La Fiscalía Provincial de La Habana estableció medida cautelar de prisión provisional para los activistas José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, quienes permanecían detenidos desde hace varios meses en Villa Marista, el cuartel general de la policía política en La Habana.
"Mi esposo ya llevaba en Villa Marista tres meses y una semana, y él me llamó... que ahora estaba en el Combinado del Este", dijo a Martí Noticias Suarmi Hernández Vilar la esposa de Pompa López.
"Con él se encuentra Lázaro Mendoza, con el delito que le están achacando a ellos, 'propaganda contra el orden constitucional', por un video que salen ellos tirando proclamas y que nunca subió a las redes, solamente lo tenía ahí en la computadora. Con él aparece Lázaro", contó.
A pesar de la aprobación de la Ley de Ejecución Penal que supuestamente fortalece la presunción de inocencia, juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas,
José Antonio Pompa fue arrestado cerca de su casa en La Habana Vieja, el 26 de abril, y Lázaro Mendoza, un mes y medio más tarde, a mediados de junio, cuando se presentó a una citación en Villa Marista.
Ni las autoridades policiales ni las judiciales han entregado documento alguno a los dos procesados.
Presuntamente, por la misma causa, está en prisión provisional Daniel Alfaro, detenido desde el 13 de marzo. Los tres están sometidos a un proceso de investigación penal bajo el cargo de "otros delitos contra la seguridad del Estado, que incluye el de "propaganda contra el orden constitucional".
El nuevo Código Penal sanciona por "propaganda contra el orden constitucional", a entre tres y diez años de privación de libertad a todo aquel que "incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista", ya sea de forma oral o escrita.
Según familiares y amigos de los activistas, en el proceso de investigación buscan pruebas de filiación al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero.
El abogado independiente Julio Ferrer dijo sobre la Ley de Ejecución Penal que mantiene "a la Fiscalía como la autoridad no colegiada, no imparcial, y parte con interés directo en el proceso penal, la facultada para imponer en la fase preparatoria a su contraparte, el acusado, la más gravosa de las medidas cautelares: la prisión provisional. Esta normativa, al igual que la ley anterior, no garantiza a los ciudadanos pleno acceso a una justicia efectiva".
Se cagan en el habeas corpus, by the way solicitamos fe de vida del ministro Alejandro Gil.