Invertir en Cuba: una actividad de alto riesgo

En los últimos días, ha vuelto a surgir el asunto de la inversión en Cuba de los cubanos residentes en el exterior. El Gobierno necesita divisas. No está dispuesto a aguantar un año de vacío como ha sido 2020, sin turistas, sin exportaciones y con las remesas a la baja.

La inversión en Cuba del nacional residente en el exterior es un tema del que ni siquiera se debe hablar hasta que el régimen no autorice a los cubanos que viven en la Isla a hacerlo igualmente y con plenas garantías de sus derechos. De nada sirve "vender" a trozos la nación a extranjeros, si los nacionales no participan de los beneficios de la economía. El embargo o bloqueo del Gobierno a los cubanos se manifiesta de muchas formas.

Hecha esta afirmación, unas recientes declaraciones de la directora de negocios del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Katia Alonso, han venido a asegurar que "el régimen otorga el mismo tratamiento a las inversiones de cubanos residentes en el exterior que a los extranjeros", dado que muchos de los que residen fuera ya han adoptado la nacionalidad de los países en que viven. Además, esta dirigente ha anunciado una "cartera de negocios" específica para los inversores cubanos del exterior, "consistente en pequeños proyectos que vayan resolviendo el problema alimentario y no alimentario. Pueden ser hasta menos de un millón de dólares los proyectos en que estamos interesados en promover y concretar".

En cualquier caso, los no residentes pueden invertir como cualquier empresario internacional y esto, según las autoridades, es posible desde la Ley 118, que ya peina canas. Sin embargo, pocos han sido los nacionales residentes en el exterior que han colocado sus capitales en la Isla. Y así, para este año 2021 el régimen ha anunciado para la inversión extranjera una cartera de 503 oportunidades, por un importe de 12.000 millones de dólares, incluyendo posiciones en minería, energía y pequeños emprendimientos.

Al margen de la posible repugnancia moral que se deriva de apostar por inversiones en un país en que siguen sin respetar los derechos de propiedad y que, entre 1959 y 1968, se expropió todo el capital privado que había sido generado por varias generaciones, el asunto es importante, porque en las actuales condiciones, al régimen le interesa recibir divisas del exterior, sea cual sea el origen, teniendo en cuenta que la parálisis del principal suministrador, el turismo, va para largo.

Desde el punto de vista macroeconómico, invertir en Cuba es una actividad de alto riesgo. Una economía con profundos y graves desequilibrios internos y externos, donde las políticas fallan de forma estrepitosa en alcanzar sus objetivos, y que se ha lanzado a un proceso agónico de reformas (la Tarea Ordenamiento, la Estrategia, etc.) que no están dando los resultados previstos, no es un escenario adecuado para invertir capital, salvo que se asuma el riesgo de su pérdida.

Teniendo en cuenta estas consideraciones éticas y económicas, que son importantes, no cabe duda de que existe, al parecer, una inversión "informal" de cubanos no residentes, que se ha ido concretando a lo largo de los últimos años, sin que las prohibiciones o las limitaciones existentes hayan podido afectarla de forma negativa. De hecho, ya durante el "Periodo Especial" Fidel Castro en persona puso contra las cuerdas unas inversiones acometidas por cubanos residentes en EEUU en Varadero, y de aquello nunca más se supo.

Obviamente, de estas inversiones informales no existe información oficial, ni tampoco estimaciones de calidad, como las que se realizan de las remesas por The Havana Consulting Group; pero, al parecer, esas inversiones están teniendo lugar, y se destinan al sector privado emergente de la Isla, básicamente los pequeños negocios y algunas cooperativas que funcionan de manera legal. Entonces, la cuestión, por tanto, es en qué se puede invertir en Cuba en este momento y, sobre todo, si tiene sentido para un cubano residente en el exterior, dedicarse a esta actividad.

En primer lugar, hay que tener en cuenta la baja rentabilidad de todas las actividades económicas. Imposible o muy difícil hacerlo en empresas estatales, además de poco recomendable, teniendo en cuenta los problemas de solvencia que la Tarea Ordenamiento ha generado en muchas. En los pequeños negocios, la inversión tampoco proporciona rendimientos superiores al coste. Este será un problema complicado de resolver, que tiene su origen en el embargo o bloqueo que el régimen aplica a la economía cubana.

En segundo lugar, hay dudas sobre la forma de materializar la inversión, cómo hacerlo desde el punto de vista jurídico y respetable. Los riesgos de asociarse con familiares, amigos o conocidos en proyectos de inversión son altos cuando las cosas no van bien, e incluso, en caso contrario. Sin reconocimiento a la empresa privada cubana, hay que ser muy cautos. Otro de los aspectos del embargo al pueblo de la Isla.

