Curitas y migajas: las medidas del Gobierno cubano para sacar vapor a la caldera tras el 11J

La misma semana de las protestas masivas del 11 de julio, el Gobierno hizo un grupo de anuncios de carácter social y económico que desde todas las perspectivas buscaban sacarle vapor a la caldera del descontento. Pero ninguno apuntó a la demandas de libertad expresadas por decenas de miles de cubanos en la Isla ni atajaron las causas de las protestas.

Apenas cuatro días después de los sucesos que conmovieron a Cuba y el mundo, Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el titular de Economía, Alejandro Gil, improvisaron un panel en el espacio televisivo Mesa redonda para hacer un puñado de anuncios.

Primeramente, informaron que en cuestión de días quedaban eliminados los aranceles de importación de alimentos, medicinas y productos de aseo sin carácter comercial para los viajeros. Esto, permitido apenas hasta el 31 de diciembre de 2021.

La decisión, anunciada a bombo y platillo, ha permitido que los pocos cubanos y algunos extranjeros que están viajando a la Isla en visitas familiares importen cientos de libras de productos deficitarios y de fármacos vitales en medio de la grave escasez de medicamentos que acompaña el auge de la pandemia del Covid-19 en la Isla. Esta había sido una de las demandas de la campaña #SOSCuba, a la que La Habana se opuso y acusó de buscar generar una "intervención humanitaria".

Apenas dos semanas después de la entrada en vigor de la autorización habían llegado al país 112 toneladas de medicamentos, comida y aseo en los equipajes de los viajeros, según cifras oficiales.

Los funcionarios hicieron referencia durante su comparecencia televisada a los apagones (que prometieron resolver, pero que se mantienen hasta hoy); la escasez de medicamentos; y la vacunación contra el nuevo coronavirus con los candidatos vacunales nacionales (proceso que se aceleró en las últimas jornadas, sin que su impacto se note en el número de contagios y decesos por la pandemia). 

El otro anuncio fue la autorización para que más de 300.000 cubanos que viven fuera de sus provincias y que, debido a leyes impuestas por el régimen para tratar de controlar la migración interna, tienen estatus de indocumentados, compraran los magros productos de la libreta de racionamiento en sus nuevos lugares de residencia.

Esa decisión, por cierto, también tendrá carácter excepcional y vigencia limitada hasta el 31 de diciembre próximo, indicaron posteriormente los funcionarios del Ministerio del Comercio Interior.

Casi de inmediato, las autoridades anunciaron además la entrega gratuita en todo el país de alimentos recibidos como donativos desde varios "países amigos" como Nicaragua, Vietnam, México, Venezuela, Rusia y Jamaica, entre otros.

Los "módulos", que la prensa oficial se ha encargado de calificar como dádivas solidarias del Gobierno para con los cubanos, incluyeron entre otros arroz, granos, pastas, azúcar, aceite comestible, carne enlatada, que llegaron a la Isla como socorro ante la situación desesperada del régimen.

Posteriores anuncios confirmaron la voluntad repentina del régimen de eliminar prohibiciones y ofrecer migajas a la gente hastiada de su mala gestión de décadas. En esa lista está el anuncio de la venta de sistemas fotovoltaicos en las tiendas en dólares, así como el permiso para la importación de forma personal de tecnologías vinculadas al ahorro energético; del arrendamiento de vehículos subutilizados por las empresas estatales; y la legalización de los vehículos construidos con partes y piezas, en caso de que estos reúnan los requisitos técnicos para circular.

Súmesele a ello una rebaja de precios del monopolio de las telecomunicaciones ETECSA que, sin hacer referencia al apagón de internet impuesto durante casi una semana a partir del 11J, bonificó a sus clientes con datos de navegación extra.

Finalizando julio, el Gobierno anunció la eliminación de los precios topados vigentes en los agromercados donde concurren los vendedores privados, así como de los precios de compra del plátano, la malanga y el boniato que el monopolio estatal Acopio impuso a los campesinos en abril último, como parte de la Tarea Ordenamiento.

Ya iniciado agosto, el régimen aprobó su ley de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), llevada y traída durante meses y de la que, a falta de la publicación de sus normativas en la Gaceta Oficial, se desconocen los detalles.

En el mismo lapso de tiempo en que el régimen ha tratado de poner curitas aquí y allá para aparentar que se ocupa de los problemas de los cubanos, las causas del estallido social del 11J no hacen más que agravarse. Cientos de personas siguen presas, muchas reciben condenas a prisión y algunas, como el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer, están desaparecidas desde hace un mes.

Asimismo, las detenciones y la represión contra quienes se manifiestan o difunden imágenes y testimonios de la respuesta violenta del régimen contra el pueblo no se detiene. Por ello, independientemente de cuántos paliativos anuncien los funcionarios cubanos, el 11J podría repetirse en el momento menos pensado.