Justicia 11J denuncia 'castigos' contra presos políticos, principalmente mujeres

El grupo de detenciones por motivos políticos Justicia 11J hizo este lunes un llamado de atención sobre la situación de varias presas políticas. En su informe correspondiente a marzo y abril, publicado en su perfil de Facebook, solicita al Estado para que proteja la integridad física, mental y emocional de las personas bajo su custodia y sus familiares. 

Menciona de manera especial a Lizandra Góngora, Brenda Díaz, Aniette González, Ienelis Delgado, Leidyana Cazañas, Mariuska Díaz, Sulmira Martínez, Marisol Peña Cobas y su hija Katherine (7 años), y Beatriz Conde Mesa, madre del manifestante del 11J Abel Lázaro Machado Conde.

En su informe, la organización denuncia que "la hostilidad contra activistas y opositores cubanos ha sido intensa" durante el mes de marzo y lo que va de abril. Se trata de un periodo en el que además de reportarse "múltiples detenciones de corta duración" hay "privaciones de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar e instrucción de cargos a siete opositores al régimen". 

Recoge varios de los eventos que más le han preocupado y en los que la Seguridad del Estado y oficiales de prisiones han arremetido contra las mujeres.

Lizandra Góngora, madre de cinco hijos, fue trasladada a la cárcel de mujeres de la Isla de la Juventud a más de 160 kilómetros de su familia. El cambió llegó una semana después que Góngora y otras nueve mujeres presas políticas del 11J redactaran en prisión una carta y la firmaran con sus huellas dactilares en sangre. La misiva tenía como objetivo pedir al gobernante Miguel Díaz-Canel que acatara la petición del papa Francisco de conceder la libertad a los manifestantes de julio.

"Como parte de las respuestas a este grito de auxilio y libertad, se les prohibió temporalmente el uso del papel y la redacción de cartas a todas las mujeres de la prisión", informa el documento elaborado por Justicia 11J. Además, explica que esto "fue utilizado por las autoridades" del penal para buscar enfrentamientos entre las reclusas al señalarlas como las "responsables" del castigo.

También recoge que Brenda Díaz, manifestante trans que fue sentenciada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, fue "castigada" con la celebración de un nuevo juicio el pasado 14 de abril. Según el testimonio de su madre, Ana María García, a finales de febrero su hija fue golpeada en la prisión y trasladada a celda de castigo por 15 días por defender a un recluso que "había sido ofendido por su orientación sexual". 

A la lista de al menos 71 mujeres presas políticas en Cuba se sumaron en este periodo otras tres. Aniette González García y Ienelis Delgado Cué (conocida en redes como Mambisa Agramontina), en Camagüey, y la joven madre Leidyana Cazañas Amador, en Matanzas. Las camagüeyanas ya fueron instruidas de cargo y se les acusa, a la primera de "ultraje a los símbolos de la patria", y a la segunda por "desacato a la autoridad". 

Cazañas Amador aún está a la espera de recibir su medida cautelar en "el técnico de la Seguridad del Estado", acusada hasta el momento de provocar una supuesta quema de árboles frutales de la zona que reside.

Justicia 11J considera también un castigo contra Sulmira Martínez Pérez (Salem, en redes sociales) "la forma de autoinculpación forzada orquestada por la Seguridad del Estado" para arrancarle una confesión.

Hace especial observación sobre el caso de la hija de la opositara camagüeyana Marisol Peña tras el incidente de la pasada semana,  cuando la niña, de tan solo siete años, fue citada a un interrogatorio con oficiales del Ministerio del Interior. 

"La menor fue entrevistada en la mañana del jueves 13 por funcionarios de la Oficina de Atención a Menores de su provincia, como parte de un proceso que busca separar a madre e hija, una vez que Marisol ha manifestado públicamente su oposición a que su hija sea adoctrinada en la escuela a la que asiste", relatan las activistas en el informe. 

Señalan que la menor fue traslada en una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que el interrogatorio tuvo lugar en una prisión de menores en Camagüey y que este ocurrió en ausencia de la tutora legal de la niña.

El informe resalta "la extrema situación de vulnerabilidad" que viven el joven manifestante Abel Lázaro Machado Conde y su madre Beatriz Conde Mesa, "ambos pacientes de psiquiatría". Explica que aunque Machado Conde fue condenado a 9 años de privación de libertad, ahora le han abierto "un nuevo proceso" penal por el delito de "resistencia", tras una golpiza brutal que recibió en la Prisión de Quivicán el pasado 15 de marzo.

El reporte detalla que la golpiza se produjo luego de que quisieran trasladarlo a una compañía "de la que ya había sido sacado por autoridades superiores" porque allí había tenido varios problemas. Indica que la madre del preso presentó "quejas ante instancias del gobierno" por el abuso contra su hijo pero que aún no ha obtenido respuesta. "Abel Lázaro no recibe la medicación que necesita, ha iniciado huelgas de hambre, y él y su madre han anunciado sus suicidios. Entre el 1 de marzo y la fecha, hemos documentado 14 incidentes en relación con madre e hijo", señala el informe. 

Al finalizar el informe, Justicia 11J hace "un llamado de atención ante la opinión pública internacional" sobre los casos que han resaltado y agrega:  "Solicitamos apoyo en la visibilización de estas historias y circunstancias, así como en el reclamo al Estado cubano en relación con el cumplimiento a protocolos, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, que garanticen la seguridad física, mental y emocional de las personas bajo su custodia y sus familiares".

Justicia 11J es una de las organizaciones de la sociedad civil cubana que denunciaron este mes al régimen ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de cara al próximo Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido el Estado cubano. Este es un mecanismo que permite revisar el estado de los derechos humanos en los países miembros de la ONU.