Más de 1.000 cubanos fueron detenidos a raíz de las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio, generadas en más de 50 ciudades y pueblos de la Isla, según datos publicados por la asesoría legal Cubalex.
"1.020 personas en Cuba fueron detenidas por manifestarse el 11 de julio. 1.020 familias han padecido la represión en Cuba", denunció la organización defensora de los derechos humanos en su perfil de Facebook.
De ese total de denuncias recibidas por Cubalex, 418 personas han sido excarceladas y 505 continúan bajo detención, incluidos 15 menores de edad, de 18 años y menos.
Cubalex aclaró que la cifra de los que continúan en detención incluye a personas excarceladas, pero que siguen bajo investigación penal y con medidas cautelares que suponen restricción a la libertad, como la reclusión domiciliaria y en casos de libertad bajo fianza.
En otra publicación, la organización independiente dio respuestas a varias preguntas relacionadas con los acontecimientos históricos del 11J, entre ellas ¿Por qué los manifestantes del 11 de julio no deben ser procesados?, ¿Cuál es la sanción por el delito de desorden público? o ¿Cuál es la ley que regla el procedimiento para solicitar permiso o notificar una manifestación?
De acuerdo con Laritza Diversent, directora de Cubalex, "los manifestantes del 11 de julio no pueden ser procesados por el delito de desórdenes públicos, ni ningún otro".
"Primeramente el Artículo 56 (Nueva Constitución de Cuba, 2019) dispone que "los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley", señala.
Sobre la sanción por el delito de desorden público, la abogada añadió que el Código Penal prevé una privación de libertad de tres meses a un año, al que sin por causas justificadas en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas de gritos de alarmas, o profiera amenazas de un peligro común.
"Evidentemente lo que pasó el 11 de julio no tiene nada que ver con el delito de desorden público. Los manifestantes del 11 de julio no cometieron un delito, ejercieron un derecho que está reconocido en la Constitución. La ley condiciona el ejercicio al derecho de la manifestación a lo que está establecido en la ley", señaló Diversent.
En palabras de la abogada, en Cuba "no hay ninguna ley que regle el procedimiento para solicitar permiso o notificar una manifestación, por tanto, no tipifica ningún tipo de delito".
"Las personas que salieron el 11 de julio a gritar '¡Libertad!', a exigir el respeto de sus derechos, no estaban cometiendo ningún tipo de delito. También es preocupante que las personas convocadas por Miguel Díaz-Canel (tras su llamado al enfrentamiento), no están siendo juzgadas", señaló.
"¿Están aplicando selectivamente esta ley?, pues claro, solo la están aplicando a aquellas personas que se manifestaron en contra del sistema", dijo.
"Las personas que participaron en las protestas del 11 de julio como contramanifestantes, miembros de las brigadas de respuesta rápida, no están siendo juzgadas. Eso se llama aplicar selectivamente la ley. Aplicarla de manera discriminatoria por la forma de pensar", explicó.
"No olvidemos que el derecho a pensar libremente, la libertad de conciencia, pensamiento y religión es un derecho absoluto, que no admite restricciones ni siquiera en época de pandemia como estamos ahora, ni en situaciones excepcionales. Añado que Cuba no ha declarado un estado de emergencia para restringir derechos humanos", afirmó.
"Es verdad que es una situación epidemiológica, pero si Diaz -Canel, convocó a una manifestación días después del 11 de julio en medio de una pandemia, ¿cuál es la diferencia que hay entre una y otra? Pues ahí está la diferencia, la selectividad de la ley y la discriminación a la hora de procesar a estas personas por interés público. Efecto ejemplarizante es lo que están haciendo", consideró.
"Están buscando que la sociedad cubana, que los ciudadanos cubanos, se inhiban de expresar públicamente y ejerzan sus derechos como bien reconoce la constitución. Todos estos procesos contra sus familias, contra sus amigos, es para que usted en su comunidad no vuelva a salir a manifestarse, a exigir sus derechos, como tiene reconocido en la Constitución. Y ahí hay que reportar 'la libertad no se pide, se ejerce' y eso es lo que están castigando, que las personas hayan ejercido su libertad", concluyó.