En tercer lugar, llega el principal asunto, que no es otro que la cuestión de en qué invertir. Las alternativas reales son escasas, ya que la vivienda está fuertemente limitada a dos por persona natural. Quedarían entonces las actividades donde lo privado ha aumentado más, como transporte, restaurantes y bares, comercio artesano al turismo. Ninguna de estas actividades ofrece perspectivas razonables para apostar con capital a medio y largo plazo. La pandemia lo ha confirmado con creces. Las remesas que reciben las familias se destinan a subsistencia, en la mayoría de los casos. No dan para más, dedicarlas a inversión es imposible.

En cuarto lugar, un asunto no menos importante, sobre el origen de la financiación. Es algo que ocurre a los grandes inversores extranjeros: el sistema bancario cubano, controlado y de titularidad estatal, se encuentra muy atrasado y no es capaz de articular un sistema financiero que de respaldo al capital foráneo. Arriesgar capital propio sin contraparte, tiene poco sentido, incluso en Cuba.  

En quinto, la burocracia estatal asusta. Lo dicen los grandes inversores extranjeros atrapados en interminables negociaciones en las que siempre falta algún permiso o autorización. Y luego, cuando llega el momento de repatriar los beneficios obtenidos a las casas matrices, toca esperar a que el Banco Central tenga divisas para hacerlo, y eso puede ser cuestión de tiempo, de mucho tiempo. Si esto ocurre con los grandes inversores, qué podría esperar un pequeño inversor cubano residente en el exterior. Cualquier cosa, pero ninguna buena.

De modo que con el marco jurídico establecido por la Ley 118, el cubano residente en el exterior puede invertir en Cuba, pero la incertidumbre y los riesgos son excesivos, y no justifican el desembolso, ni acometer la aventura. Sin transformaciones estructurales en la economía, no conviene arriesgar capital en Cuba, ni siquiera en proyectos cuyo potencial se pueda estimar positivo en el horizonte de más largo plazo.   

En tales condiciones, si el Gobierno no mueve ficha para facilitar estas operaciones, el cubano residente en el exterior tendrá pocos incentivos, se diría que ninguno, para invertir en su país de origen. Ni se puede adaptar al modelo fijado por las autoridades, ni tampoco debe hacerlo, por cuanto ese procedimiento está más diseñado para grandes empresas multinacionales.

Tampoco parece que el modelo deba ir en la dirección de dedicar remesas a inversiones, teniendo en cuenta que esos fondos se destinan a actividades prioritarias de alimentación o vestido. De ese modo, el régimen cubano pierde la oportunidad que otros países como Ecuador, México o República Dominicana hacen con las remesas de sus nacionales, que es construir un capital privado en sectores inmobiliario y de bienes raíces.

Dicho en otros términos, el marco de la Ley 118 no sirve para el cubano residente en el exterior que quiera invertir en Cuba, por lo que al Gobierno no le cabe otro remedio, si quiere atraer ese capital, que reformar la norma o publicar una nueva en la que, por ejemplo, los costes de transacción se reduzcan al máximo para este tipo de operaciones más pequeñas. Como no parece que esto último sea posible, tan solo cabe esperar que algún día se apruebe la Ley de Empresas Cubanas y entonces, se verá si entre sus opciones, se aceptan estas inversiones como instrumento de apoyo y fomento.

Todo esto es relevante, más que nada para situar el problema en los términos justos y explorar posibles vías para la realización de esta actividad que resulten de interés tanto para los inversores como para el Gobierno cubano. Lo que está claro es que el modelo actual no sirve y, lejos de garantizar el flujo de proyectos de capital extranjero, ha provocado notables asimetrías y distorsiones que no han beneficiado a la economía en términos de producción y empleo.

Un buen ejemplo sería aprovechar el momento actual, en el que muchas empresas creadas por los trabajadores por cuenta propia se encuentran al borde del cierre, para constituir un nuevo modelo que atraiga el capital de los cubanos residentes en el exterior hacia esos negocios. Incluso, con la autorización de 2.000 actividades para el trabajo por cuenta propia se podría ensayar alguna fórmula para el capital extranjero. Y yendo más lejos aún, la "fórmula Malmierca" para la exportación de los trabajadores por cuenta propia podría tener sentido si incorporase algún tipo de participación de capital en los negocios como forma de asegurar las operaciones comerciales.

Estas reformas aprovecharían las rendijas del modelo social comunista para abrir espacios a la libertad económica, que es condición necesaria pero no suficiente, para el desarrollo de las inversiones en cualquier economía. El Gobierno quiere captar el capital de los cubanos residentes en el extranjero y dirigirlos a pequeños proyectos de su interés. No hay libertad de elección para el cubano de dentro o de afuera. En tales condiciones, conviene preguntarse qué sentido tiene invertir en Cuba ahora.