de alto rango que regularán esos derechos.

La Constitución además reconoce el derecho de reclamar ante los tribunales en caso de la violación de derechos constitucionales por parte de funcionarios e instituciones del Estado. La ley que permitirá ejercer dicho derecho se incluye también en un Cronograma, que asimismo contiene leyes sobre problemas de vital importancia para la población cubana, como una nueva Ley de Vivienda, un nuevo Código Penal, un nuevo Código de la Familia y una nueva Ley de Procedimiento Penal, entre otras disposiciones.

Más allá de que continúa declarando irreversible el socialismo y sometiendo a la sociedad a la dirección de un partido único, ¿se puede negar que la Constitución, junto al calendario de leyes que la complementa, exhiben cierta voluntad de apertura y preocupación por el pueblo? De hecho, exhibir constituye la mayor preocupación del Gobierno cubano.

Tanto la Constitución como el calendario de leyes son pura fachada, como los asentamientos portátiles falsos que construyó Grigory Potemkin para impresionar a la emperatriz rusa Catalina II y a la delegación extranjera que la acompañó durante un viaje por la Nueva Rusia, en 1787.

Lo legislado en estos dos años demuestra que Cuba es una suerte de pueblo Potemkin tropical, donde al Gobierno solo le interesa atornillarse en el poder. Si los aldeanos obtienen algún beneficio es solo como efecto colateral.

Detrás de la fachada constitucional y legislativa

La Gaceta Oficial de la República ha publicado 1928 disposiciones jurídicas desde el 10 de abril de 2019 hasta 1 de abril de 2021. Ninguna ha sido en favor de garantizar el ejercicio de los derechos individuales.

De las 17 leyes aprobadas, ninguna avala el ejercicio pleno de derechos consagrados en la Constitución cubana. Por ejemplo, la Ley Electoral frena el ejercicio de derechos políticos de sufragio activo y pasivo, el de revocación y el de iniciativa legislativa mediante mecanismos tortuosos y prohibiciones impuestas a cubanos que hayan perdido la residencia, aunque en teoría conserven la ciudadanía.

La Ley de Servicio Exterior no permite el ejercicio de derechos a los cubanos que han abandonado el país temporal o definitivamente, y discrimina de manera especial a quienes se sumen al disenso.

La Ley de Pesca, que en teoría se dictó para proteger los ecosistemas, impide que estos se conviertan en fuente natural de alimento de los cubanos ante las carencias en una isla de histórica tradición pesquera.

Las leyes previstas dentro del cronograma, relacionadas con derechos y problemas cruciales para los cubanos, fueron pospuestas. Tal fue el caso de las leyes de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil y de Vivienda, entre otras.

El argumento de la pandemia de Covid-19 sería válido para esta postergación, si no se hubiera aprobado en octubre de 2020 la Ley del Presidente y el Vicepresidente de la República, originalmente prevista para diciembre, y si no hubiera continuado la construcción de hoteles pese a la pandemia, al déficit de viviendas y a la cantidad de mujeres con hijos menores de edad que han invadido locales del Estado.

Entre los 50 decretos-leyes aprobados no se incluye el que debe regular los derechos de manifestación y reunión. El controvertido Decreto-Ley 370 regula las libertades de expresión, información y comunicación en internet solo para restringirlas utilizando como justificación el supuesto bien de la sociedad, la seguridad y defensa nacional.

El Decreto-Ley 365 demuestra el empeño del Gobierno cubano en coartar todas las libertades posibles y conceder solo aquellas imprescindibles para mantenerse en el poder. Esta norma obliga a las cooperativas agropecuarias a vincularse a empresas estatales agropecuarias y azucareras. Además, les prohíbe asociarse en organizaciones políticas y sociales distintas a las reconocidas por la Ley.

Otra prueba del excesivo control por parte del Gobierno y de su necesidad de limitar la prosperidad de los cubanos son las resoluciones 559/2020 del Ministerio de la Agricultura, y las 177 y 212 del Ministerio del Turismo. Estas resoluciones autorizan y establecen normas para la comercialización directa entre el sector turístico y las Unidades Básicas de Producción, las Cooperativas Agropecuarias y de Créditos y Servicios, y los Agricultores pequeños.

Pero pese a que el sector turístico vende sus productos en MLC, paga a los agricultores en moneda nacional. Las normas prohíben cualquier pacto contractual sobre el tipo de moneda entre las partes.

Estas son solo tres de las 1.355 resoluciones aprobadas durante el período. Más de 80 pertenecen a la Tarea Ordenamiento, que ha hecho aumentar la inflación y el hambre en el país. 

De los 75 Decretos Presidenciales, casi todos se han dedicado a señalamientos de duelo oficial y de modo fundamental a la aprobación de reglamentos que aclaran la aplicación de leyes y decretos leyes restrictivos de derechos por naturaleza. Solo el que aprobó el Programa para el Adelanto de la Mujer tiene alguna implicación positiva para la población.

Los 62 Acuerdos de la Asamblea Nacional ratifican decisiones del Consejo de Estado. Dos tienen que ver con la proposición inicial del Cronograma Legislativo y su reajuste. No pesó que el reajuste implica más demora para aprobar normas relacionadas con derechos fundamentales. La Asamblea Nacional está tan plegada al Consejo de Estado y tan divorciada del pueblo que debe representar, que ni se detuvo a pensar en los efectos de este retraso para la compleja situación de vivienda del país.