De acuerdo al cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2019, 14 leyes y 15 decretos leyes debieron aprobarse durante 2020. De lo previsto, solo siete leyes, relacionadas fundamentalmente con cuestiones organizativas de los poderes ejecutivos y legislativos, y 11 decretos leyes, fueron aprobados.
El incumplimiento del cronograma podría atribuirse a la pandemia de Covid-19, que ha afectado todas las esferas de la vida del país. Sin embargo, mientras la Ley del Presidente y Vicepresidente de la República, programada para diciembre de 2020, se adelantó para octubre, otras proyectadas para este mes fueron postergadas hasta diciembre, pero de 2021. Es lo que ha sucedido con la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, la Ley sobre los Tribunales Populares, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Procedimiento Penal, y la Ley de Procedimiento Civil, Laboral y Económico.
Estas leyes, principalmente la de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, la de Procedimiento Penal y la Ley de Procedimiento Administrativo, deben garantizar a la ciudadanía la protección del ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución y la posibilidad de reclamar ante los tribunales cuando estos son vulnerados.
Aunque la represión desatada contra el Movimiento San Isidro y posteriormente contra participantes en la protesta pacífica del 27 de noviembre envían el mensaje de que la Ley de Reclamación… tendrá poco alcance, la publicación del anteproyecto habría permitido conocer por fin qué derechos reconocidos por la Constitución estarán amparados por dicha norma. En la consulta previa a la aprobación, el pueblo habría podido pedir la inclusión de derechos como la libertad de expresión, que previsiblemente no estará entre los que se podrán reclamar ante los tribunales al amparo de esta ley.
Aun sin la posibilidad de consulta, los cubanos habrían podido proponer reformas a la ley, basándose en el inciso k del Artículo 134 de la Constitución y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Electoral. Ahora, cualquier iniciativa ciudadana en relación a esa ley deberá esperar, al menos, otro año más.
Otra norma de importancia vital para la población es la Ley de la Vivienda, que debió ser sancionada durante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional en diciembre. El Ministerio de la Construcción está a cargo de elaborar esta ley, que debe dar respuesta, al menos en parte, a la situación de la vivienda, uno de los problemas más graves del país.
En 2020 se construyeron 47.000 viviendas, una cifra que está lejos de resolver el déficit habitacional que ascendía a 929.695 viviendas a finales de 2018, según datos oficiales. Sin embargo, esta Ley también ha sido aplazada hasta diciembre de 2022.
Los derechos de manifestación y reunión debían ser regulados a través de un decreto ley cuya aprobación estaba programada para septiembre. El Gobierno ha informado que ya no será un decreto ley sino una ley, la norma que regulará estos derechos constitucionales. Lo que no ha dicho el Gobierno es cuándo será sancionada, pues se informa que queda aplazada su aprobación hasta la próxima legislatura, que inicia sus trabajos en el 2023. La ley que regulará los derechos de manifestación y reunión se aprobará en algún momento a partir de ese año.
También se desconoce si el nuevo cronograma incluirá la ley integral contra la violencia de género que demandan las activistas y plataformas feministas cubanas, y que constituye una necesidad, como demuestran los hechos violentos contra las mujeres ocurridos durante el año.
Tal vez, el nuevo Código Penal, previsto para abril de 2022, contenga alguna ley al respecto, lo que sería un gran paso de avance. Pero lo que necesita el país es una ley integral.
Dentro de los decretos leyes que sí se aprobaron en 2020 está el Decreto Ley 16 sobre la Cooperación Internacional que Cuba Ofrece y Recibe, que establece el control del Estado sobre cualquier cooperación o ayuda humanitaria enviada a Cuba y elimina cualquier posibilidad de ayuda directa entre cubanos.
Por otra parte, obliga a los países que reciben la cooperación de Cuba, principalmente con el envío de médicos, a aceptar sin el menor cuestionamiento las reglas bajo las que se desempeñan los cooperantes cubanos en su territorio, aunque violen normas internacionales y las leyes del país.
Fue pospuesto el Decreto Ley sobre Bienestar Animal, que responde a un reclamo de años de los animalistas cubanos y será sometido a votación en febrero de 2021.
El hecho de que, ante las circunstancias impuestas por el coronavirus, el Gobierno haya priorizado normas relacionadas con los poderes ejecutivos y legislativos, y con su interés de controlar cuanto recurso entre al país, y relegado las que podrían resolver problemas de la ciudadanía y proteger sus derechos, es otra prueba de que este cronograma no se diseñó en beneficio del pueblo sino del poder.
Desde el principio, el calendario fue concebido con un exceso de normas derivadas de los Lineamientos del Partido Comunista (11 leyes y 28 decretos leyes) por 25 leyes y tres decretos derivados de la Constitución, pese a que menos del 15% de la población pertenece al único partido legal en el país.
La postergación de la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales y del Decreto Ley (ahora Ley) sobre los Derechos de Reunión y Manifestación, también demuestra que son el miedo y la falta de derechos, y no un apoyo real del pueblo, lo que mantiene al Gobierno en el poder.
Los tribunales cubanos hasta la fecha siguen subordinados a los intereses políticos instituidos, pero una avalancha de demandas bien fundamentadas, contra las estructuras del Estado, en sede judicial, por violaciones de derechos humanos y constitucionales, no es un escenario en el que el poder desea verse.
Al reconocerlos en la Carta Magna y escatimarlos en la práctica, el Gobierno demuestra su miedo a lo que podría suceder si los cubanos pudieran ejercer con total libertad los derechos recogidos en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la que el Estado cubano es signatario.
Que barbaridad, el temor a libertades y derechos ciudadanos se hace cada vez más evidente en Cuba. Aplazan normas fundamentales para dar prioridad al control y a los sistemas de dominación.
Los legisladores en Cuba deben por vergüenza auto pedirse la revocación, no representan nada que tenga que ver con las necesidades crecientes de justicia social. Q Dios salve a sus hijos y nietos de la represión para que puedan seguir disfrutando de la mentira en paz. Ello es lo menos que se les puede pedir en un escenario donde, salvo un puñado de privilegiados cubanos asociados al poder, el resto es víctima.
El Ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera, ex magistrado del Tribunal Supremo, que al menos si no tiene el valor de priorizar las normas del pueblo, que se calle de hablar boberías en la TV junto al improvisado de Humbertico, joven a quien lo han cogido para legitimar la represión.