La organización Justicia 11J, dedicada al seguimiento y denuncia de las detenciones por motivos políticos en Cuba, publicó recientemente un informe referido a los actos de violencia contra familiares de presos políticos. Entre el 1 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2024, la organización registró al menos 250 eventos de este tipo y, de ellos, 235 corresponden a los patrones del hostigamiento y la represión.
Con los datos disponible y luego de conversar con más de 80 víctimas, Justicia 11J identificó "la prevalencia de incidentes de violencia, el comportamiento de la Seguridad del Estado como agente principal de la victimización, la tendencia hacia la prevalencia de las mujeres en el rol de cuidadoras, la práctica de la violencia contra grupos vulnerables, así como la proporcionalidad en la búsqueda de la justicia, entre comunidades donde residen más familiares hostigados, a la vez que más personas presas políticas".
Del total de eventos, en 162 de ellos la entidad represora fue la Seguridad del Estado y en 105 fue la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), mientras que, en 65 de estos incidentes, "los agentes comisores de las infracciones pertenecen a otras instituciones como el sistema penitenciario, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), civiles a nombre del Estado, el sistema educativo, el sistema judicial, entre otros", refirió Justicia 11J y aclaró que, como ya es costumbre en el sistema represivo cubano, "en un mismo evento puede haber más de una institución implicada".
Según los miembros de la organización, dichos incidentes de hostigamiento incluyeron "diferentes variantes de acoso, limitaciones a la comunicación, obstáculos a la visita, regulaciones de la salida del país, citaciones a interrogatorios, descréditos, amenazas, sitios policiales, detenciones, violencia física y represión a protestas, así como salidas al exilio e inicios de huelgas de hambre como vía para reclamar la libertad de los seres queridos".
"Hemos observado una mayor concentración de familiares víctimas en el municipio Arroyo Naranjo (La Habana), lo cual pudiese apuntar hacia una proporcionalidad en la búsqueda de la justicia pues, de acuerdo con los registros de Justicia 11J, Arroyo Naranjo es el municipio de Cuba que concentra la mayor cantidad de personas privadas de libertad por razones políticas, en relación con las masivas protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio La Güinera", agregó el informe.
La organización destacó, asimismo, que existen "patrones de diferenciación en la represión contra mujeres basados en el abuso del poder machista y patriarcal, que rebasa los objetivos de intimidar y coaccionar en relación con posicionamientos políticos, y pretenden ejercer la intimidación y el control en relación con el género".
Justicia 11J recomendó, a la sociedad civil cubana, "crear redes de apoyo y solidaridad para las familias afectadas, y brindar acompañamiento en las esferas necesarias". Así como "promover la denuncia de violaciones de derechos humanos y actos de represión contra las familias de las personas privadas de libertad por razones políticas y sus seres queridos en prisión".
Además, la organización pidió a la comunidad internacional que condene "pública y enérgicamente las violaciones de derechos humanos cometidas contra los familiares de personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba".
Igualmente, demandó apoyo en su exigencia a los regímenes de Cuba y Nicaragua para el "cese de la discriminación de viajeros cubanos por motivos políticos, y el respeto de los derechos humanos, refrendados en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 'toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales'".
Actualmente, más de 650 cubanos continúan presos por las protestas antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de 2021 en más de 50 ciudades y localidades de la Isla. En total, más de 1.100 ciudadanos de la Isla están encarcelados por motivos políticos.
