La ausencia de clase media en Cuba y el retroceso de la economía

La clase media ocupa una posición intermedia entre los trabajadores y el empresariado. Su peculiaridad radica en que, al no disponer de capital suficiente para vivir de las rentas, participa directamente en la gestión empresarial, en la cual  desempeña un papel insustituible. En Cuba, desde el siglo XIX hasta la primera mitad del XX, figuras relevantes que van desde el obispo Espada a Manuel Dorta Duque, pasando por José Antonio Saco y Francisco de Frías, se pronunciaron a favor de la formación de una clase media nacional. Idea que José Martí sintetizó en párrafo: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos".

La eliminación de la clase media en Cuba explica en buena medida que: 1- de primera exportadora mundial de azúcar y de café, nuestra Isla devino importadora; 2- de una ganadería bovina, que era la segunda actividad económica del país, hoy se tiene que importar leche en polvo para proveer, con dificultades, ese alimento a los menores de siete años, enfermos y embarazadas; y 3- que la producción tabacalera, además de haber descendido respecto a 1958, en la presente campaña disminuirá un 10% el área de siembra.

En la Cuba de los años 50, las empresas en manos de la clase media —además de su papel en la producción de caña de azúcar, café, tabaco y ganado— producían calzado, textiles, pinturas, frutas, viandas, dulces, carne de cerdo, de aves, y derivados de la leche, lo que explica por qué la Isla producía más del 80% de lo que se consumía y brindaba infinidad de servicios gastronómicos, de construcción de viviendas, de transporte, reparaciones, publicaciones, de educación y de salud.

Su papel desempeñado en la producción y los servicios tuvieron por fundamento la Constitución de 1901, que en su Artículo 32 refrendó: "Nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización". Mientras la Constitución de 1940, en el Artículo 87 reconoció "la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley". Gracias a esa base legal, Cuba se ubicó entre los tres países de América Latina con mayor estándar de vida.

Al amparo de la Ley Fundamental del Estado, que rigió de 1959 a 1976, no solo se expropiaron las grandes empresas y toda la industria nacional con más de 25 trabajadores, sino que se intervinieron las peleterías, tiendas de ropa y ferreterías; las 1.000 fincas mayores de cinco caballerías pasaron directamente al fondo estatal con la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963; y en 1968, con la Ofensiva Revolucionaria, se intervinieron las 55.636 pequeñas y medianas empresas privadas, que habían sobrevivido la ola expropiatoria, con lo cual se le propinó el tiro de gracia a la clase media cubana. Luego, las constituciones de 1976 y 2019 declararon a la empresa estatal socialista como la forma principal, prohibieron la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales y ubicaron la propiedad privada en el cuarto lugar de las siete formas reconocidas.

Ante los fracasos, el Gobierno se vio obligado a reintroducir la empresa privada bajo el eufemismo de "trabajo por cuenta propia", a entregar en usufructo —derecho a disfrutar de un bien ajeno— una parte de las tierras que el Estado fue incapaz de hacerlas producir, y a crear diversas formas de "cooperativas". Medidas sometidas a una serie de limitaciones e impedimentos para garantizar el monopolio del Estado e impedir el resurgimiento de una clase media nacional. El resultado: el actual desabastecimiento y la elevación de los precios resultado de la escasez generada.

Después de décadas de fallidos experimentos se sustituyó el listado de las actividades permitidas por cuenta propia por otro listado de actividades prohibidas. Entre ellas: la grabación de sonido y edición de música; galerías de arte; periodismo independiente, agencias de viajes y de operadores turísticos; actividades de investigación y de negocios; venta al por mayor de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores; alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo; lo relacionado con el área jurídica y de contabilidad, excepto la teneduría de libros; la arquitectura y la ingeniería, la prensa, el arte, y el comercio al por mayor. Es decir, las actividades que aportan mayores beneficios, que pueden generar un sector fuerte de clase media y por tanto debilitar el control monopólico del Estado.

Más reciente, ante los nuevos fracasos, se autorizó la creación de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); pero con la misma óptica: la empresa estatal seguirá siendo la forma principal de la economía.

La formación y existencia de la clase media es tan natural y necesaria, que a pesar de todas las medidas del Estado para impedir su resurgimiento, la misma renace ante la menor grieta del sistema totalitario. Su embrión está en los trabajadores privados del campo y de la ciudad, en los miembros de las "cooperativas", en profesionales de todas las esferas y en cubanos con posibilidades de participar como inversionistas por sus vínculos con familiares en el extranjero.

Lo que se requiere es dotarlos de personalidad jurídica, de derechos y libertades para producir, comerciar, asociarse en defensa de sus intereses, y reformar la Ley 118 de Inversiones Extranjeras de 2014, en la que se define al inversionista como "persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero". Es decir, los cubanos residentes en el exterior puedan ser inversionistas, pero al carecer de domicilio y capital en Cuba, no pueden integrar la clase media cubana.

Los resultados en más de seis décadas han demostrado que los jefes, administradores y funcionarios con que se sustituyeron a los dueños carecen del sentido de pertenencia que otorga la posesión de la propiedad y la participación directa en la gestión empresarial.

No existe razón que justifique la exclusión de los cubanos —un pueblo emprendedor con iniciativas y un nivel de instrucción elevado— para participar como empresarios en los destinos de su país. La eliminación de la clase media nacional significó una regresión, cuyo resultado ha sido tan perjudicial a la nación cubana, que se impone su restauración.