El Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) permite revisar el estado de los derechos humanos en los países que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU). El cuarto ciclo del examen inició en noviembre de 2022 y, a lo largo de cuatro años y medio, evaluará el historial de cada Estado miembro de la ONU en la materia. En la 44ª sesión del Consejo, que se celebrará desde este lunes 6 hasta el 17 de noviembre, se evaluarán 14 países, entre ellos Canadá, Colombia, Alemania, Rusia, Turkmenistán y Cuba.
Se trata de un proceso en el que cada uno de estos países podría mejorar su historial en materia de derechos humanos. Algunos de ellos realizarán verdaderos esfuerzos para hacerlo. Habrá gobiernos que pasarán por la revisión sin muchas perspectivas de cambio; otros, como el régimen cubano, tratarán de presentarse como defensores de los derechos humanos cuando la realidad es que cometen sistemáticamente violaciones generalizadas.
El EPU se basa en tres documentos: el informe nacional del Estado examinado; la compilación de información por parte de la ONU, que contiene los informes de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, así como las presentaciones escritas de los equipos de país de las entidades de la ONU; y, por último, el resumen de las presentaciones escritas de otros actores interesados, que contiene información de las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos regionales de derechos humanos.
En todos los casos, las presentaciones deben contener información creíble y fiable sobre la situación de los derechos humanos en el Estado examinado, que destaquen las principales preocupaciones en materia de derechos humanos, las mejores prácticas y las recomendaciones al respecto, y abarquen el período transcurrido desde el último examen, de 2018 en el caso de Cuba.
El régimen cubano suele llevar a su escrutinio el aval de decenas de organizaciones que controla y presenta como parte de la sociedad civil. Pero también están en el EPU los grupos independientes que exponen las mentiras de la propaganda oficial.
En 2020 La Habana pasó una evaluación de medio término del EPU. En ese momento no había cumplido con al menos siete de los compromisos adquiridos con el CDH en 2018, según denunciaron entonces la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
En un informe enviado a las representaciones de los Estados con delegaciones ante Naciones Unidas en Ginebra, las agrupaciones indicaron que el Gobierno cubano sigue sin respetar, entre otros, los derechos de acceso a la información, a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
En el segundo ciclo del EPU (2013) La Habana recibió 292 recomendaciones y de estas aceptó 226. En 2018 se le presentaron 339 recomendaciones y aceptó también 226. Mientras el número de recomendaciones ha ido incrementándose, el porcentaje de aceptación del Estado cubano se ha ido reduciendo. Del 79% de aceptación a las recomendaciones recibidas en 2013, pasó al 67% de aceptación de las recomendaciones en 2018.
A este nuevo escrutinio La Habana llega con más deudas. Son muchas las recomendaciones del proceso anterior que ha dejado de cumplir o directamente ha evadido. Varias de estas cuestiones resultan medulares en materia de derechos humanos. La justificación manifestada por La Habana es que algunas resultan lesivas a la soberanía. Otras, dice estar cumpliéndolas, pero no de manera estricta.
Ausencia de compromiso con los derechos humanos
A pesar de que ha suscrito algunas convenciones, el régimen cubano luego deja de aceptarlas a conveniencia.
La Habana no ha firmado ni ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ello impide investigaciones sobre estas cuestiones dentro del sistema carcelario y centros de interrogatorio policial. Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por consiguiente, desconoce sus dos protocolos facultativos, y esto impide que se reconozca la libertad de pensamiento político, la libertad de partidos y el ejercicio seguro de derechos de esta naturaleza como los de expresión, reunión y manifestación/protesta, legitimándose la criminalización de estos.
El Gobierno cubano, que lucra con la venta de servicios profesionales, mientras las condiciones de los especialistas que exporta han sido denunciadas en organismos internacionales como las propias Naciones Unidas, no ha ratificado el Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso (1930) de la Organización Internacional del Trabajo. Por esta razón, Cuba aparece junto a China y Corea del Norte como líderes en prácticas de trabajo forzoso.
El régimen tampoco ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. El número de delitos con este tipo de sanción ha aumentado en el nuevo Código Penal cubano en relación con el anterior. La Habana tampoco ha vuelto a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que impide que se investiguen a fondo los actos discriminatorios de toda índole contra la mujer por razones políticas, afectándole derechos fundamentales como el de acceso a formas de empleo y la inclusión plena en la sociedad. El activismo feminista independiente sufre persecución en Cuba y mujeres activistas son reprimidas por intentar inmiscuirse en asuntos políticos.
Igualmente, La Habana no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, lo cual impidió que el Comité sobre los Derechos del Niño investigara el maltrato y la represión penal desatada contra menores de 18 años de edad manifestantes del 11J. Decenas de ellos continúan cumpliendo penas severas y arbitrarias de privación de libertad en cárceles no aptas para su edad, negándosele seguidamente cualquier derecho o beneficio de excarcelación. Igualmente, el régimen impide la armonización de las leyes nacionales, incluida la justicia penal, con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y el resto de sus protocolos.
