A pocas horas del tercer aniversario del estallido social del 11 de julio de 2021, la escalada represiva del régimen de Cuba se incrementa, con acciones de hostigamiento, amenazas y persecución contra activistas, miembros de la sociedad civil y periodistas independientes.
El martes 9 de julio, el laico católico Dagoberto Valdés Hernández, director del independiente Centro de Estudios Convivencia, de Pinar del Río, denunció haber recibido de parte del jefe de sector de la Policía una citación para el día siguiente en la sede del Departamento Técnico de Investigaciones de la Seguridad del Estado en el territorio occidental.
"Le pregunté qué pasaba, cuál era el motivo, a lo que respondió que allí me atendería un oficial. Advirtió que si no me presentaba, incurriría en desacato", denunció Valdés Hernández en su muro de Facebook.
El activista señaló que en las últimas semanas se ha arreciado el hostigamiento en su contra, y enumeró las acciones del aparato represivo: "El mayor Ernesto, de la Seguridad del Estado, me visitó en mi casa el lunes 24 de junio de 2024 para advertirme que no debía salir los días 11 y 12 de julio".
"El miércoles 3 de julio, el mismo oficial me llamó por teléfono para decirme que había estado por mi casa, pero no había nadie", finalizó.
También el escritor y crítico de arte Raymar Aguado Hernández denunció el martes que una oficial de la Policía que se presentó como Annette Rosales, "otra jefa de este sector", le entregó una cédula de citación del Ministerio del Interior para el miércoles a las 4:00AM "ante el actuante primer teniente Yanaisi (apellido ilegible) Q. —quien también es jefe de sector del área, según el documento— en el Consejo Cayo Hueso, sito en calle Infanta #55 esquina a Espada y 25. ¿Propósito? Dice que 'Entrevista'", denunció en su perfil de Facebook.
"Esta vez la cita de la Contrainteligencia no me toma por sorpresa, perdió el tufillo novelesco. Hace unos días, el que se hace llamar primer teniente Rogelio me puso sobre aviso con una inoportuna llamada que también interrumpió un necesario sueño vespertino. En ese momento me dijo que 'se le quedaron cosas por decirme'. ¡Vaya confesión de un oficial del Departamento de Seguridad del Estado!", ironizó.
"En el último mes he recibido un acoso sostenido por parte de los órganos represivos del Estado cubano. No sé qué buscan, no sé qué intentan, pero a mí no me intimidan. ¿Con esta, cuántas veces lo he dicho? Parece que no las necesarias", agregó.
Aguado, quien es estudiante del Centro de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela y ejerce como crítico de arte para los medios independientes Rialta Magazine e Hypermedia, señaló que "como he expuesto con anterioridad, me presento a este tipo de formas represivas con máscaras de 'entrevista' por la tranquilidad de mis sexagenarios padres, no porque reconozca estos procesos arbitrarios que buscan cooptar el pensamiento crítico y frontal que se opone al poder político".
También la periodista independiente Yunia Figueredo, residente en La Habana, denunció vigilancia permanente en su lugar de residencia, al publicar una foto del agente de civil que monta guardia frente a su vivienda.
"Lo logré, en la esquina de mi casa. Miren la cara. Tercer día de vigilancia. Lo tomé de imprevisto", escribió en su publicación en Facebook ilustrada con la instantánea.
El pasado 5 de julio, la Seguridad del Estado arrestó al periodista independiente José Luis Tan Estrada en Camagüey, mientras se encontraba en el parque Ignacio Agramonte de esa ciudad, para liberarlo horas después con una advertencia donde se le prohíbe salir el día 11 de julio de su casa.
"De hacer lo contrario, sería procesado por el delito de desacato y llevado a los tribunales", indicó la activista Yamilka Lafita al hacer la denuncia.
El arresto exprés del reportero marcó el arranque de una nueva oleada represiva en Cuba. Previo a la celebración de fechas y reuniones oficiales, o durante jornadas como las del Día de los Derechos Humanos, el aniversario de las manifestaciones del 5 de agosto de 1994, conocido como "Maleconazo", y el inminente tercer aniversario del estallido social del 11 y 12 de julio, esta clase de acciones de hostigamiento se disparan.
Aparte de citar, arrestar y amenazar a activistas, opositores y periodistas independientes, la Seguridad del Estado opta durante estas fechas por sitiar a personas en sus viviendas y cortarles el servicio de datos en sus teléfonos para impedir su visibilidad y como una manera de imponerles sus tácticas de intimidación.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en el primer semestre de 2024 se produjeron al menos 1.932 acciones represivas contra la población civil en la Isla, entre ellas 488 detenciones arbitrarias y 462 retenciones ilegales en viviendas.
La primera mitad del año estuvo caracterizada por detenciones ilegales; abusos contra presos políticos y sus familiares; sitios ilegales de viviendas; amenazas; citaciones policiales; hostigamientos; multas; juicios y condenas, así como violaciones de derechos religiosos, entre otras formas de represión, indicó la ONG con sede en Madrid.
La oposición pacífica está logrando, sin querer hacerlo, uno de los sabotajes económicos más grandes en estos 65 años. Los innumerables recursos económicos que tiene que desplegar el régimen, para mantener 24/7 una vigilancia constante y sitiando a los opositores ( salarios, combustible, transporte, alimentos, etc) no son comparables a la bomba más efectiva en un punto estratégico.
¿Otra escalada represiva para la fecha
de Julio 28? 🤔.